Bukele y la violencia en El Salvador: cuánto ha influido en la reducción de homicidios el plan de seguridad por el que el mandatario militarizó el Congreso

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lleva semanas lanzando preguntas similares a la oposición ante sus dudas sobre la aprobación de un préstamo con el que seguir financiando su estrategia de seguridad.
Según el gobierno, el llamado Plan de Control Territorial es el responsable directo de que El Salvador haya pasado de ser uno de los países más violentos del mundo a que el pasado enero se convirtiera «en el mes con menos homicidios desde la Guerra Civil», como aseguró Bukele.
Sin embargo, su firme apuesta por este plan fue mucho más allá cuando el pasado 9 de febrero irrumpió rodeado de militares en la Asamblea Legislativa, en la que él mismo había convocado una sesión extraordinaria para votar la financiación de su estrategia.
Bautizado popularmente como «Bukelazo», la imagen de un Congreso militarizado provocó una enorme crisis y duras críticas por parte de organismos internacionales y la oposición, que lo calificó de «autogolpe» y de «día negro» para la democracia en un país donde las heridas del conflicto armado interno están aún muy recientes.
Finalmente, el ultimátum para la aprobación de una semana que Bukele dio a la Asamblea -en la que su partido no tiene representación- quedó en el aire cuando la Corte Suprema le ordenó respetar la separación de poderes y abstenerse de usar las Fuerzas Armadas «para actividades fuera de la Constitución».
Bukele anunció que acataría las medidas cautelares pero confía en que su plan acabará recibiendo la luz verde como única forma de garantizar que los asesinatos seguirán disminuyendo en el país.
Muchos analistas, en cambio, descartan que esta histórica reducción de la violencia se deba a una estrategia de seguridad que, en su opinión, no aporta nada nuevo respecto a lo hecho por gobiernos anteriores.

¿A qué se debe la bajada de homicidios?

Las cifras oficiales son claras y apuntan a un notable descenso en el número de homicidios en El Salvador, donde la tasa por cada 100.000 habitantes pasó de 51 en 2018 a 35,8 el año pasado.

Pero la curva descendente es mucho más notable desde que Bukele asumió como presidente en junio y anunció su plan de seguridad semanas después. Desde julio, la cifra mensual de homicidios se mantuvo siempre por debajo de los 200.
El récord a la baja llegó en enero, con 119 homicidios y una media diaria de 3,8 (un 60% menos que el mismo mes del año anterior). Según celebró el gobierno, se trata de la cifra más baja desde los Acuerdos de Paz de 1992.
Para el criminólogo salvadoreño Ricardo Sosa, la disminución de la violencia en el país sí se debe al plan impulsado por el gobierno de Bukele y no puede atribuirse a una decisión unilateral del crimen organizado y las pandillas.
«De lo contario, sería reconocer que ellas tienen el control de la seguridad pública de El Salvador, y eso no es así», le dice a BBC Mundo, a la vez que destaca la también reducción de otros delitos de alto impacto como robos o secuestros.
Pero otros expertos creen que esta estrategia, que busca fortalecer la presencia de ejército y policía con miles de efectivos en zonas controladas por maras, no está detrás de las últimas cifras al no suponer ninguna novedad respecto a políticas de «mano dura» ya vistas en el pasado del país.
«Más que un plan de seguridad, esto es un plan de comunicación para mostrar que el presidente tiene el control, algo que puede tener buen impacto para su imagen pero que a la larga será dañino para las instituciones del Estado y la población», pronostica Sofía Martínez, experta en seguridad en Centroamérica.
De hecho, diversos analistas vinculan la disminución de la violencia a factores ajenos a la política del gobierno como a un posible plan de las pandillas para dejar de cometer asesinatos con el objetivo de evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo que les permitiría mantener su control de territorios y seguir dedicándose a la extorsión.
«Esto es algo que interesa a las pandillas porque viven de las extorsiones. Así que si el gobierno de algún modo les deja el espacio para que sigan extorsionando con la condición de que no maten, puede sacar crédito de que los homicidios bajan aunque la realidad en el terreno siga siendo igual de preocupante», apunta Martínez.
Otros consideran que la reducción de asesinatos podría entenderse como un gesto de buena voluntad de las pandillas hacia el nuevo Ejecutivo.
Martínez recuerda que «las pandillas tienen la palanca para subir o bajar los homicidios. El día que quieran mandar el mensaje contrario a Bukele, las cifras subirán para provocar o pedir alguna concesión, como hemos visto en el pasado».
Por ello, cree que «la bajada de homicidios en El Salvador es un poco como un espejismo».

