Alberto Fernández ha denunciado que el Gobierno de Mauricio Macri promovió “la persecución y detención arbitraria de opositores” en causas por corrupción. Y prometió soluciones:“En dos meses de Gobierno comenzamos a reparar los daños realizados, exigiendo que se revisten los procesos judiciales y arbitrarios”. El mensaje quedó grabado en un vídeo de casi dos minutos, difundido en la cuenta oficial del presidente en Twitter y firmado por el Ministerio de Justicia.
¿Por qué ahora? El mensaje tuvo como destinatario más a la tropa propia que a la ajena. Desde que asumió, el 10 de diciembre, Fernández debe responder a la demanda de dirigentes kirchneristas encarcelados durante el macrismo y que exigen ser liberados de inmediato por ser “presos políticos”, y su rechazo a una tesis que lo condenaría a admitir que en su Gobierno hay dirigentes detenidos sin proceso.
Alberto Fernández juega al equilibrista. El fuego amigo llega desde dirigentes de peso del kirchnerismo purasangre, representado por el preso más famoso, el exministro Julio De Vido, el hombre que manejó el presupuesto de toda la obra pública durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. De Vido cumple una condena por la llamada tragedia de Once, un accidente de trenes que debían estar a su cuidado que se saldó con 51 muertos, y prisión preventiva en dos causas por presunta corrupción. En el grupo también está el exvicepresidente Amado Boudou, condenado por malversación de fondos públicos, y funcionarios de segunda línea vinculados a la obra pública. Como jefa de toda esa estructura, la justicia colocó a Cristina Kirchner, que ha evitado la prisión preventiva gracias a su fuero como senadora.
Los presos kirchneristas denunciaron siempre que fueron víctimas de una persecución judicial orquestada por el macrismo para terminar con la oposición. El año pasado, durante la declaración en el primer juicio oral que enfrenta y días antes de jurar como vicepresidenta, Cristina Kirchner habló de lawfere, utilizando el término con que se define el uso abusivo de las causas judiciales por parte del poder político y mediático. Fernández ha retomado el término aunque deja claro que una cosa es un preso político y otra la víctima de una “detención arbitraria”, como prefiere considerar a De Vido y al resto de sus compañeros de partido.
“En Argentina hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo. Mucha de esa gente lleva años de encierro pese a que la ley les permitiría soportar esos juicios en libertad”, dijo el presidente en una declaración que el vídeo fecha en agosto de 2019, antes de ganar las elecciones. El vídeo afirma más adelante que durante el mandato de Mauricio Macri, Argentina “sufrió graves violaciones a los derechos humanos, y el Estado de derecho fue vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución del lawfare”. Y recupera el informe del Relator especial sobre la independencia de los abogados y magistrados de la ONU, Diego García Sayán, donde se advertía de la existencia “de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial” en la argentina de Macri.
«A dos meses del Gobierno comenzamos a reparar los daños realizados, exigiendo que se revisten los procesos judiciales y arbitrarios», dice el vídeo en un sobreimpreso. Por si el kirchnerismo duro no lo tenía claro, no habla de presos políticos y defiende la tesis de que la solución a las prisiones preventivas de los altos dirigentes tendrá que resolverse en los juzgados.
El macrismo respondió a las acusaciones de Fernández. En un largo comunicado, la alianza que impulsó la reelección de Macri dijo que el vídeo «es de una gravedad inusitada, porque se trata de un ataque directo a la independencia de los jueces, porque respalda el plan para garantizar la impunidad de ex funcionarios procesados y condenados por corrupción, y porque pretende quitarle a Juntos por el Cambio su legitimidad democrática».
La reforma de las pensiones
La embestida de Fernández coincide con una reforma que pretende terminar con los privilegios del sistema de pensiones de jueces y funcionarios judiciales. La reforma, que esta semana entra al Congreso, prevé que los magistrados deberán aportar hasta el 18% de su salario al sistema previsional, del 11% actual. Además, ya no podrán jubilarse con el 82% de su último ingreso, sino con un promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años. A los beneficios jubilatorios, los jueces suman que son los únicos argentinos que no pagan impuestos a la renta sobre sus salarios, una anomalía que ningún gobierno se ha animado a eliminar.
La idea oficial es que haya un plazo de dos meses de gracia para que los jueces que quieran jubilarse bajo el régimen actual lo hagan. De concretarse, se producirá una avalancha de deserciones en los juzgados que dejará al gobierno las manos libres para nombrar nuevos magistrados.
Fuente: El País