Saúl Hernández Bolívar,
El gobierno de Petro no tiene ningún logro para mostrar, mucho menos su “paz total”. Todos sabemos que el acuerdo de cese al fuego con el ELN se ha convertido en una burla desde el principio pues ha sido roto con toda clase de incumplimientos por parte del grupo subversivo, mientras que Petro ha arrodillado al Estado desmantelando a las Fuerzas Armadas, desmoralizándolas y maniatándolas en tanto que les hace toda clase de concesiones a los grupos terroristas.
Eso ha sido muy notorio para los colombianos, pero en el resto del mundo se han tragado de buena fe el cuento del proceso de paz con los elenos, y poco se han percatado de la farsa que constituyó el negociado entre Santos y las Farc, grupo que está más vivo que nunca y al que se le quiere invisibilizar denominando sus frentes como “disidencias”, o dándole diferentes apelativos como “Nueva Marquetalia” o “Estado Mayor Central”.
En verdad, Colombia no es una «potencia mundial de la vida» sino de muchas cosas poco edificantes, como el secuestro. Y con ocasión de un secuestro, el del padre de un futbolista famoso, es que muchos han venido a percatarse de que los diálogos con el ELN no marchan bien, como no marcha nada bien el orden público en el país.
Para desgracia nuestra, se siente cierta vergüenza con la actitud que han asumido en Europa frente al secuestro de Luis Manuel Díaz cuando para nosotros es apenas uno más. Por eso, al gobierno autista de Petro solo le importa que devuelvan al ciudadano que despertó la atención del mundo y así continuar con los diálogos. No le interesa imponer el castigo merecido ni le importa que ese grupo tenga otros secuestrados de los que no llaman la atención de nadie por no tener parientes famosos.
De igual manera piensan los terroristas. En sus redes sociales —lo cual es insólito que tengan—, los comandantes de esa facción criminal aducen que el secuestro del señor Díaz fue un error porque no sabían quién era. Es decir, que el error no es secuestrar en sí sino secuestrar a alguien notable que pueda generar repudio por esa acción y sus captores. Estos forajidos aducen que el secuestro es una simple fuente de financiación a la que se sienten con todo el derecho de acudir. Y al gobierno de Petro pareciera no importarle.
En efecto, el secuestro ha aumentado más del 100% en el último año. Entre enero y septiembre de este año se cuentan 241 personas secuestradas y un notorio ascenso de la extorsión, una actividad que roba la tranquilidad de las personas ante el temor por sus vidas y las de sus familias, así como por la integridad de sus bienes.
Y este gobierno, en vez de combatir frontalmente esos crímenes, parece convencido de poder acordar la paz total y acabar así con el delito en el país. No en vano, esta administración cree que el hacinamiento carcelario se combate liberando delincuentes, eliminando tipos penales, otorgando penas alternativas, brindando impunidades, etc. Cualquier cosa, excepto la de imponer el imperio de la ley.
Los elenos siguen y seguirán secuestrando porque en Colombia no hay estado de derecho y nadie los castigará por tan execrable delito. Por el contrario, sus cómplices en el establecimiento están empeñados no solo en no combatirlos sino en pedalearles un proceso que los exima de sus crímenes y los bañe en agua bendita para que puedan aposentar sus traseros en las curules del Congreso, dejando en la impunidad toda su barbarie, como si sus innumerables fechorías fueran un simple gol hecho con la mano en una cancha de barrio.
Acabar así con la Constitución y la ley, solo por satisfacer los delirios de unos viejos combatientes en plan de retiro no dejará más que cicatrices en un país que no tiene rumbo. Eso de darles repetidas oportunidades de perdón a criminales como Iván Márquez, o a grupos como el ELN, es de una sumisión vergonzosa que raya con la complicidad. La de una potencia mundial del delito.