SAN SALVADOR.-La Asamblea Nacional de El Salvador, por mayoría, prorrogó hasta el 10 de febrero la solicitud No. 22 hecha por el presidente Nayib Bukele de extender el estado de excepción que mantiene suspendidos los derechos relacionados con el plazo de detención y de defensa de los procesados, desde el año 2022.
Y estará en pleno vigor durante las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero próximo.
El presidente Bukele alegó en su petición que su gobierno ha logrado la detención de más de 75.000 “pandilleros”, por lo que no prorrogar el estado de excepción sería un “retroceso”, ya que aún falta por detener pandillas y sus cabecillas, según la información que trascendió a los medios.
Sin embargo, “la excepción se ha vuelto regla”, pues lleva un año vigente, y hay señales preocupantes de que “está en riesgo la democracia”, afirma el politólogo Oscar Picardo, investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades, CICH, de la Universidad José Matías Delgado, de El Salvador.
“Si bien el estado de excepción sirvió en un inicio para capturar pandillas, se ha convertido en una herramienta que también afecta el estado de ánimo de la población al saber que no hay garantías; la nueva aprobación es una extralimitación porque si ya bajó la tasa de homicidios y es el país más seguro del hemisferio, como dice el gobierno, ¿para qué mantenerla vigente? Eso no lo sabemos”, señala el directivo del organismo que realiza investigaciones con óptica científica.
Derechos en la sombra en El Salvador
El estado de excepción, conocido en otros países como “estado de sitio”, es un régimen de medidas extraordinarias, de naturaleza constitucional, que puede decretar el Ejecutivo en situaciones que este considere excepcionales, como zozobra, disturbios, e inseguridad que pone en riesgo la paz de la nación.
En esta ocasión, el régimen aprobado por 67 de los 84 asambleístas permite prolongar la detención de 72 horas a 15 días y no informarles a los detenidos las razones de su aprehensión ni garantizarles asistencia jurídica, lo que ha sido cuestionado reiteradamente por organizaciones defensoras de derechos humanos y legisladores de la oposición.
El decreto también establece la intervención de las telecomunicaciones sin orden judicial.
Menos violencia, más popularidad para Nayib Bukele
Bukele dictó por primera vez el decreto de estado de excepción el 27 de marzo de 2022, como complemento esencial del Plan Control Territorial, que comenzó a ejecutar a los 20 días de asumir la presidencia, en junio de 2019.
Este programa de seguridad -aún en ejecución- contemplaba severas medidas contra los pandilleros que azotaban la seguridad de los salvadoreños. En ese momento, la tasa de criminalidad era de 38 por cada 100.000 habitantes.
En 2015, El Salvador se consideraba el país más violento de América Latina y del mundo, con una tasa de 105 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras reportadas por instituciones oficiales en ese año.
Pero en enero de 2023 se alzó como el país centroamericano con la mayor tasa de población carcelaria del mundo, según informaciones periodísticas. En esa fecha, el presidente de El Salvador inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot, en enero de 2023, una megacárcel con capacidad para 40.000 presos, en la que están recluidos más de 12. 000 “pandilleros” y que se exhibe por redes.
El estado de excepción junto a estas otras medidas aumentó la popularidad de Bukele, cuyo gobierno vociferó acerca de la efectividad del plan de seguridad contra las pandillas: disminuyó la tasa de homicidios a 18 por cada 100.000 habitantes, lo que llevó al ministro de Defensa, René Monroy, a declarar “un récord” en la baja de muertes violentas registradas.
La cara controversial
Sin embargo, el estado de excepción se estaría utilizando “para otras cosas”, afirma Picardo.
“El problema es que con el régimen de excepción se están desalojando a los vendedores (ambulantes), o se amedrenta a la sociedad civil en sus marchas y sus iniciativas”, dice.
Las críticas, compartidas también por legisladores y organizaciones no gubernamentales, consisten en que en el restrictivo ejercicio de derechos se ha detenido como sospechosa a gente inocente.
“Estas capturas de personas que nada tienen que ver con las pandillas ni la violencia, suman más de 7.000 ciudadanos – según admitió el propio gobierno- y son vistas por organizaciones como un daño colateral. Aunque más de la mitad ya han salido del sistema penitenciario”, expresa Picardo.
Resalta que toda la información en la actualidad está reservada. “Hay un exceso de información reservada; no se sabe cuánto costó el Miss Universo ni la inversión en el número de computadores para los niños, ni el asunto del bitcoin, y eso no tiene que ver con la seguridad nacional”.
Pero también puede servir al gobierno de Bukele para acallar disidentes. “Es una herramienta coercitiva, definitivamente. Mucha gente tiene temor de que vayan a aplicarle el régimen de excepción y eso genera una coacción ciudadana, la gente tiene miedo”, señala. Aunque la popularidad del candidato a la reelección sigue intacta, reconoce el investigador.
Disciplina en elecciones
Según estudios realizados por el Centro para el que Picardo trabaja, Bukele cuenta con la aprobación de 80% de la población. Sin embargo, la mayoría tiene bajo nivel de escolaridad, lo que explicaría la casi nula alarma sobre la prórroga.
Considera el investigador que la nueva aprobación del estado de excepción, en plena cercanía al evento electoral, “es una forma de imponer disciplina social, típica en los modelos autoritarios, en donde no se protesta, como es el caso de Nicaragua, y creo que nos encaminados hacia allá”.
A pesar de esto, las medidas de seguridad logran el reconocimiento internacional, al punto de que otros países como Ecuador y Honduras intentan replicarlas en busca de la paz y la seguridad.
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