El secuestro del militar venezolano Ronald Ojeda, que ocurrió la semana pasada en Santiago de Chile, confirmó que la seguridad interna de está bajo amenaza. Nadie sabe dónde está ni quienes con certeza lo raptaron de su domicilio. Mientras las sospechas apuntan a funcionarios de inteligencia del régimen chavista, el exdirector de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía en Chile, Luis Toledo, confirmó a PanAm Post que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) operan en el país, agravando la situación nacional.
“Existe información que en Chile hay exmilitares venezolanos o personas que están o estuvieron vinculadas a las fuerzas armadas de ese país, como también pertenecientes a las fuerzas guerrilleras colombianas. Esto, lógicamente, representa una amenaza para la seguridad interna, por su eventual involucramiento en actividades delictivas en Chile y por la facilidad para ocultar su identidad, ya que su corroboración con fuentes del país de origen es prácticamente imposible”, reveló Toledo.
En ese sentido, sostuvo que “la facilidad para adquirir documentos falsificados en países vecinos a Chile como Bolivia o sur del Perú” impide identificar a las personas que ingresan al territorio.
Las FARC sacaron provecho de ello. De acuerdo con Toledo, quien ahora está a cargo del Centro de Estudio en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad Sebastián, las autoridades manejan desde hace tres años indicios del arribo de insurgentes a Chile, periodo que coincide con una creciente migración irregular.
Bombardear de drogas a Chile como “hijoeputas”
Las escuchas telefónicas de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) apuntan a la presencia de los “emisarios del Cauca”. Así se denomina a los miembros de la Columna Móvil Dagoberto Ramos (CMDA) de las FARC, cual está vinculada al Clan del Golfo, que arribó al país con el objetivo de “bombardear como hijoeputas” de drogas al país cordillerano.
Su líder, el narcotraficante colombiano conocido como “Genaro” o “El Naro” se alió con cabecillas de otras cuatro agrupaciones, “La Jota”, “La Familia”, “Los Articuladores” y “La organización Andreotti” (la única liderada por un chileno), para comercializar la marihuana creepy de la CMDA.
Aunque está detenido, la PDI mantiene cooperación con la Agencia de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) a través del Memorando de Entendimiento y el programa eTrace del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), “una importante herramienta de investigación que rastrea el origen de las armas de fuego utilizadas en delitos violentos”, para desmovilizar a los guerrilleros y su negocio de estupefacientes.
Convenio policial que genera cada vez más dudas
La afinidad de las FARC con el régimen chavista aviva las posibilidades de una acción conjunta para secuestrar a Ojeda en Chile. Sin embargo, La Razón divulga que el convenio policial suscrito entre La Moneda y Miraflores en enero, para “promover y mejorar la relación en materia de colaboración entre Chile y Venezuela”, facilitó el rapto del teniente coronel acusado de traición a la patria.
¿Abusó Maduro del convenio o simplemente engañó a las autoridades chilenas con un falso acuerdo para avanzar a una persecución extraterritorial de sus adversarios? Las interrogantes deben acechar al subsecretario del Interior en Chile, Manuel Monsalve, quien tras reunirse en la capital venezolana con el chavismo apela a la prudencia en el transcurso del cautiverio de Ojeda.
Las reuniones del alto funcionario de Boric con los líderes de las fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebín) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ahora plantean interrogantes.
La confirmación del secuestro del militar venezolano, por razones políticas, constituiría la primera incursión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en el exterior.
La posibilidad de que Boric haya traicionado la patria y la soberanía está generando debate. En las redes sociales, Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, insiste en la necesidad de hacer público el contenido del convenio, afirmando que si las afirmaciones de La Razón son verídicas, el gobierno chileno debería enfrentar acusaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).