“Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, destacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su primer informe país sobre los derechos humanos en Cuba dado a conocer el 4 de junio último.
Aunque la censura y las violaciones de derechos humanos en la Isla no son un fenómeno nuevo, en los últimos meses varias organizaciones internacionales y medios de comunicación han denunciado a Cuba simultáneamente. Entre ellos: Cubalex, Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), Prisoners Defenders, Freedom House, Amnistía Internacional, Article 19, Civil Rights Defenders, Cubanet, El Estornudo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Access Now.
Los pronunciamientos, referidos a la libertad de expresión, se han enfocado en manifestar la desaprobación al Decreto-Ley (DL) 370, Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba.
Contexto
Los cinco últimos años hemos presenciado en Cuba un aumento de medios de prensa y de periodistas independientes; todo ello ha sido posibilitado por el mayor acceso a internet. Pero, a la vez, ha aumentado la censura, las restricciones, agresiones, acoso y encarcelamientos de periodistas independientes por parte de los órganos represivos del régimen de La Habana.
Para un sistema que por más de 61 años ha ejercido el monopolio de los medios de comunicación, el ejercicio de la prensa independiente ha representado un peligro para su impunidad y permanencia en el poder. La mayoría de los sucesos obviados o manipulados por la prensa oficial son cubiertos o informados por los periodistas independientes o aquellos denominados ciudadanos.
Por este motivo, el régimen se ha enfocado en perseguirlos y en imponer disposiciones legales sumamente restrictivas y ambiguas, como lo es el DL 370, también conocido como Ley Azote a la libertad de expresión en Cuba.
Esta norma legal fue impuesta en julio de 2019. Desde el inicio del documento, se percibe el matiz ideológico, intolerante y discriminatorio, pues se declara que una de sus intenciones es consolidar las conquistas del socialismo y “el uso y desarrollo de las TICs, como instrumento para la defensa de la Revolución”.
Según el artículo 68, inciso i, se considera una contravención asociada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
Los artículos 70 y 71 establecen las multas (de 3 mil o 10 mil pesos) y el decomiso “de los equipos y medios utilizados para cometer las contravenciones”.
Desde enero de 2020 hasta la fecha, se cuentan decenas de multados y amenazados por esta regulación. La mayoría han sido periodistas independientes, reporteros, activistas o disidentes.
Todas las sanciones han sido ordenadas por los oficiales de la Seguridad del Estado cubana y obedecen a publicaciones, en redes sociales, contrarias “al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
Por ejemplo, a Ángel Mario Peña lo multaron con 3 mil pesos por haber denunciado en su perfil de Facebook el desalojo de una familia; a Niober García, por reportar las precarias condiciones de un poblado para enfrentar el coronavirus; a Diosvani Zalazar, por decir en su cuenta de Facebook que los funcionarios gubernamentales se alimentaban mejor que los niños en las escuelas; y a Yankiel Gutiérrez, por promover una campaña nacional para exigir a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) que baje los precios de internet.
La mayoría de las multas y confiscaciones de equipos de trabajo se implementaron en medio de la crisis por la COVID-19. Debido a esta escalada represiva, varios multados y cubanos indignados, el 19 de abril de 2020, dieron a conocer la Declaración contra la Ley Azote.
“El DL 370 es el escarmiento, la ejecución pública de aquellos con criterios propios, a quienes intenta quebrantar, ya sea obligándolos a desistir de sus denuncias u opiniones, o a abandonar el país. El excesivo monto de las multas (120 dólares, cuando un salario mínimo es de 16 dólares mensuales) haría temblar las rodillas a cualquier ciudadano, porque pocos cubanos podrían disponer de tales recursos. El 370 es hoy lo que era para los esclavos, durante la etapa colonial, el látigo, el azote, el castigo por rebelarse contra el opresor”.
Asimismo, los firmantes, “conscientes de que informar, opinar y expresarse libremente no constituyen delitos, y de que las leyes injustas se deben cambiar, no acatar”, manifestaron que no pagarían las multas derivadas de la aplicación de esta disposición ni ninguna otra que viole sus derechos humanos.
Para recaudar firmas, el documento se hizo público a través de la plataforma Avaaz. Fue entonces que organizaciones internacionales y medios de comunicación manifestaron su apoyo a los multados y amenazados, y comenzaron a exhibir informes de denuncia a Cuba.
