MANAGUA.- El régimen de Nicaragua anunció este miércoles la cancelación de la personería jurídica de 10 organizaciones no gubernamentales (ONG), presuntamente por no presentar sus estados financieros durante periodos de uno a doce años, sin desgloses detallados de ingresos y egresos.
Según la ministra María Amelia Coronel Kinloch, los bienes de estas organizaciones ahora pasarán a manos del Estado conforme a la ley que regula las asociaciones, una política del sandinismo para expropiar bienes privados.
Entre las organizaciones canceladas se encuentra la «Puerta de la Montaña», registrada desde abril de 2015, la cual es acusada de obstaculizar el control estatal al no promover políticas de transparencia en su administración. En ese sentido, la policía nicaragüense detuvo a 11 ciudadanos locales y está investigando a tres estadounidenses, John y Jacob Britton Hancock, presidente y miembro de la mencionada organización, así como a Bruce Wagner, su compatriota que financió la establecimiento de esta entidad religiosa evangélica en Nicaragua en 2013.
Otras entidades religiosas canceladas por el régimen de Ortega son la Asociación Apostólica Hechos 22:16, el Ministerio Internacional Restauración Berea, el Instituto Internacional de la Biblia Thompson, Bridge of Hope International e Iglesia Cristiana Ministerio Internacional Creciendo en Gracia.
También se vieron afectadas organizaciones agropecuarias como la Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados y Criadores de Ganado Brahman de Nicaragua, así como el Movimiento Comunal Nicaragüense y la Asociación Mutua del Campo.
«Asociación estratégica» con China
El reciente acuerdo entre Nicaragua y China para elevar sus relaciones a nivel de «asociación estratégica» genera escepticismo y preocupación entre sectores opositores, que abarca los posibles efectos de esta estrecha colaboración en la autonomía del país centroamericano.
Desde que el régimen de Ortega optó por distanciarse de Taiwán en 2021, recibió el respaldo de China, especialmente en momentos de creciente presión internacional. Sin embargo, algunos opositores ven este apoyo no solo como una cuestión económica, sino como una posible amenaza para la soberanía y las instituciones democráticas de Nicaragua.
La declaración conjunta de Nicaragua y China que rechaza «injerencias extranjeras» también genera suspicacias entre los críticos, quienes plantean interrogantes sobre cómo podría interpretarse y aplicarse este principio en el ámbito interno. Algunos temen que se utilice como pretexto para reprimir la disidencia.
Desde las protestas de 2018, alrededor de 3.500 organismos han sido clausurados, incluyendo varias vinculadas a la Iglesia católica, lo que ha generado críticas nacionales e internacionales sobre las restricciones a la libertad de asociación y expresión en el país.