Durante los ocho meses de mi administración, mi equipo y yo hemos trabajado sin descanso para sacar a El Salvador de los desafíos sin control en materia de seguridad. Hemos tenido ocho meses para resolver 30 años de políticas polarizadoras, corrupción a todo nivel y criminalidad.
Diez años de la izquierda radical y pro Maduro del partido FMLN, combinados con 20 años del partido ARENA, de extrema derecha y patrocinador de los escuadrones de la muerte, han dejado a nuestro país amarrado, confundido en la violencia, incluyendo homicidios. Además, tres ex presidentes de estos partidos políticos están ya sea en prisión, en asilo en la Nicaragua de Daniel Ortega o murieron en arresto domiciliar.
No ha sido fácil revertir ese camino. Los partidos políticos tradicionales y las clases dominantes ven los cimientos de sus intereses ilícitos bajo amenaza por el éxito de nuestras políticas.
Hemos conocido por investigaciones recientes del independiente fiscal general que el liderazgo de estos partidos está activamente involucrado con grupos terroristas en El Salvador. Estos grupos están trabajando para influenciar y financiar elecciones, especialmente la elección de Norman Quijano, el ex candidato presidencial de ARENA y hasta hace poco presidente de la Asamblea Legislativa.
Para enfrentar este y otros problemas, he solicitado repetidamente a nuestra Asamblea Legislativa, controlada por ARENA y el FMLN, que apruebe un crédito de $109 millones para implementar la tercera fase de nuestro plan de seguridad. El plan es un paso importante para quitar el control de nuestro país a los grupos terroristas. El préstamo, cuyo propósito de uso ha sido totalmente transparente, está destinado exclusivamente para comprar equipo y apoyo logístico para la Policía y la Fuerza Armada, que han sido descuidadas por más de 30 años.
Hasta la fecha, el plan está funcionando. Bajo la Fase 1, recuperamos el control del sistema penitenciario y bajamos la cifra de homicidios en más del 60%. Para detener la violencia, hemos desplegado a miles de policías y soldados adicionales por todo el país. En la Fase 2, hemos trabajado en programas sociales en comunidades afectadas por la violencia y años de desinterés de los gobiernos anteriores. A propósito, también tenemos pendiente un préstamo de $91 millones para completar esta fase.
Sin estos préstamos no podemos continuar la Fase 2 o iniciar la Fase 3. Sin estos componentes técnicos y de inteligencia, nuestras fuerzas del orden y militares serán vulnerables a las organizaciones terroristas financiadas por miembros de la Asamblea Legislativa.
La Policía usa un equipo obsoleto. El ejército, que ha estado también en la primera línea combatiendo el terrorismo doméstico, ha estado haciendo su trabajo con equipo insuficiente y desfasado. La lentitud de la Asamblea Legislativa no es coincidencia. Diputados fueron captados en video negociando con grupos terroristas financiando sus actividades criminales y solicitándoles que coaccionaran ciudadanos para votar por candidatos de sus partidos políticos.
La semana pasada, al invocar el artículo 167, numeral 7 de la Constitución salvadoreña, el Consejo de Ministros convocó a la Asamblea Legislativa a una sesión plenaria extraordinaria para votar por el préstamo, el cual es un asunto de seguridad nacional y para beneficio de todos los salvadoreños.
Mi gobierno estaba profundamente preocupado por un levantamiento popular de salvadoreños frustrados que se movilizaron en contra de la Asamblea Legislativa. Es por ello que solicitamos a la Fuerza Armada que estuviera presente, en caso de que hubiese actos violentos, ya que miles de salvadoreños se reunieron afuera de la Asamblea Legislativa exigiendo la remoción de los diputados.
Ciertos intereses mediáticos falsamente reportaron esto como un intento para tomar control de esa institución. Pero permítanme ser claro: yo respeto la separación de poderes. Cualquiera que sugiera que yo estaba intentando hacer tal cosa, está de forma deliberada faltando a la verdad.
En lugar de enfocarse en mis intentos de proteger al pueblo salvadoreño, los medios de comunicación deberían enfocarse en por qué la Asamblea Legislativa le continúa fallando a la gente de El Salvador. El enfoque debería estar en aquellos en la Asamblea Legislativa que protegen a los suyos al no quitar la inmunidad del ex presidente Norman Quijano, quien ha sido acusado por el fiscal general de conspirar con grupos terroristas. Quijano no puede ser llevado a los tribunales, a menos que su inmunidad sea retirada. Sus manos están manchadas con sangre.
Mi gobierno está tratando de recuperar nuestra nación con un plan de seguridad que tiene más del 90% de apoyo de la ciudadanía. Estas medidas, sin duda, no son populares entre los responsables del baño de sangre en los partidos ARENA y FMLN en los últimos 30 años.
Este no debería ser un debate de separación de poderes, la cual no está en riesgo en mi país. Lo que está en riesgo son las vidas de las familias salvadoreñas trabajadoras.
De hecho, la violencia sin control fue uno de los detonantes de la emigración desde este país hacia Estados Unidos. Ambos han disminuido significativamente en mi gobierno.
Estados Unidos deberían siempre estar del lado de los buenos.
Nayib Bukele es el presidente de El Salvador.
Fuente: El Nuevo Herald