MIAMI — Varios grupos defensores de los derechos civiles interpusieron el lunes una demanda federal para impugnar la nueva ley de inmigración de Florida.
El Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council incoaron la demanda en un tribunal federal de Miami en contra del gobernador de Florida Ron DeSantis, la fiscal general del estado Ashley Moody, y el fiscal estatal Nicholas B. Cox a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y otros grupos, según registros de la corte.
La iniciativa que el gobernador DeSantis promulgó en mayo refuerza el programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes sin estatus legal permanente, que ocasiona enormes gastos al estado y deben ser cubiertos con fondos de los contribuyentes.
También expande los requerimientos para que los negocios con más de 25 empleados utilicen E-Verify, un sistema federal que determina si las personas pueden trabajar legalmente en Estados Unidos. Otras disposiciones requieren que los hospitales que aceptan el seguro de salud Medicaid incluyan una pregunta sobre la nacionalidad en las formas para el ingreso.
La demanda se enfoca específicamente en las disposiciones que penalizan el traslado a Florida de individuos que podrían haber ingresado al país de forma ilícita y que desde entonces no han sido “inspeccionados” por el gobierno federal. En su denuncia los demandantes alegan supuesta inconstitucionalidad que un estado regule de forma unilateral la inmigración federal y castigue penalmente a las personas sin previo aviso. También dice que el uso por parte de Florida del término “inspección” no es coherente y es inconstitucionalmente ambiguo.
El gobernador ha ordenado el despliegue de elementos de la Guardia Nacional de Florida hacia Texas para labores de seguridad fronteriza, y ordenó al estado cubrir el costo de los vuelos alquilados que llevaron a migrantes desde Texas hacia otras partes del país.
Florida es uno de los estados con mayor número de inmigrantes indocumentados y ocupa el primer lugar con casos atascados en los tribunales de inmigración, seguido de Texas.
La oficina del gobernador no respondió de inmediato el lunes a un mensaje solicitándole sus comentarios sobre la demanda. Un portavoz de la oficina de DeSantis ha dicho previamente que la nueva ley se enfoca en la inmigración ilegal, y no en aquellos que están legalmente en Estados Unidos.