WASHINGTON.- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este lunes durante el consejo permanente que la judicialización en Guatemala es una «constante inexplicable» que afecta al proceso de transición.
Almagro describió una serie de acontecimientos que a su juicio «impactan a la gobernabilidad democrática», como el intento de suspensión del Movimiento Semilla por un presunto delito de lavado de dinero o la solicitud de retirada del llamado binomio electo por la toma de la Universidad de San Carlos, una acción de protesta en contra del proceso de elección de un nuevo rector de la institución.
Asimismo, hizo referencia a las órdenes de captura de simpatizantes y miembros de la formación, así como también a la retirada de inmunidad aprobada por el Congreso de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El secretario general de la OEA, afirma que Arévalo y Herrera siguen «enfrentando una carrera de obstáculos marcada por las decisiones judiciales que atentan contra el mandato amplio que les otorgó la ciudadanía guatemalteca en las elecciones presidenciales».
«Resulta necesario que el Ministerio Público evalúe los ajustes necesarios en su ordenamiento interno que le permitan recuperar la confianza en la ciudadanía luego de la crisis de credibilidad que por sus actuaciones enfrenta en la coyuntura política actual», resaltó Luis Almagro.
De igual forma, Luis Almagro, informó que sostuvo nuevamente conversaciones con el presidente saliente, Alejandro Giammattei, quien le expresó que sigue comprometido en el proceso de transición para que asuman el cargo el próximo 14 de enero de 2024.
«Esperan (las autoridades salientes) que los órganos jurisdiccionales y autoridades respectivas realicen sus actuaciones apegadas al derecho (…) afirmando que en cualquier investigación (…) deben respetarse los principios de garantías constitucionales», aseveró durante su toma de palabra.
Almagro reiteró que las protestas que estallaron en Guatemala, «tienen su génesis en las acciones del Ministerio Público que han atentado directamente contra el proceso electoral y de transición política».