WASHINGTON — La histórica inculpación contra el expresidente Donald Trump tendrá que superar una larga serie de obstáculos para desembocar en la primera condena penal contra un expresidente de Estados Unidos, indicaron juristas, un sueño de los demócratas que buscan impedir que Trump se convierta nuevamente en presidente.
Pero el caso ha sido calificado como «débil» y «decepcionante», incluso por los críticos más férreos del exmandatario.
Como era de esperar, los abogados de Trump desestimaron los 34 cargos de acusación que pesan contra el magnate republicano de 76 años, conocidos el martes en una histórica audiencia en Nueva York.
«Fue un poco decepcionante, un poco tranquilizante sinceramente ver esa acusación», dijo el letrado Joe Tacopina en la cadena NBC. «Este caso caerá por su propio peso».
Incluso algunos de los más feroces críticos del expresidente parecían decepcionados ante el caso llevado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata al que Trump acusa de llevar a cabo una «caza de brujas».
John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump convertido en uno de sus mayores críticos, dijo a CNN, una cadena progresista que ha mantenido una férrea campaña contra Trump, que la inculpación era «incluso más débil» de lo que temía que fuera.
«Como alguien que realmente no quiere que Donald Trump obtenga la investidura republicana para las elecciones presidenciales, estoy extraordinariamente consternado por este caso», dijo Bolton.
«Creo que puede ser fácilmente desestimado o llevar a una absolución rápida de Trump».
El magnate está acusado de haber falsificado documentos sobre una serie de pagos para encubrir tres casos antes de las elecciones de noviembre de 2016. En particular el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, con quien supuestamente habría mantenido una relación extramatrimonial en 2006 que él niega rotundamente.
En una imputación y otros documentos desprecintados el martes, los fiscales dicen que Trump falsificó registros contables internos de su compañía con respecto a un soborno a la actriz pornográfica Stormy Daniels con el fin de impedir que una historia potencialmente perjudicial para él saliera a la luz mientras hacía campaña por la presidencia en 2016. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que el hecho de que Trump intentó encubrir delitos relacionados con esos comicios fue lo que permitió que los fiscales determinaran que los 34 cargos eran por crímenes graves.
Su entonces abogado, Michael Cohen, asegura que se encargó del pago a Daniels, y que Trump le reembolsó el dinero, haciéndolo pasar presuntamente como gastos legales en las cuentas de su empresa Trump Organization.
Los pagos pasaron de ser considerados como un delito menor a uno grave porque fueron hechos, según la acusación, «con la intención de cometer otro delito».
Pero el documento no especifica cuál es ese otro delito, y allí es donde se puede complicar el asunto.
En conferencia de prensa, Bragg dijo que los pagos fueron parte de un plan orquestado por Trump, Cohen y otras personas para «suprimir información negativa» y aumentar sus «posibilidades» de ser electo.
«El plan violó las leyes electorales de Nueva York, lo que lo hace un delito para conspirar con el objeto de promover una candidatura por medios ilícitos», según los argumentos del fiscal demócrata.
Sin embargo, es legalmente cuestionable si se pudo establecer que Trump violó la ley electoral de Nueva York mientras se postulaba para presidente y no para un puesto en el estado.
Ellen Yaroshefsky, profesora de derecho en la Universidad Hofstra, dijo que los fiscales podrán verse en apuros «para demostrar que los falsos registros comerciales se hicieron con la intención de influir en las elecciones».
Richard Hasen, experto en derecho electoral y profesor de la facultad de derecho de la Universidad de California, campus Los Ángeles, dijo que no está claro si los candidatos a puestos a nivel federal pueden ser enjuiciados en casos que involucran leyes electorales estatales. La defensa también podría alegar que el caso no puede ser incoado en un tribunal estatal si involucra una ley electoral federal.
«Decepción»
Andre McCabe, exdirector adjunto del FBI, afirmó por su parte a CNN que la acusación es una «decepción».
«¿Cuál es la teoría jurídica que vincula un muy sólido delito menor… con el intento de ocultar otro delito, que es lo que lo convierte en un delito grave?», preguntó.
«Si todos nuestros amigos juristas no ven una forma de llegar a un delito grave al leer la acusación, es difícil imaginar convencer a un jurado».
Otro posible escollo para los fiscales podría ser Cohen, condenado por los pagos hechos a la actriz porno y por evasión de impuestos, entre otros delitos.
Es probable que los abogados de Trump cuestionen su credibilidad, ahora que es un delincuente convicto y feroz crítico de su exjefe.
Caso «plagado» de dificultades
William Banks, profesor de Derecho en la Universidad de Siracusa, dijo que el caso estaba «plagado» de dificultades y que los cargos palidecen en comparación con el peligro que podría enfrentar Trump en otras investigaciones.
Banks citó el caso de Georgia, donde los fiscales investigan a Trump por presuntamente tratar de revertir los resultados de la elección presidencial de 2020 en el estado sureño.
También está bajo escrutinio su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de sus seguidores, así como el presunto mal manejo de documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca a su residencia en Florida. Una práctica que salpica a otros funcionarios como Joe Biden, a quien el FBI le encontró documentos clasificados en su casa, en la antigua oficina en el Biden Center que financia China, y hasta en de su auto. Los documentos datan de hace 15 años.
Los expedientes en cuestión corresponden a dos fases de la vida política del demócrata de 80 años: por un lado, a su dilatada carrera de más de 30 años como senador por Delaware, y por otro a su periodo como vicepresidente de Barack Obama, entre 2009 y 2017.
También fueron encontrados en la residencia del exvicepresidente Mike Pence. Ni Biden ni Pence han sido juzgados.
El «gran reto» para los fiscales
Richard Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California, Los Angeles, dijo que los fiscales tendrán que demostrar que Trump sabía que estaba violando las leyes de financiamiento de campañas electorales con los pagos.
«Demostrar intenciones siempre puede ser complicado», escribió en la revista Slate, al citar el caso de John Edwards, que aspiró dos veces a la candidatura presidencial demócrata.
Edwards fue llevado a juicio en 2012, acusado de violar las leyes de financiamiento de campaña por pagos hechos a una amante, pero el jurado no llegó a ningún acuerdo.
Sin embargo, no todos los juristas desprecian el caso.
Barbara McQuade, exfiscal de distrito y ahora profesora en la Universidad de Michigan, afirma que cree que es «muy sólido».
«Este caso se basa en gran medida en documentos, que normalmente constituyen un caso muy sólido porque, a diferencia de los testigos, los documentos no mienten y los documentos no olvidan», dijo a la AFP.
Sin embargo, la imputación suscita cuestiones espinosas en torno a la ley estatal y federal que podrían proporcionar resquicios para que la defensa intente hacer que los cargos sean sobreseídos incluso antes de que el caso sea llevado a juicio.
“La conclusión es que es oscura”, dijo Richard Hasen, experto en derecho electoral y profesor de la facultad de derecho de la Universidad de California, campus Los Ángeles. “Y el fiscal de distrito no proporcionó un análisis jurídico detallado sobre cómo pueden hacer esto, cómo pueden superar estos obstáculos potenciales. Y ello podría inmovilizar el caso por largo tiempo”.