Hace muy poco, en las últimas fiestas patrias chilenas, las cuales se celebraron el 18 de septiembre, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, bailaba la tradicionale cueca con el presidente de la nación, Gabriel Boric, en señal de la fraternidad entre el Partido Comunista (PC) de la mandataria local y el Frente Amplio (FA) del jefe de Estado. La algarabía de la fiesta quedó en recuerdo y la cercanía, hoy pesa en la Moneda, donde la vinculación de las gestiones tiene costos políticos para ambos.
Las deficiencias de la administración de Hassler, quien está inmersa en un escándalo por intentar comprar una clínica propiedad de la inmobiliaria San Valentino SpA por 8200 millones de pesos chilenos (10 millones de dólares), cuando la inmobiliaria la había adquirido solo un mes antes por 2080 millones de pesos chilenos (2,5 millones de dólares) repercute sobre Boric, debido a que el PC forma parte de su coalición Apruebo Dignidad.
El presidente está mudo ante las pretensiones de su compañera de pista que frustró la Contraloría, tras alegar en un extenso informe de 32 páginas que la negociación del inmueble tiene inconsistencias que levantan sospechas de falta al debido uso de recursos públicos, al igual que se observa un “precio injustificado”.
Distancia sin estrategia
A una semana de la divulgación del documento del ente fiscalizador, el presidente mantiene distancia pública de Hassler. Las razones son obvias. Las deficiencias de Irací Hassler afectan al presidente pero “la verdad es que el gobierno ha tenido sus particularidades y sus propios errores”, destaca el experto en marketing político y profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Javier Pérez Barrientos, en contacto con PanAm Post.
l gobierno es aún más grande”. Las urnas lo reflejarán. “Lo más probable es que se vea una baja notoria en la votación hacia los candidatos del gobierno y que haya un aumento de los sectores del centro derecha y de derecha en el voto”.
Su pronóstico apunta -claramente- a la conformación de un nuevo Consejo Constituyente con una mayoría opositora al Ejecutivo, tras alegar “la gestión es un condicionante siempre. Cuando los gobiernos tienen un mal momento y se someten a procesos electorales ven la afectación. Ocurrió en el plebiscito de salida”.
Frente a ello, el especialista en comunicación política vaticina que optar por la prudencia ante las deficiencias de Hassler como estrategia tampoco evitará coletazos en la endeble aprobación del presidente, menos cuando hay otras deficiencias de Hassler a casi de años de tomar el poder de la municipalidad de Santiago, especialmente, cuando hay escándalos que la rodean, como son los siguientes:
Inseguridad desbordada
Los homicidios durante el mandato de Hassler han aumentado 145 %. Sólo el 2022 cerró con 49 casos entre el 1 de enero y el 27 noviembre, un número que duplica los 20 casos reportados en el mismo periodo de 2021, mientras que los robos con violencia crecieron 95 % y 105 % el robo de vehículos.
La situación es grave. Los robos con violencia tuvieron un incremento de 5056 a 9872 en la comuna capital, mientras que los asaltos para la sustracción de vehículos crecieron de 182 a 373.
Además, su intención de otorgar más de 1000 permisos a comerciantes ambulantes para instalarse en sectores del casco histórico de Santiago, en garantía de un “ordenamiento democrático del territorio”, detonó en un “atiborrado de comercio ilegal, con cocinerías insalubres, y parques y veredas repletándose de colchones y precarios alojamientos callejeros”. Así lo plantearon ocho exalcaldes en la carta “Santiago Agonizante”.
Protestas a toda hora
Las incesantes protestas en Santiago protagonizadas por los estudiantes del Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación tiene a la ciudad en caos desde el año pasado. Las violentas manifestaciones que incluyen quema de autobuses, tomas de las estaciones del metro y lanzamiento de bombas molotov —entre una y dos veces semanales— motivó a los parlamentarios de RN, Diego Schalper, Hugo Rey y los concejales Juan Mena y Santiago Mekis, junto a la Agrupación Santiago Seguro, a presentar un requerimiento ante la Contraloría sobre este tema.
Los legisladores se basan en las acusaciones del exrector del Internado Nacional Barros Arana, Gonzalo Saavedra, quien denunció a Hassler por ordenar la no aplicación de la ley de Aula Segura de 2018, una legislación que sanciona con la expulsión a los jóvenes involucrados en hechos de esta naturaleza.
Administración paupérrima
Con 74 votos a favor, 44 en contra y 16 abstenciones, el parlamento chileno acogió en diciembre una iniciativa presentada por los diputados de la bancada de Renovación Nacional (RN), María Luisa Cordero, Sofía Cid, Catalina del Real, Andrés Longton, Hugo Rey y Juan Carlos Beltrán.
En la propuesta se cuestiona “la deficiente provisión de servicios educativos” y el “crítico estado de inseguridad e insalubridad” del municipio que, según sostienen, requiere la intervención del presidente Gabriel Boric.
Las críticas contra la gestión de Hassler en Santiago, que comenzó en julio de 2021 y culmina en 2024, sobran en la moción donde se considera “el paupérrimo estado de la comuna que no ha sido abordado como es debido por la actual administración”.