SALVADOR DE BAHIA.-La Comisión Parlamentaria de Inquisición (CPI) del MST (Movimiento Sin Tierra) se instaló la semana pasada y el plan de trabajo fue presentado el martes 23 de mayo. El plan de trabajo se centra en investigar las denuncias, identificando a los organizadores y financiadores de las invasiones. La CPI también realizará visitas técnicas y diligencias debidas en los estados afectados por invasores de tierras.
La Confederación Nacional de Agricultura (CNA) registró que hubo 56 invasiones en 10 estados; Bahía (que está gobernada por el PT desde 2007) registró 17 invasiones entre enero y abril de 2023. Y en estos 4 meses del PT, los números se acercan a los 4 años del gobierno de Bolsonaro, que llegó a 64 invasiones en total.
La CPI del MST está integrada por 27 diputados titulares y 27 suplentes. El protagonismo de la comisión debe recaer en el Presidente de la Comisión que es el Teniente Coronel Zucco (Republicanos-RS) y en el relator que es el diputado federal Ricardo Salles (PL-SP). Ambos están en la oposición al gobierno.
Hablamos con el productor rural y fundador de “Productores Rurales por la Libertad”, André Pirajá. En entrevista exclusiva con DIARIO DE LAS AMÉRICAS, Pirajá afirmó que considera al propio Estado el mayor financiador de las invasiones de tierras y que existe una política partidaria que garantiza, a través de las invasiones, la posibilidad de adquirir tierras productivas. El productor rural también nos explicó que si bien hay un texto en la Constitución que garantiza la propiedad privada, hay decisiones judiciales inusuales que en la práctica posibilitan la invasión de tierras. Esta esquizofrenia jurídica ayuda precisamente a quienes invaden la propiedad privada ajena utilizando eufemismos lingüísticos (como «ocupación» sustituyendo «invasión») y movimientos sociales que ganan mediante la extorsión a los hacendados rurales.
Otro punto que debe ser investigado, según Pirajá, es el apoyo del gobierno de Lula al MST. Durante la campaña y en toda su historia, el movimiento fue un gran partidario del presidente Lula. Recientemente, tras la presión del movimiento social, el gobierno cambió a 7 nuevos jefes del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), según un reportaje del diario Estado de São Paulo. Esta hipótesis de financiamiento gubernamental cobra aún más fuerza cuando el Movimiento logra imponer a sus miembros en áreas clave de la burocracia estatal.
La instalación del CPI comenzó de manera tumultuosa y con acusaciones mutuas entre oficialistas y opositores.
Los oficialistas dirigieron sus críticas contra los principales miembros de la CPI. El teniente coronel Zucco, del partido Republicanos-RS, es investigado por la Policía Federal bajo sospecha de alentar “actos antidemocráticos” tras la derrota del expresidente Jair Bolsonaro en elecciones pasadas. Este tipo de acusación ha sido muy común en Brasil para cualquiera que critique al PT y al Tribunal Supremo de Brasil. Y con una coincidencia sumamente sospechosa, el ministro Alexandre de Moraes, del STF, autorizó a la Policía Federal a investigar la posible participación del teniente coronel adjunto Zucco, del partido Republicanos-RS, en actos antidemocráticos. Vale recordar que, aunque es ministro del STF, es un acérrimo opositor de la derecha brasileña y ha sido un juez que actúa sólo a favor de un bando político.
Durante la sesión, la diputada de extrema izquierda Sâmia Bomfim, del PSOL-SP, acusó al diputado Ricardo Sales de delitos ambientales.
Por el lado de la oposición, el foco estaba puesto en comentar los crímenes cometidos por el Movimiento Sin Tierra. El diputado Capitão Alden (PL-BA) expresó: “Tenemos informes que llegan aquí cada hora y cada momento que mostrarán la verdadera faceta de lo que es este movimiento, un movimiento terrorista. Y lo mostraremos”.
En la misma línea argumental, la diputada Caroline de Toni (PL-SC) defendió el plan de trabajo de Ricardo Salles, explicando que efectivamente hubo un aumento en el número de invasiones de tierras en Brasil:
Hay una desviación de propósito en el movimiento, con irregularidades y delitos, porque son delitos el despojo posesorio y la invasión de tierras, independientemente de que sea productiva o no, porque la Constitución protege el derecho a la propiedad.
Esta investigación tiene todo para ser un gran dolor de cabeza para el gobierno de Lula da Silva.