El 4 de julio de 2019, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet presentó un contundente informe sobre las violaciones de DDHH en Venezuela. El comisionado presidencial, designado por Juan Guaidó en la materia, Humberto Prado denunció este lunes que luego de un año, 23 recomendaciones contenidas en el escrito para revertir la situación no se han acatado.
“Las recomendaciones emitidas por la alta comisionada no han sido cumplidas por el régimen, toda vez que continúa incentivando a las fuerzas de seguridad y a los colectivos a ejecutar actos de persecución, represión y estigmatización por motivos políticos”, alertó Prado.
El comisionado presentó el informe Contumacia institucional: a un año del informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, en el cual se advierte que “no existen mecanismos coactivos que, desde el fuero interno, obliguen al Estado” a aceptar y ejecutar las recomendaciones de organismos internacionales de DDHH del calibre de la ONU. Tampoco “a hacer cosa contraria a lo que la voluntad de sus gobernantes” dictamina.
En una actualización oral, Bachelet reconoció el jueves 2 de julio ante el Consejo de DDHH de la ONU, que las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos y demás críticos a la gestión de Nicolás Maduro, persisten en Venezuela. Advirtió, además, que el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia y sin el consenso de las fuerzas políticas, disminuyen las condiciones para procesos electorales “creíbles y democráticos”.
Las Faes
Una de las sugerencias, recordó Prado, fue la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes), considerado por Bachelet como un cuerpo de exterminio. En lugar de ello, el régimen de Nicolás Maduro, no solo brinda respaldo público al organismo de seguridad, sino que ha ampliado sus funciones a labores de inteligencia con fines de represión política.
“A las Faes se le atribuyen más de 972 ejecuciones extrajudiciales y por ello Bachelet llamó a eliminarlas. La única vez que el régimen se pronunció sobre actuación de la Faes y abrió una investigación fue por la muerte de un escolta de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela”, cuestionó.
El 12 de junio, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, ordenó averiguaciones por el asesinato de Wilmer Yánez (escolta de Varela) y otras cuatro personas, en el sector El Limón de la carretera vieja Caracas-La Guaira, durante un operativo de las Faes. Dos días después, el Ministerio Público emitió órdenes de captura contra cinco funcionarios, por los delitos de homicidio calificado. “Las demás actuaciones de las FAES y las muertes son invisibles para la Fiscalía”, reprochó Prado.
Detenciones arbitrarias
Prado señaló que la alta comisionada de DDHH también exigió las liberaciones de presos políticos como el diputado Juan Requesens y el jefe del despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, entre otros, por considerarlas detenciones arbitrarias. Aseguró que las detenciones arbitrarias, consideradas crímenes de lesa humanidad y las medidas cautelares que impiden a los afectados hablar y salir del país, aumentaron en el último año.
Requesens, aprehendido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) sin orden judicial, sigue preso desde agosto de 2018, mientras que Marrero tiene un año y tres meses privado de libertad.
“Bachelet pidió que libere a los presos políticos y paren las detenciones arbitrarias, pero esto tampoco se ha cumplido. El grupo de la ONU contra las detenciones arbitrarias se ha pronunciado en torno a varios casos, como el de Juan Requesens y Gilber Caro, pero el régimen ha hecho caso omiso de esas peticiones”, expresó.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, a la fecha hay 420 presos políticos, de los cuales 294 son civiles y 126 militares.
El exhorto al rescate de la autonomía del Poder Judicial y la Fiscalía tampoco se ha acatado, acotó Prado, así el cese a la intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, producto de la extracción ilegal en el arco minero.
En el informe presentado por Prado, se indica que el 7 de junio de 2020 se remitió a la Oficina de la alta comisionada una comunicación diplomática con un resumen de cómo no se ha avanzado en el cumplimiento de las sugerencias de hace un año.
Prado también se refirió al endurecimiento de la cuarentena por parte de la gestión de Maduro, para cuestionar el tratamiento militar que se le da a un tema que es estrictamente sanitario.
“Se recurre a la represión, al control, en lugar de hacer campañas de concienciación, por eso las cifras (del COVID-19) se están expandiendo, por eso se violan derechos humanos”, dijo.
Fuente: Efecto Cocuyo