Un plan con logros y desafíos

El Plan Control Territorial fue anunciado por Bukele como una iniciativa de siete fases, de las que dos ya fueron implementadas.
La primera fase supuso la salida a las calles de cientos de policías y militares. La fase 3, para la que Bukele espera la aprobación de un préstamo de US$109 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica, pretende mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad.

Sosa destaca del plan del gobierno el hecho de que las fuerzas de seguridad desplegadas se estén manteniendo en las zonas más conflictivas de manera continuada.
«Lo que teníamos hasta ahora era su presencia por un máximo de 72 horas. Luego se retiraban y las estructuras criminales regresaban al territorio. Esto marca un giro trascendental», afirma.
Martínez, sin embargo, descarta que la presencia masiva de fuerzas armadas vaya a lograr que las pandillas se vayan.
«A nivel de propaganda puede funcionar, pero es que las pandillas están muy integradas en el tejido social. Cuando nacen, crecen y se reproducen en un vecindario, el ver policías no va a hacer que esos pandilleros se vayan del barrio», opina.
Sosa apunta que un gran desafío de la estrategia es su sostenibilidad financiera, por lo que apuesta por la participación ciudadana para lograr que los últimos indicadores se mantengan.
«El combate y represión de las fuerzas de seguridad tienen un límite, por lo que si no se involucra a la sociedad para que participe de manera activa, los resultados no pueden ser sostenibles en el tiempo», argumenta.
Martínez también reconoce puntos positivos en el plan como el hecho de que la fase 2 apuntara a la reconstrucción del tejido social -extremadamente dañado desde el fin de la guerra civil- para enfrentar el problema de la violencia.
«Proyectos de reforma social y de fomento de empleo son más difíciles de vender por un gobierno, pero eso sí que ayudaría a bajar los homicidios y no solo la persecución criminal», afirma.

La sombra de la negociación

La posibilidad de que el gobierno de Bukele haya llegado a algún tipo de acuerdo con las pandillas también se ha escuchado como unas de las posibles causas detrás de esta reducción de homicidios.
Pero el criminólogo Sosa niega que haya ningún indicio que apunte a esta teoría. Es más, recuerda que en los últimos meses se detuvieron varios líderes de las pandillas y estas siguieron asesinado a miembros de las fuerza de seguridad, lo que desmontaría cualquier hipótesis de pacto.
Además, recuerda que la disminución de homicidios ha sido muy dispar en las distintas zonas del país.
«Si existiera un acuerdo, la disminución sería igual en todos los municipios. Policía y Fuerzas Armadas siguen teniendo problemas porque siempre hay resistencia del crimen organizado y las pandillas», explica.
Martínez, si bien asegura que no le consta que exista un diálogo actual entre gobierno y pandillas, defiende que la única forma de atajar el problema es a partir de algún tipo de negociación.
«En función de lo que vimos en la tregua anterior, la transacción es bajar los homicidios -que interesa al gobierno- por mejora de las condiciones carcelarias de los líderes de las pandillas. Es un ‘ganar-ganar’ para los dos», apunta.
Sin embargo, hablar de diálogo con pandillas es algo muy controvertido en El Salvador y enfrenta una gran oposición popular, lo que podría ir en contra de la imagen de «mano dura» expuesta hasta ahora por Bukele.
«Pero creo que este presidente está dispuesto a lo que sea por mantener y aumentar su poder. Y si eso requiere dialogar con las pandillas, no me cabe ninguna duda de que lo va a hacer y de que tiene líneas abiertas con los líderes de las mismas», concluye.
Fuente: BBC Mundo