Tanto el chavismo con el castrismo parecen querer repetir sus libretos en la marcha anunciada por piqueteros contra el gobierno de Javier Milei este 20 de diciembre. En la Casa Rosada y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como la encargada del protocolo para prohibir los cortes de calles, se preparan para poner en práctica medidas que no se habían visto en Argentina durante años: evitar que dichos militantes generen caos o violen el derecho al libre tránsito de quienes circulen por la capital del país, donde está convocada la protesta.
El probable propósito de las tiranías de Cuba y Venezuela se puso sobre la mesa durante una entrevista con la ministra cuando el periodista Eduardo Feinmann, citando presunta “información reservada en poder de la Administración de Milei”, le preguntó sobre el conocimiento que podría tener el Gobierno argentino en cuanto a la posible presencia “de agitadores cubanos y venezolanos dispuestos a ayudar con el vandalismo”. Bullrich prefirió no ahondar en el tema porque “son actuaciones que van dentro del protocolo que no permite dar esa información”. Sin embargo, no lo negó y agregó que “se está trabajando” sobre esta inquietud.
Aunque no fue mucho lo que Bullrich reveló, en Argentina ya se habla sobre el modus operandi que se destapó en varios países de América Latina cuando supuestos estallidos sociales desestabilizaron a los gobiernos de turno que, casualmente, no eran de izquierda. Se trata de la participación del régimen venezolano comandado por Nicolás Maduro y de la dictadura cubana que hoy dirige Miguel Díaz-Canel en manifestaciones que se tornaron violentas.
No es un secreto que tanto en Venezuela como en Cuba se ha recurrido a los mal llamados “colectivos”, que son una especie de grupos paramilitares, para someter a la población, y sobran las evidencias de que este perverso modelo de represión se ha intentado exportar. El propio Diosdado Cabello, número dos del chavismo, se delató cuando en medio de los disturbios protagonizados por la izquierda en países como Ecuador, Chile y Colombia, señaló que se trataba de las “brisas bolivarianas” expandidas por América Latina.
Precedentes en la región
Corría el año 2019 cuando las protestas en Ecuador, en contra de las medidas económicas del entonces presidente Lenín Moreno, tambalearon al país. Fueron 11 días con las calles inundadas de violencia, que dejaron destrozos millonarios, ocho fallecidos y 1340 heridos, según la Defensoría del Pueblo. El mandatario fue enfático cuando reveló que recabaron pruebas “de gente de las FARC inmersa”. Tampoco dejó lugar a dudas “de que existen venezolanos enviados” por el chavismo. “Porque en esencia los indígenas no son violentos, ellos suelen manifestarse en paz, enérgicamente pero en paz, y a eso tienen derecho, de acuerdo a la Constitución”, dijo en ese entonces el mandatario ecuatoriano.
Un año después, en Colombia, los cuerpos de inteligencia identificaron a 29 venezolanos que tenían como objetivo “atentar contra opositores, espiar o realizar acciones de desestabilización”. Los documentos salieron a la luz junto al dato de que la mayoría pertenecía a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El denominador común, como mencionó El Tiempo, “es que todos tramitaron y obtuvieron la llamada tarjeta de movilidad fronteriza (TMF) que Colombia habilitó para venezolanos residentes en el país vecino y que permite su libre movilidad por las zonas de frontera”.
Para 2021, el estallido social de Colombia —contra el gobierno de Iván Duque— acaparó titulares, aupado por el entonces senador (hoy presidente) Gustavo Petro. Lenín Moreno, mandatario saliente de Ecuador, aseveró por esos días que el sistema de inteligencia de su país “detectó la injerencia política y económica por parte de Maduro”. Lo cual coincide con la amenaza del chavismo en 2019 respecto a que “lo que está ocurriendo en Ecuador, va para Colombia”.
Normas contra los cortes de vías y la coacción
Respecto a la movilización de piqueteros en Buenos Aires, otra medida remarcada por la Administración libertaria es que “los únicos que no cobrarán los planes son los que corten las calles”, dicho por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y adelantado por el propio Milei durante su discurso de asunción. Sumado a eso, las organizaciones sociales deberán asumir los costos de los operativos policiales en caso de que estas restrinjan la libre circulación.
Las normas mantienen en alerta a los dirigentes izquierdistas afectos al kirchnerismo y la prueba quedó demostrada días atrás cuando una marcha piquetera contra Milei se mantuvo sobre la vereda, sin interrumpir el tráfico. Aún así, no deja de llamar la atención la posible intención de las dictaduras de Cuba y Venezuela de desestabilizar el gobierno argentino en futuras protestas. Basta con revisar los precedentes en países vecinos para estar atentos ante el modus operandi que muestra la repetición de un libreto con sello “revolucionario”.
Adicionalmente, el Gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar a dirigentes que “amenacen” a beneficiarios de planes sociales para “obligarlos” a protestar. “Estará abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún dirigente, intermediario o puntero político, o alguien que los amanece con que si van a la marcha no se les va a quitar el plan”, dijo en rueda de prensa este martes el portavoz de Presidencia, Manuel Adorni.
No habrá embajadores en Cuba, Venezuela y Nicaragua
Por lo pronto, además del protocolo de seguridad para evitar que los piqueteros generen caos, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció la decisión de no designar embajadores ante las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, manteniéndose consecuente con su discurso, puesto que tampoco envió invitaciones a Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega para su toma de posesión.