Bernardo Henao Jaramillo,
Esta semana los magistrados del CNE Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, después de ardua labor de investigación de la denuncia anónima presentada en el mes de febrero de este año, contra la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez, por violación de topes, radicaron una extensa ponencia de formulación de cargos ante la sala Plena de la corporación.
Es necesario recordar que para la primera vuelta el tope era de $28.536.520.492 millones. Y para la segunda era de $13.347.457.427 millones. Ambos topes fueron ampliamente superados.
La campaña no reportó en su informe los aportes de entidades como Fecode, Uso y el Polo Democrático, pagos a testigos electorales, pagos por transportes aéreos y otro ítem relacionado con la campaña del Pacto Histórico.
Por otra parte, en la primera vuelta hubo 3 donaciones de fuente prohibida por tratarse de personas jurídicas: Fecode, Uso e Ingenial y Media.
Los aportes cuestionados fueron así: Fecode, 500 millones de pesos. Polo Democrático, un préstamo de 500 millones de pesos que entra y sale de la contabilidad de la campaña. Uso, 121 millones, siendo fuente prohibida.
La donación de 500 millones de pesos a Colombia Humana por parte de Fecode no solamente no está permitida, sino que además resulta extraña. Se han utilizado dineros de los trabajadores para la campaña política de quien, a la postre, los “tumbó” apoderándose de la celebración del día del trabajo.
En la segunda vuelta el aporte de Uso fue de 379 millones. En transporte aéreo se trató de 950 millones en servicios que no fueron declarados. En cuanto a testigos la cifra es de 177 millones y tampoco fueron declarados.
Y aquí viene una historia desconocida hasta el momento. Se trata del evento de celebración del triunfo de la campaña, tras la segunda vuelta, en el Movistar Arena. El evento costó 250 millones por los cuales se expidió una factura. Sin embargo, esta fue anulada y el pago se dividió así: 150 millones que pagó la campaña y 100 millones que pagó el gerente de la misma, Ricardo Roa, con su tarjeta de crédito personal.
A esta conclusión se llegó tras la investigación de los magistrados.
Las reacciones exageradas, descontroladas, histéricas del presidente Petro frente a estas decisiones que ponen en entredicho su gobierno dejan conocer los pasos que pretenderá seguir para permanecer en el poder.
Quedó por completo clara su conducta de “emperadorcito”, pretendiendo invadir la competencia de los otros poderes públicos y autoridades administrativas para impedir el cumplimiento de la ley y sacar avante sus innobles propósitos
El Consejo de Estado, al decidir sobre una tutela instaurada por la senadora María Fernanda Cabal, dio al presidente un plazo de 48 horas para que explique qué son “coordinadoras de fuerzas populares”. Pues en Cartagena se refirió a ellas al invitar a la ciudadanía a salir a las calles.
Esperemos que su respuesta no corresponda a la Coordinadora de Fuerzas Populares en la época de los Soviets leninistas que tomaron el poder en Rusia en 1917, fincados en el partido “del pueblo” comunista.
Los llamados al pueblo, “mi pueblo”, dice ahora, son ya reiterados e insistentes. Es una forma de presionar a las Cortes cuando habla de hacer respetar el voto del año 2022. Y quedará en entredicho y aún más si el CNE comprueba la violación de los topes.
Es claro entonces que el proceder del primer mandatario constituye un no blando sino duro golpe a la democracia, a la Constitución y al ordenamiento jurídico, lo que lo inhabilita para reclamar y acudir en pos de sus deseos, que no del bien común, a los electores que presumiblemente tuvo en el 2022.
La verdad es que el golpe blando del que continuamente habla no existe. Una decisión del máximo organismo rector en materia electoral, el CNE, vendría más bien a ser la causa de su autogolpe, de una caída provocada por él mismo.
Por otra parte, es muy grave el trato dado por el presidente de los colombianos a los magistrados ponentes Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, a quienes se refirió como “vagabundos corruptos de la política”. El senador J.P. Hernández ha informado que instauró denuncia penal al respecto.
Gustavo Petro es un hombre sin educación suficiente, grosero, irrespetuoso que desconoce que las cosas van siempre en doble vía: si él irrespeta será irrespetado.
El descontrol del Presidente es tal que su ira alcanzó también a otro magistrado, con motivo de la decisión que tomó en materia de servicios públicos. Petro salió a agredirlo y exponerlo.
Tan serio es este hecho que por parte de 33 exconsejeros de estado, se extendió un comunicado rechazando el trato dispensado al funcionario judicial y varios medios nacionales lo reprodujeron.
Se destaca del comunicado lo siguiente. “…. En un discurso político, el señor Presidente de Colombia ha descalificado una providencia del Consejo de Estado y a su magistrado ponente. Quienes hemos cumplido con la sagrada función de administrar justicia en nuestro Estado de Derecho, desde la trascendental especialidad de ser los jueces del Estado, hemos actuado siempre con la total convicción de tomar las decisiones respaldados en la normativa que rige cada caso concreto.”
Todas estas manifestaciones divisionistas y confrontacionales de Gustavo Petro son de un peligro latente y vigente que se agrava más con su peligroso y continuo llamado a una constituyente subversiva con la que seguramente pretenderá afianzar la ideología que tanto defiende y con la cual querrá amarrarse al poder por largo tiempo.