La Plataforma Agroalimentaria Nacional (PAN) hizo llegar a los medios de comunicación un remitido, en el cual rechaza el reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), encabezada por Luis Parra
Según la PAN, el remitido se envía en virtud de que el TSJ realizó un pronunciamiento en fecha 26 de mayo del presente año de 2020, en el cual admitió como válido el quórum de diputados asistentes de la AN que, sin ningún sustento cierto y violando todo principio probatorio de la parte interesada, dio por establecido haberse cumplido en la sesión del día 5 de enero del 2020, y donde se designó una nueva junta directiva de dicho poder legislativo.
Incluso, llama la atención del hecho de que en anterior decisión el mismo TSJ había declarado la imposibilidad de aceptar como valido dicho quórum; por lo que, a su juicio, entra en contradicción en ese sentido.
De seguidas la PAN trae a colación el pronunciamiento realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a favor del Decreto, publicado en Gaceta Oficial número 41.038 del 27 de diciembre de 2017, y emanado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC); por medio de cual se suspendieron del espectro político venezolano a partidos y organizaciones políticas, entre ellos, Acción Democrática (AD), Encuentro Ciudadano (EC) Voluntad Popular (VP), Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia, y que, por lo demás, tanto el pronunciamiento del TSJ del 26 de mayo del corriente año; como dicho Decreto de la ANC hace apreciarlos como política generalizada en el Estado venezolano.
“Nuestra Constitución establece textualmente que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Y que la Carta Magna, además, en su artículo 62 consagra los derechos políticos a todos los ciudadanos directamente o por medio de representantes elegidos; aparte de que en su artículo 67 se contempla el derecho de todos a asociarse mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección; razón por la cual la PAN procede a enviar dicho remitido a los medios de comunicación; pues, a su juicio, la dignidad es un derecho ciudadano y del individuo en el contexto social, que, al igual que los derechos políticos, constituyen derechos humanos, el cual no puede ser violada errónea o intencionalmente.
A ese respecto la PAN acuerda rechazar todo acto que menoscabe, limite, impida, coarte o atente contra la dignidad humana; como a desenvolverse en un Estado democrático, social de derecho y de justicia y, en consecuencia, a un sistema de gobierno democrático que igualmente afecte el ejercicio de los derechos políticos, y que rechaza, asimismo, la suspensión, exclusión, invalidación o eliminación del espectro político venezolano, cualquier organización política o personero político mediante actos o pronunciamientos reñidos con el orden democrático y la justicia, o mediante hechos que evidencien contradicciones en la administración de justicia y el respeto a los derechos constitucionales.
El remitido está respaldado por los ex ministros Enrique Colmenares Finol y Aura Loreto; por el presidente y vicepresidente de la CTV, José Elías Toro y Tomás Terán, respectivamente; por los diputados Romel Guzamana y Luis Alberto Hidalgo; por Alirio Olivares, ex presidente del IAN y Orlando Martínez, ex presidente de Mersifrica; además del presidente de la PAN, Egildo Luján.
Fuente: La Razón
Agrotécnicos rechazan reconocimiento del TSJ a la AN/Parra
