MADRID.- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cerró su oficina en Managua, poniendo fin a su misión humanitaria en Nicaragua, después de que el régimen de Daniel Ortega pidiera la salida del país de la organización internacional humanitaria.
La delegación regional del CICR para México y América Central anunció la noticia y reiteró su disponibilidad para «reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua», según reza un comunicado del ente, que recuerda que recibió en 2018 la autorización para abrir una misión «enfocada en objetivos exclusivamente humanitarios».
Tras ello, en 2019 el CICR estableció una misión permanente en Managua y formalizó con las autoridades nicaragüenses un acuerdo para visitar a personas detenidas. Desde entonces, el organismo brindó apoyo a Cruz Roja para brindar contacto entre familias y fortalecer su labor humanitaria a favor de las personas más vulnerables, prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de libertad, y llevar a cabo actividades de formación sobre Derecho Internacional Humanitario.
Asimismo, recordó que la labor que realizan en más de 80 países tiene «una finalidad exclusivamente humanitaria, y se apega estrictamente a los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia».
Régimen se desvía de la democracia
Por su parte, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, denunció que las autoridades nicaragüenses se «desvían» cada vez más de los Derechos Humanos, el Estado de derecho y otros principios democráticos, y ofreció al Ejecutivo un «diálogo genuino y asistencia técnica para superar la crisis de DDHH».
Al Nashif, que señaló que la «impunidad es la norma» en el país, se mostró «descorazonada» por la falta de medidas para impedir que se produzcan violaciones de las libertades fundamentales en el país.
Por otro lado, denunció las restricciones al espacio público, con repetidos casos de detención arbitraria contra quienes ejercen sus libertades fundamentales.
Además, afirmó que Ortega sigue persiguiendo a quienes puedan aportar una visión alternativa a la esfera pública, incluyendo a líderes políticos, indígenas, miembros de la Iglesia católica, activistas y periodistas. Muchos de los perseguidos políticos se encuentran en el exilio y no tienen posibilidad de volver a Nicaragua.