BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, formalizó ante la Fiscalía una denuncia por presuntas injurias y calumnias contra el exmandatario Andrés Pastrana, en respuesta a unas acusaciones en las que aludía a los supuestos nexos con el narcotráfico.
Pastrana acusó a Petro de tener vínculos con el tráfico de drogas y de utilizar su política de paz total como excusa para «fusionar» el Gobierno con el crimen organizado, lo que llevó a Petro a anunciar a finales de noviembre que le denunciaría.
A juicio de Pastrana, los llamados a negociar con los grupos armados paramilitares no son más que una fachada para incrustar el narcotráfico y el terrorismo en el Estado de Colombia, aliándose con dictaduras como la de Cuba para lograr el objetivo.
Petro consignó un texto de cuatro páginas remitido al fiscal general, Francisco Barbosa, y en el que se asegura que las declaraciones de Pastrana son «completamente falsas». «No existe ninguna base de verdad en sus afirmaciones y dichas declaraciones no reflejan en lo más mínimo la realidad de mi administración y los principios que la guían», alega en la denuncia, recogida por la emisora Caracol Radio.
Petro adjuntó en la denuncia pruebas que teóricamente demostrarían la falsedad de las declaraciones de Pastrana, que ha criticado en numerosas ocasiones la gestión del actual Gobierno.
Petro exime de responsabilidad a los consumidores
En medio de las fuertes acusaciones por vínculos con el narcotráfico, el gobierno de Colombia derogó las multas contra el consumo de pequeñas cantidades de droga, como parte de un cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico en el principal país productor de cocaína del mundo.
Un decreto del ejecutivo divulgado por medios locales dejó sin vigencia las sanciones contra «el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas» que sean de uso personal y no para la venta.
La medida no altera las penas de hasta 20 años de prisión para delitos de narcotráfico que contempla la ley colombiana, pero acaba con las multas equivalentes a unos cincuenta dólares que la policía impone a los consumidores.
«Si la Constitución permite la dosis personal, la actividad de la policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes sino en perseguir los grandes capos de la droga», explicó en la red social X (antes Twitter) el presidente, Gustavo Petro.
«Es necesario (…) evitar la criminalización de personas consumidoras de drogas a través de medidas correctivas», se lee en el decreto, fechado el 7 de diciembre.