lunes, octubre 7, 2024
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Consejo de DDHH analiza crisis humanitaria en Venezuela

CARACAS.- El Consejo de DDHH de la ONU analizará la crisis humanitaria de Venezuela los próximos 21 y 22 de marzo durante su 52 periodo de sesiones, en el que el régimen de Maduro no podrá participar luego que perdiera su curul como miembro de esa instancia de Naciones Unidas.

El Alto Comisionado para los DDHH, Volker Turk, presentará el 21 de marzo una informe verbal sobre la situación humanitaria del país sudamericano y sobre la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El 22 de marzo, le tocará el turno a la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que presentará una actualización sobre su informe de Venezuela.

El 7 de octubre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para extender por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Esta misión ha publicado cuatro informes lapidarios que recogen evidencias de crímenes de lesa humanidad, complicidad judicial, responsabilidad de la cadena de mando incluyendo abusos por servicios de inteligencia, y violaciones de derechos humanos en áreas mineras.

La resolución también prorrogó el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene presencia en Caracas, para dar seguimiento a la situación en el país durante el mismo período.

Desde 2020, la Misión identificó evidencias de crímenes de lesa humanidad y, en 2021, que el sistema de justicia había operado como un mecanismo de represión en lugar de un garante de derechos.

Recientemente, el 20 de septiembre, la misión publicó un informe en el cual describió cómo los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los servicios de inteligencia -por orden de autoridades de alto nivel, incluido Nicolás Maduro- formaron parte de un plan para reprimir a quienes se oponían al gobierno. Un segundo informe documentó abusos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad y organizaciones delictivas armadas contra residentes y trabajadores de áreas mineras.

FUENTE: Diario las Américas

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