No es una novedad que tanto el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, han buscado limitar la libertad de expresión con distintas iniciativas. El asalto a los poderes el 8 de enero de 2023 solo fue la excusa para avanzar en esta dirección, pues ya Lula había asomado un año atrás en al menos nueve oportunidades desde noviembre de 2019 su intención de regular tanto los medios tradicionales como digitales. Una vez electo el 30 de octubre de 2022, en su primera reunión con los magistrados del máximo tribunal recibió un proyecto de ley de Alexandre de Moraes para regular las redes sociales, alegando que “el régimen democrático y el Estado de derecho están bajo amenaza”. Hoy solo han sumado otro pretexto en el camino para institucionalizar la censura.
Que el multimillonario Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), haya dejado en evidencia en los últimos días a Alexandre de Moraes ha sido motivo suficiente para que los ataques a la libertad de expresión en Brasil hayan escalado a un nivel de mayor preocupación. Luego de una nueva entrega de los “Twitter Files” en los que revela cómo el magistrado brasileño intentó silenciar contenido en X favorable al expresidente Jair Bolsonaro o crítico con la gestión de Lula y que directamente sugiriera que Alexandre de Moraes debe renunciar o ser destituido, la izquierda brasileña intensificó sus amenazas.
La reacción de Alexandre de Moraes no se hizo esperar. Este domingo ordenó investigaciones contra Elon Musk por los supuestos delitos de “manipulación criminal y dolosa” y obstrucción a la justicia y advirtió a la plataforma X que “se abstenga de desobedecer cualquier orden judicial ya dictada, o de reactivar cualquier perfil cuyo bloqueo ya haya sido ordenado por esta Corte Suprema o por el Tribunal Electoral de Brasil”, bajo pena de multa diaria de 100.000 reales (unos 20.000 dólares) por cada cuenta que esté activa.
Amenaza de “regulación urgente”
«No podemos convivir en una sociedad en que billonarios con domicilio en el exterior tengan control de las redes y se digan en condiciones de violar el Estado de Derecho y de incumplir órdenes judiciales, y que amenacen a nuestras autoridades», dijo el procurador general de Brasil, Jorge Messias, al momento de pedir sacar adelante una “regulación urgente” de las redes sociales.
El anuncio lo hizo en respuesta a los comentarios de Elon Musk, que amenazó con “publicar todo lo exigido por [el magistrado] y cómo esas peticiones violan la ley brasileña”, refiriéndose a las restricciones impuestas por la Justicia del gigante sudamericano para bloquear cuentas de seguidores de Bolsonaro. A esto Musk agregó que el polémico magistrado debería “renunciar o ser destituido”. Incluso el propietario de X admitió que como resultado de su postura, probablemente pierda todos los ingresos en Brasil y tenga que cerrar las oficinas en ese país. “Pero los principios importan más que las ganancias”, agregó.
El libreto de la izquierda
La solicitud de Messias fue respaldada de inmediato por distintos dirigentes de izquierda. «La brutal ofensiva del dueño de X es una prueba más de que las plataformas deben someterse a regulaciones muy claras, como ocurre en otros países, para que ya no sirvan a la propagación de mentiras y campañas de odio», dijo la diputada Gleisi Hoffmann, presidente del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
En la misma línea respondió el diputado comunista Orlando Silva, redactor de esta nefasta iniciativa para institucionalizar la censura en Brasil, asegurando que no permitirá que Elon Musk “irrespete” el Poder Judicial.
De esta manera, tanto Lula da Silva como Alexandre de Moraes suman otra excusa a su plan de larga data de restringir la libertad de expresión en Brasil, luego de perseguir a periodistas, criminalizar a usuarios de redes sociales, bloquear plataformas como Telegram y endurecer normas para supuestamente proteger a la población de los “discursos de odio” y las “noticias falsas”. Y es que pese a haber llegado al poder por la vía democrática, el tercer gobierno del cofundador del Foro de Sao Paulo cada vez se parece más a dictaduras como la venezolana o la nicaragüense con el aumento de presos políticos, inhabilitaciones como la impuesta a Bolsonaro, allanamientos a opositores y una censura cada vez más creciente.