La Comisión Europea (CE) recomendó este martes 14 de julio a los países de la Unión Europea (UE) que no concedan ayudas públicas a las empresas que tengan lazos con los territorios de su lista negra de paraísos fiscales, en la que figura Panamá, en un momento en el que este apoyo se ha multiplicado por la pandemia.
Fijar las condiciones para recibir ayudas públicas es una competencia de cada Estado, por lo que Bruselas, a falta de poder legislar, ha optado por emitir una recomendación para que los países que quieran imponer estos requisitos lo hagan siguiendo las mismas pautas, en línea con las normas comunitarias y sin crear desajustes en el mercado único.
“Estamos en una situación sin precedentes en la que se están dando volúmenes sin precedentes de ayuda estatal a empresas en el contexto de la pandemia. Especialmente en este contexto, es inaceptable que empresas que se benefician de apoyo público lleven a cabo evasión fiscal a través de paraísos fiscales”, indicó en un comunicado el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.
La Comisión recomienda en concreto que no se den ayudas a empresas vinculadas a los 12 territorios de la lista negra: Panamá, Samoa Americana, Fiji, Fuam, Oman, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes de EEUU, Vanuatu, las Islas Caimán, Palau y las Seychelles.
Sugiere además que se apliquen restricciones a empresas que hayan sido condenadas por delitos financieros graves, como fraude, corrupción, impago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social.
Considera que utilizar la lista negra europea como base es el “mejor modo de aplicar tales restricciones”, pues permitiría que los países actúen de forma coherente, evitando medidas individuales que puedan ser contrarias a la ley comunitaria, y daría más claridad a las empresas.
Excepciones bajo “estrictas condiciones”
Bruselas plantea, no obstante, que haya excepciones bajo “estrictas condiciones” para proteger a las empresas que, aunque tengan vínculos con estos territorios, estén contribuyendo honradamente, por ejemplo, si pueden probar que han pagado impuestos durante tres años en el Estado europeo en cuestión o si tienen una presencia económica auténtica en los países de la lista.
Insta a los Gobiernos europeos a imponer sanciones para evitar que las firmas den información falsa, pero también a fijar requisitos “razonables” para que puedan probar que no tienen vínculos con paraísos fiscales.
La recomendación llega después de que algunos países hayan condicionado ya sus ayudas públicas por COVID-19 a que los beneficiarios no tengan lazos con paraísos fiscales y de que muchos hayan acudido a la Comisión en busca de directrices para hacerlo.
Fuente: Efecto Cocuyo