CARACAS.- La Asamblea Nacional (AN) chavista anunció que iniciará este viernes la consulta pública de un cuestionado proyecto de ley para fiscalizar y regular el funcionamiento de las ONG en el país y que es ampliamente rechazado por estas organizaciones que consideran que profundizará el autoritarismo en la nación sudamericana.
Así lo informó el presidente de la AN ilegítima, Jorge Rodríguez, que llamó al resto de legisladores a que se sumen al proceso de consulta del «instrumento legal» que ya fue aprobado en primera discusión el 23 de enero de 2023.
“Quiero informar y ordenar, a las honorables diputadas y diputados, que se sumen al proceso de consulta que inicia el próximo viernes, de la ley ya aprobada en primera discusión”, dijo Rodríguez en la sesión de la AN chavista del pasado martes.
El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines ha sido fuertemente criticado por las ONG que advierten que de ser aprobado y entrar en vigencia contribuiría al cierre del espacio cívico en Venezuela, además de que tiene el objetivo de «criminalizar» a las ONG, una medida similar aprobada por el régimen de Daniel Ortega.
De acuerdo al proyecto de ley, las ONG tendrán prohibido recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos, realizar actividades políticas, promover o permitir actuaciones que, según el régimen, atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
«Prohibir la realización de ‘actividades políticas’, e impedir ‘actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional’, son dos peligrosos conceptos que atentan contra los derechos a la asociación y participación», alertó la ONG Provea poco después de la aprobación del proyecto en primera discusión.
La normativa legal contempla multas de hasta $12.000 a las ONG que no se registren en el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, una entidad de «control». Asimismo, obliga a las ONG a declarar la identidad y procedencia de las donaciones que reciben.
Es «un acto inconstitucional, de extralimitación legal y grave quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales», declaró Provea. Y agregó que las autoridades de Venezuela profundizan «su política de criminalización, persecución y eventual suspensión e ilegalización de organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes».
Asimismo, alertó que el apoyo que brindan distintas organizaciones sociales, humanitarias y de derechos humanos en Venezuela se verá disminuido por los efectos de la ley.