Mientras, en la Isla, el enfrentamiento al 370 resultó en la fundación del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión (MOLE). Esta organización pretende promover acciones para la derogación de todas las regulaciones nacionales que atenten contra la libertad de expresión en Cuba, mantener la vigilancia sobre los actos del gobierno que puedan coartar la libertad de expresión y difundir la educación cívica en los ciudadanos cubanos.
Finalmente, el 8 de junio se presentó la petición de inconstitucionalidad del DL 370 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.
Los más de sesenta suscriptores iniciales presentaron la petición a nombre de “poco más de 500 personas residentes en Cuba y de alrededor de 3 mil 100 personas de origen cubano y otras 83 nacionalidades, quienes desde el 19 de abril de 2020 hemos firmado la Declaración contra el Decreto-Ley 370: Ley Azote”.
Los peticionarios declararon que su reclamo se sustenta en que el DL 370 y su legislación complementaria establecen restricciones a la libertad de expresión que contradice lo dispuesto en los Artículos 8, 40, 41, 54 y 228 de la Constitución vigente y lo prescrito en tratados internacionales en vigor para la República de Cuba, entre ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
“(…) la libertad de expresión constituye la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas y la base para el pleno goce de una amplia gama de otros derechos humanos, por tanto su restricción ilegítima también constituye una limitación al ejercicio de otros derechos humanos, tales como libertad de reunión y de asociación, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, participación en la dirección de los asuntos públicos y ejercicio del derecho de voto, lo cual constituye una violación de los principios de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos reconocidos en el Artículo 41 de la Constitución”, detalla el texto.
Desde entonces, varios de los firmantes han sido amenazados por la Seguridad del Estado y uno de ellos fue obligado a retractarse. También, con el objetivo de denigrar el esfuerzo, varios de los promotores de la campaña han sido atacados en redes sociales por las llamadas ciberclarias: cibercombatientes al servicio de la dictadura.
Pese a haberse regido por las regulaciones establecidas para ello, el 30 de junio la Asamblea Nacional del Poder Popular dio acuse de recibo de la petición y emitió: “se aprecia que la pretensión no se ajusta a los requisitos exigidos en la Ley 131 de 2019, de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado”.
Esta no ha sido una sorpresa, pero se trata de recurrir a las leyes nacionales para así evidenciar aún más las arbitrariedades de la dictadura cubana. Laritza Diversent, directora de Cubalex, manifiesta que gran parte de sus denuncias no son aceptadas por los organismos internacionales de derechos humanos porque un requisito establecido por estos es que primeramente se apele a las instancias nacionales.
Periodismo independiente en Cuba, destello de libertad
Definitivamente, internet ha cambiado las dinámicas y las maneras de hacer periodismo en Cuba; y, a su vez, se ha convertido en el espacio de libertad, esa de la que han despojado a los cubanos por más de 61 años.
Debido a ello, ha aumentado la represión, las regulaciones de salida del país, los desalojos, interrogatorios, amenazas, multas y encarcelamientos de periodistas independientes.
La amenaza contra todos los que en Cuba ejercemos la profesión es que optemos por el exilio, de lo contrario iremos a la cárcel. Roberto J. Quiñones, periodista condenado a un año de privación de libertad, es el escarmiento.
En mi caso, han comenzado a armar un expediente criminal. Ya son dos las falsas acusaciones que pesan en mi contra: “evasión de presos o detenidos” y “violación de domicilio”.
Para la dictadura cubana no importa que no existan pruebas ni testigos de los supuestos delitos, sino aplastar cualquier síntoma de disidencia o confrontación al poder impuesto.
Eso les ha funcionado por más de 61 años pero el contexto ha cambiado. La sociedad civil cubana ha ido ganando en conciencia y se ha comenzado a perder el miedo a los horrendos castigos. Muchos sabemos que de no pagar las multas, no seremos los primeros que terminamos en prisiones. En ese caso estamos dispuesto y lo asumimos. No queremos ser otra generación que desgasta su vida bajo la bota de un país déspota y tirano.
Tenemos la esperanza de que la libertad está cerca. Sabemos que los últimos días de las dictaduras, según la historia, son los más nefastos, pero también tenemos la voluntad, a pesar de los severos castigos, de enfrentarlos.
Nada nos hará callar, sobre todo a los periodistas independientes que tenemos la obligación de informar la verdad por encima de todo. En esa honestidad, que supera el miedo, confiamos.