La credibilidad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, está en juego y se fortalecerá —o erosionará — dependiendo del avance de la COVID-19 en los denominados «centros de contención» y de su capacidad de gestionar un ambicioso plan de subsidios. A la fecha, según el análisis de especialistas, la Administración Bukele está caracterizada por la improvisación y el populismo, en el marco de un estado de excepción impuesto para hacerle frente a una pandemia.
A menos de un año de haber asumido el cargo, Bukele es señalado de poner en riesgo a miles de personas al exponerles a situaciones que propician el contagio del coronavirus, tanto para quienes se encuentran en cuarentena obligatoria, como para quienes esperan una ayuda gubernamental para subsistir. Es así como el joven presidente se enfrenta a una de las más grandes pruebas de su mandato.
La gestión de la Salud Pública
«La actual Administración va a pasar a la historia porque las medidas que se tomaron en la fase de contención —para retardar la llegada del virus al territorio nacional— fueron plenamente exitosas, en la fase inicial. Una cosa muy diferente es la implementación del sistema de cuarentenas», explica a DW el médico infectólogo Jorge Panameño, uno de los más reconocidos especialistas en la nación.
«El objetivo de una cuarentena es tratar de identificar a un probable portador de un agente infeccioso antes de que entre en contacto con la comunidad. Este mecanismo de Salud Pública y de epidemiología tiene normas y protocolos», dice el médico quien agrega que tales protocolos no fueron seguidos por lo que «en este momento, el principal foco de infección en El Salvador son los centros de contención. El problema es que tenemos una población de casi 3.000 personas, en las cuales el virus ha circulado activamente», asegura Panameño.
El médico afirma que en dichos centros «se mezcló pacientes que estaban confirmados como positivos del coronavirus con pacientes que estaban con sospecha y con eso ya se les puso en riesgo». Esto, explica el doctor, podría haberse evitado si se hubiesen seguido «los principios fundamentales de enfermedades infecciosas». Asimismo, lamenta que epidemiólogos, salubristas e infectólogos no fueron llamados para colaborar con el Gobierno, y sentencia que «la letalidad que ahí se dé, va a ser sustancialmente condicionada por el grado de exposición que estas personas tuvieron desde el momento que llegaron al aeropuerto de El Salvador y luego en la manera en que fueron manejadas».
La gestión de los subsidios
El 30 de marzo de 2020, los lineamientos presidenciales —transmitidos como es usual por Twitter— causaron una aglomeración masiva de personas en los Centros de Atención por Demanda (CENADE), del Ministerio de Economía, en busca de un bono prometido de 300 dólares. Esto violó la cuarentena domiciliar obligatoria que el país había mantenido por nueve días y que terminó con tumultos de gente pobre, incluidos adultos mayores, que fueron reprimidos por agentes de los cuerpos de seguridad con gases lacrimógenos.
Dos días antes de las aglomeraciones, el mandatario salvadoreño informó sobre la entrega del bono a las primeras 200.000 familias de un total de «1,5 millones de hogares salvadoreños (75 por ciento de la población)», que tendrían «su subsidio monetario, completo y en el tiempo que habíamos planificado». No obstante, Bukele aclaró que el sitio web tenía problemas técnicos, que luego calificó como ataques cibernéticos. Además, vaticinó posibles errores en la distribución de los fondos, para lo que dio como solución hacer su reclamo por Internet o físicamente.
Yolanda Hernández es una líder de la Comunidad El Espino, personas que fueron desalojadas de su lugar de origen. Su comunidad —que vive en condiciones muy precarias— se inscribió por completo en la base de datos del Ministerio de Vivienda para poder acceder a una casa digna. Según Hernández, con dicho censo, el Gobierno ha visitado a cada familia para entregar paquetes de pasta de soya y planificar su lenta y poco fructífera reubicación. Sin embargo, y en tiempos de la pandemia, no toda la comunidad fue beneficiada con el bono prometido porque, explica Hernández a DW, la distribución se basa en un «censo del Ministerio de Economía».
La cartera de Economía gestiona la entrega del bono con el que se benefició la madre de Hernández porque «ella estaba en una base de datos para recibir un subsidio al gas propano». Sin embargo, «hay vecinas mías que no salieron beneficiadas. Ellos toman la base de datos del Ministerio de Economía, pero no toda la comunidad está censada ahí», declara.
«Se están viviendo las repercusiones de un manejo populista en relación a las medidas de emergencia por parte de la Presidencia», declaró a DW Celia Medrano, directora de Programas de Cristosal, una organización regional defensora de derechos humanos. «Estamos hablando no de hechos manipulados con fines ideológicos o políticos, sino de que el manejo populista de la necesidad de la población ha hecho que las personas, convocadas por la Presidencia para recibir este bono, rompieran las normas que desde el mismo poder Ejecutivo se ha insistido que deben de cumplirse», afirma Medrano y denunció que además «se está generando la manipulación de la ayuda» ya que quienes se inscribieron «están recibiendo paquetes de alimentos básicos con el sello de la primera dama de la República y con unidades de propaganda de la misma Presidencia».
«Cada vez es más evidente que la generación de pánico, alrededor de la pandemia, ha sido un elemento utilizado desde el Ejecutivo para poder tener mayor control en la población», declaró Medrano. «Se está castigando a las personas por su pobreza, se les está exponiendo a contagiarse a partir de medidas improvisadas y queda muy claro que la militarización del país no es un elemento que haya contribuido a que la pandemia no se propague. Por el contrario, tanto los centros de contención y las detenciones arbitrarias se han convertido en los dos principales factores de propagación de la pandemia”, sentenció Medrano.
Fuente: Dw