Emilio Martínez Cardona,
En Argentina, desde el arribo de Sergio Massa al Superministerio de Economía hace nueve meses, se habla con frecuencia del “Plan Llegar”: la batería de medidas puestas en marcha por el político peronista para que la administración Fernández-Fernández llegue a las elecciones nacionales de este año, evitando un salto a la hiperinflación y en condiciones de perder por menos, ya que la victoria de su alianza es prácticamente imposible.
Claro que las cosas no han estado saliendo como se esperaba y en vez de la desaceleración gradual del proceso inflacionario se está dando lo contrario, llegando a una inflación interanual del 108%. De ahí que surjan voces en el vecino país, para que se adelanten las elecciones o al menos el traspaso del poder después de los comicios, como sucediera en 1989 con la transición Alfonsín-Menem.
El “Plan Llegar” no supone ninguna transformación de fondo en el esquema estatista instalado por el kirchnerismo, sino una simple sucesión de maniobras tácticas de corto plazo, para conseguir divisas a través de créditos externos o de incentivos a la liquidación de exportaciones, que permitan sostener el abultado gasto público por unos meses más.
De alguna manera, en Bolivia la administración de Luis Arce también está implementando un “Plan Llegar”, de cara a las elecciones del 2025. Como en Argentina, no se trata de modificar las bases del “modelo social-comunitario”, sino de ir gestionando una fuente de ingresos aquí y otra allá, de manera que cualquier cambio importante y doloroso quede postergado para el 2026, después del ciclo electoral nacional y autonómico. Medidas como una eventual supresión, total o parcial, del subsidio al precio interno de los combustibles, o como una reducción significativa de la plantilla estatal.
En el caso boliviano, las maniobras cortoplacistas incluyen la captura de buena parte de las exportaciones de oro, algo que por el momento se plantea como “optativo”, dado que los cooperativistas auríferos son parte de la alianza gubernamental, pero que posteriormente puede irse volviendo cada vez más coercitivo, vía decretos o resoluciones administrativas.
El manejo total de los fondos previsionales por el Estado (que ya condicionaba a las AFPs a la compra de bonos públicos desde hace años) sería otra de las herramientas financieras diseñadas para arribar al momento electoral, evitando el colapso inmediato pero a costa del futuro, un tiempo que no suele ser de interés para el populismo.
La “yuanización” de la economía boliviana, bimonetaria desde hace mucho tiempo, también es parte del repertorio, más como un elemento retórico que como algo ampliamente aplicable.
Como en el ejemplo argentino, es muy probable que la realidad complique los planes de aterrizaje suave y que lo que tengamos de aquí al 2025-2026 sea una administración mediocre de la crisis, con un deterioro paulatino pero sostenido de las variables económicas.