Vladimiro Mujica,
Hasta última hora se tejieron todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de que María Corina Machado acudiera al TSJ para que se “revisara su inhabilitación” -las comillas son apropiadas en este caso porque la supuesta inhabilitación impuesta por un funcionario menor de la Contraloría viola todas las normas constitucionales- en los términos que lo explicitaba una oferta sibilina del gobierno de Maduro, en el marco del Acuerdo de Barbados, transmitida a través del Reino de Noruega, mediador del acuerdo, y confirmada por el jefe de la Delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde. La oferta del régimen pretendía generar una situación imposible a MCM, según la cual si acudía al TSJ caía en la trampa mortal de una institución sin independencia, y, si no acudía se apartaba del Acuerdo de Barbados y perdía la protección de este instrumento y sus garantes internacionales. Ambas posiciones tenían sus defensores, incluso entre la gente que apoya a MCM.
Debo confesar que fui gratamente sorprendido por la sabiduría jurídica y política, y la extraordinaria selección del momento de presentarse al TSJ, y por el hecho de que la noticia se conoció a través de un post en la red social X de la Embajada de Estados Unidos. En esencia, la decisión de MCM de acudir al tribunal y sortear el argumento de la trampa constitucional al no admitir que se encontraba inhabilitada, pone la pelota bruscamente en la cancha del gobierno, que ahora tendrá que plantearse el escalamiento de sus acciones para desviar a la oposición de la ruta electoral, y que nuevamente siente la presión de los garantes del Acuerdo de Barbados.
La estrategia seguida por el régimen es extremadamente retorcida y revela una inteligencia y astucia considerables para el ejercicio del mal, que bajo ningún respecto debe ser subestimada. Es una desafortunada tendencia recurrente dentro de nuestra gente el despachar el gobierno de Maduro como incompetente y lleno de gente sin preparación. La verdad es que se trata de un régimen muy eficaz y lleno de recursos de inteligencia y análisis estratégico, en buena medida respaldados por los cubanos, para cumplir su fin esencial: mantenerse en el poder a todo evento, incluso si ello acarrea la ruina y pobreza de la nación. Frente a un gobierno que adelanta literalmente una guerra contra su propio pueblo, es imposible pedirle a MCM y al liderazgo que la acompaña que actúen anunciando públicamente todas sus acciones y que con ello alerte prematuramente a los adversarios de la nación venezolana. Una cosa es exigir sinceridad de propósitos y honestidad ciudadana a la candidata, lo cual es absolutamente legítimo. Otra, muy distinta, es olvidar que nos encontramos literalmente en una situación de guerra por restablecer la vigencia de nuestra Constitución en medio de una situación en la que no se cumplen ninguna de las condiciones de un país en democracia. Si hicieran falta ejemplos concretos, baste con anotar la escalada de represión contra dirigentes de la sociedad civil y del partido Vente, que se expresan en la arbitraria y humillante detención de Roberto Abdul. Ello en materia de represión, pero no hay que olvidar que el gobierno juega en un tablero múltiple donde el Acuerdo de Barbados, el conflicto con Guyana y la arena geopolítica internacional son fichas que mover sin vacilación en defensa de sus intereses.
Así las cosas, estamos ante un nuevo capítulo de lo que significa la frase “hasta el final” que ha repetido MCM en numerosas oportunidades para referirse a los términos de su candidatura y ejercicio del liderazgo que le otorgó el soberano en la primaria. Hemos escuchado con frecuencia referencias a que es necesario un mecanismo de sucesión porque el gobierno no permitirá que MCM sea candidata en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Debemos tener claridad meridiana en que cualquier intento de promover una sucesión en esta etapa de la guerra por la democracia es no solamente jugar a los intereses aviesos del gobierno, sino desconocer la voluntad popular, algo a lo que ningún dirigente político o de la sociedad civil tiene derecho. Entre muchas interpretaciones de lo que “hasta el final” significa, hay una que me resulta especialmente atractiva: hay que obligar al gobierno a que enfrente el dilema terminal de permitir elecciones justas y democráticas, o violentar todos los espacios posibles y exponerse frente a su propio pueblo y la comunidad internacional como un régimen autoritario que se mantiene por la fuerza en el poder. Ya veremos entonces cómo reaccionan frente a un ejercicio de resistencia civil constitucional y presión internacional. Será entonces el momento de cambiar minúsculas por mayúsculas: de “hasta el final” a “hasta El Final”.