El Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió a Gabriel Escarrer, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels International, entrar en territorio estadounidense, de acuerdo con el Título IV de la Ley Helms-Burton, activado por la administración del presidente Donald Trump en mayo pasado.
El periódico español VozPopuli publicó la exclusiva que confirmó Meliá en un comunicado, luego retirado de su sitio web, en el que explicaba que en noviembre el Departamento de Estado notificó a Escarrer que su entrada a EEUU sería vetada si no abandonaba los negocios con propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro en Cuba.
“La Administración Estadounidense vinculaba esta notificación a la actividad que determinadas empresas filiales mantienen con entidades públicas cubanas para la gestión de dos hoteles situados en la región de Holguín, que estarían ubicados, a su entender, en una parcela de una propiedad expropiada a la familia Sanchez Hill a finales de los años 50 del siglo pasado”, explicaba la nota de la empresa.
Los Sánchez Hill, quienes residen en Estados Unidos, pedían como indemnización unos $10 millones por las tierras que le fueron expropiadas por el gobierno de Fidel Castro en 1960 y de las que Meliá se beneficia al administrar varios hoteles construidos allí por los militares cubanos, de acuerdo con documentos de la corte. La familia cubanoamericana Sánchez Hill ha demandado a Meliá en cortes españolas sin éxito.
Meliá también enfrenta demandas en EEUU por sus negocios en Cuba.
Anteriormente los Sánchez Hill habían negociado con Meliá y estuvieron cerca de un acuerdo por $5 millones, pero al ver lejana la posibilidad de la activación del Título III con la política de acercamiento del expresidente Barack Obama, la empresa redujo la indemnización a $3,000 y no llegaron a un acuerdo, de acuerdo con declaraciones de los Sánchez Hill.
El Título IV de la Ley Helms-Burton restringe la entrada a EEUU de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan “traficado” con dichas propiedades. La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, dio a los estadounidenses y cubanoamericanos el derecho a demandar a empresas de cualquier parte del mundo que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades cubanas.
Meliá aseguró que las condiciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos —que la empresa abandonara sus negocios en los terrenos expropiados en Cuba— “no son asumibles por la compañía” y alegó que su cumplimiento es contrario al Estatuto de Bloqueo, por el cual la Unión Europea intentó blindarse ante la presumible avalancha de demandas de familias cubanoamericanas contra sus ciudadanos.
La compañía aseguró que trasladó a las instituciones españolas la resolución de la negativa de visado a Escarrer, “confiando que su dedicación, diligencia y estrecha colaboración acabarán dando una satisfactoria solución”.
Meliá es la compañía extranjera que más hoteles administra en Cuba, con unos 34 establecimientos, seguida por Iberostar, también española, con 20 hoteles. Estas compañías han sido muy criticadas por grupos de derechos humanos y opositores al régimen de La Habana por las condiciones en las que realizan sus inversiones en la isla. Hasta 2008, los cubanos tenían prohibido hospedarse en los mismos hoteles que los extranjeros y los salarios de los trabajadores en los hoteles internacionales es de apenas unas decenas de dólares al mes.
“En estos 31 años lo hemos tenido muy claro: que la apuesta por Cuba es incondicional. Nosotros creemos que es totalmente injusto, todas estas medidas”, dijo el pasado año Escarrer sobre la activación del Título III de la Helms-Burton a la televisión estatal cubana.
“Frente a eso, seguimos con nuestra hoja de ruta: seguiremos colaborando estrechamente con las autoridades cubanas en el desarrollo de la industria turística de este país, que creo que es modélica en todos los sentidos”, añadió. Para el 2020, la compañía proyecta llegar a 38 hoteles y más de 15,000 habitaciones en la isla.
Fuente: El Nuevo Herald