Era uno de los temas subrayados en rojo por EE UU en cada uno de las reuniones diplomáticas con México: endurecer los controles sobre el fentanilo, la droga sintética detrás de la epidemia de opiáceos que asola EE UU. Los puertos mexicanos son la entrada para el fentanilo producido en China y llevan tiempo en el punto de mira de las exigencias de Washington. Este jueves, tras la visita del fiscal general estadounidense William Barr, el Gobierno mexicano se ha comprometido a “tratar el fentanilo como un problema común”, según el comunicado de prensa posterior a la reunión.
El propio Barr había enfatizado recientemente su interés en reforzar la persecución del opioide en un momento en el que, demás, su ilegalización en EE UU está pendiente de una actualización por parte del Congreso. “Si la Cámara no actúa, los laboratorios ilegales en México y China están listos para inundar a Estados Unidos con lo que sería un veneno legalizado”, escribió la semana pasada en una columna en The Washington Post.
De producción más barata y fácil que la heroína –y 50 veces más potente y adictivo–, la delincuencia organizada mexicana ha comenzado incluso a fabricar ella misma la droga a partir de los precursores químicos importados de China. “51 carteles mexicanos compran y trafican con fentanilo –solo o mezclado con heroína– a lo largo de la frontera con EE UU”, señalaba un informe de la comisión de Seguridad del congreso estadounidense en 2017, un año después de que estallara la crisis con una multiplicación de las muertes por sobredosis.
El mismo informe acusaba a México de cierta indolencia en el control del opioide: “El compromiso firme y decidido del Gobierno mexicano es esencial para combatir los flujos desde China”. A pesar de que el foco está en EE UU –provocó 31.000 muertes solo en 2018– la onda expansiva ya ha empezado a llegar a México. Una reciente investigación académica ha constatado su proliferación en la zona mexicana de la frontera, especialmente en Tijuana, una de las rutas de más trasiego a partir de la entrada por el puerto de La Paz (en el Estado de Baja California Sur).
Tráfico de armas
En el lado de las peticiones mexicanas, la Cancillería ha insistido en reforzar el control del tráfico de armas. La baza con la que el equipo de Marcelo Ebrard trató de contraatacar el año pasado, días después de asumir la exigencia –bajo amenaza de imponer duros aranceles– de blindar la política migratoria militarizando la frontera sur.
En diciembre, durante la anterior visita de Barr, la diplomacia mexicana volvió a poner el asunto sobre la mesa. Entre las conclusiones, se acordó entonces la creación de un Grupo de Alto Nivel de Seguridad, con participación de ambos países. Una línea que se profundiza ahora con un nuevo “un programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional”, de acuerdo con el comunicado.
La anterior visita del fiscal general estadounidense estuvo marcada también por la masacre de la familia LeBarón, sucedida apenas una semana antes cerca de la frontera. La respuesta de Donald Trump fue anunciar que incluiría a los carteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas. Una amenaza que, finalmente, no cumplió y que el Gobierno de López Obrador se anotó como una victoria diplomática.
El suceso de actualidad de la relación bilateral en esta ocasión ha sido la detención en Texas hace apenas un mes de Genaro García Luna, máximo jefe de la policía mexicana y señor de la guerra contra las drogas durante el Gobierno del expresidente Felipe Calderón. Acusado de recibir sobornos millonarios del cartel de Sinaloa a cambio de facilitar sus operaciones, el exsecretario de Seguridad durante 2006-2012 se declaró inocente en su primera vista en los tribunales de Nueva York, abriendo la puerta a un inminente juicio que se antoja de alto voltaje por los nombres de pesos pesados que pueda sacar a la palestra en su estrategia de defensa.
Fuente: El País