OMAR ESTACIO Z.,
Expresó, a la letra, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos Sobre Venezuela, MIDHSV, de Naciones Unidas, en su informe del 20 de septiembre de este mismo año: “La falta de independencia y la actuación parcializada de las instituciones judiciales y constitucionales coartan y asfixian, en su conjunto, el debate y la vida política”.
Para no remontarnos demasiado en el pasado, el 12 de diciembre de 2009, el fallecido Hugo Chávez ya había sentado cátedra en materia de atropellar la justicia al “sentenciar” a una magistrada por el crimen de lesa revolución de no dictaminar con arreglo a sus caprichos personales o familiares: “Una jueza que libere a un bandido, es peor que el bandido mismo. Entonces ¡Hay que meterle pena máxima a esa jueza!”. Y vaya que lo intentó, el muy felón, porque de no haber fallecido, quizás, Lourdes Afiuni se estaría pudriendo, todavía, en las ergástulas de la tiranía.
Desde esa gesta del hipotético Comandante Eterno hasta hoy día, sería interminable el listado de censuras por los atropellos de la RoboLución contra la independencia, imparcialidad y autonomía de nuestros tribunales de Justicia. Pero nos vamos a permitir una muy apretada síntesis:
Dos años atrás, la misma MIDHSV referida al comienzo había denunciado: “La falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia” (…) lo cual “se ha traducido en la impunidad de violaciones y demás crímenes del SEBIN y la DGCIM”.
Por su parte la Comisión Interamericana de DDHH, en su reporte correspondiente a 2020, reiteró por enésima vez “su preocupación por la manera como se han realizado los procesos de designación de magistradas y magistrados del TSJ, así como por la ausencia de garantías para la permanencia en el cargo de jueces, lo que lesiona la independencia judicial y repercute en desmedro del acceso a la justicia de la población”.
En febrero de 2019 el Relator Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, había advertido que en “Venezuela los abogados se hallan incapacitados de practicar su profesión de manera libre e independiente” mientras que la muy prestigiosa “Fundación Europea de Abogados”, ONG, con sede en La Haya, luego de un enjundioso trabajo, había levantado la voz, ese mismo año, porque “la mayoría de los venezolanos ha perdido la confianza en el Tribunal Supremo de Justicia y en su Sala Constitucional, debido a la forma en que dichos organismos se han venido desenvolviendo”.
Todo ello sin contar con los numerosos pronunciamientos, en el mismo sentido, de Conferencias Episcopales, de una verdadera avalancha de ONG locales -muy acosadas y en muchos casos, hasta con sus directivos presos- de facultades de Derecho, de Academias, de Colegios de Abogados y de la Federación que los agrupa.
Si todo lo anterior es así, ¿Qué mosca nos habrá picado para que, a partir de la sola firma de los llamados “Acuerdos de Barbados”, los demócratas venezolanos hayamos pasado a confiar ciegamente en las salas del TSJ , en particular en materia de la corrección de la torticera inhabilitación de la candidata María Corina Machado?
Escribía Freud que “El hombre no es lo que es, sino lo que cree que es”. No es el caso entrar a dilucidar en este momento las virtudes o no virtudes de las damas y caballeros que llenan plaza en la referida Sala del TSJ. Evitamos el argumento ad hóminem. Lo relevante no es lo que son esos magistrados, sino que no han sabido, podido o querido, ganarse la confianza, tanto de la comunidad internacional como de la comunidad nacional.
Pero gratia argüendi, si esos magistrados eran tan confiables, bastaba que desde un principio se hubiese sometido la mencionada controversia a su buen (¿?) juicio. Entonces ¿para qué los dispendios en papelería, tinta, los pasajes, viáticos, en las comilonas, de los actores, mirones, mironas, coleados -que nunca faltan- de la presunta gesta de Barbados?
Lo cierto es que hay vías más expeditas y menos preocupantes que la que ahora pretenden vendernos como pócima milagrosa. El jurista Zair Mundarain, ha señalado la amnistía administrativa. La Contraloría General de la República, si le viniese en gana, también, podría cortar por lo sano. Basta que enmiende sus propios dislates. Que revoque, con base en la normativa sobre procedimientos administrativos, por abiertamente violatoria de una avalancha de preceptos constitucionales, la fementida inhabilitación de la señora Machado.
Quien usurpa la Presidencia de Venezuela, por su parte, podría desmentir las consejas que lo presentan como un individuo correlón y asustadizo salvo que el “no seremos machos, pero somos muchos” lo envalentone. ¿No indultó de manera nada ortodoxa, muy asustado, el 20 de agosto de 2020, Decreto 4.277, Gaceta Nº 6.560 Extraordinaria, a 110 activistas políticos, la mayoría de los cuales ni siquiera se hallaban sometidos a proceso judicial alguno? Para que se le pasen los nervios, para salir del vaporón, que vuelva a barrer el piso con la institución del indulto. Lo que ocurre es que incluso un lisiado moral y mental como él tiene la certeza de que, en cualquier votación medianamente limpia, María Corina Machado arrasa con semejante escoria.