Analicemos el contexto. Argentina y Venezuela son dos países íntimamente ligados por una historia común, desde la Independencia hasta el día de hoy. Esa historia acompañó a ambos en los mejores momentos, así como también en los peores. Cuando potencias europeas, a principios del siglo XX, pretendieron con violencia cobrarse deudas de Venezuela, Argentina se opuso firmemente creando la doctrina Drago, vigente todavía.
Cuando la guerrilla guevarista empezó a operar en la Argentina, Venezuela abrió sus puertas para quienes necesitaban protección y, cuando irrumpió la dictadura en 1976, fue aun más generosa, ofreciendo becas (Becas Pérez Guerrero) a los numerosos exiliados para que estudiasen en los Estados Unidos. Hay que agregar los apoyos a las negociaciones sobre las Islas Malvinas y a la visita en 1979 de la CIDH, impulsada y presidida por el embajador venezolano, Manuel Aguilar.
Se podrían considerar muchos más episodios de convergencias y apoyos recíprocos que hacen de las relaciones entre ambos países hermanos algo muy especial e integral.
Con este contexto a la vista, resulta claro que cualquier asunto que afecte al pueblo venezolano es sensible en extremo y debe ser atendido con equilibrio y profesionalismo. Por todo ello, en modo alguno debería sorprender la posición argentina expresada en Ginebra por nuestro representante. Se trataba, nada menos, de la consideración de un informe cuidadosamente elaborado por la señora Michelle Bachelet (ex presidente de Chile, socialista, y muy amiga de la Argentina), actualmente en el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Este informe describe con rigurosa precisión y crudeza los continuos abusos del régimen de Maduro y sus duros efectos sobre el pueblo venezolano. Desde persecuciones, hambre, falta de alimentos, violaciones constitucionales y grupos armados irregulares al servicio del Gobierno. El éxodo de ciudadanos venezolanos es suficiente prueba de ello. Argentina, felizmente, ha dado una vez más muestras de amplitud abriendo sus puertas a numerosos hermanos venezolanos. El informe, cuya lectura debería recomendarse a nuestros niveles oficiales, concluye con una exhortación a todos los que tengan poder a ayudar para paliar la crisis en Venezuela que está “arrasándolo todo”.
Ahora bien, visto el contexto, el protagonismo de Bachelet y el contenido del documento, cualquier Gobierno argentino, el actual o los anteriores, hubiesen mantenido igual posición de fondo porque es la que responde a nuestras tradiciones diplomáticas más destacadas.
Veamos. Durante los últimos años, Argentina promovió una “solución venezolana” a los graves problemas humanitarios e institucionales en dicho país, oponiéndose a intervenciones militares o a sanciones económicas que, históricamente, han demostrado afectar más a los pueblos que a los dictadores (Cuba, Irak, Irán, Corea del Norte y otros). El Grupo de Lima surgió como resultado del desaliento y fracaso de las gestiones de personalidades del relieve de Felipe González, funcionarios de la Unión Europea, Canadá, EEUU y varios de América del Sur. El Gobierno de Mauricio Macri apoyó al Grupo de Lima, el presidente Alberto Fernández y su canciller Felipe Solá han mantenido la presencia argentina en el Grupo. El anterior Gobierno reconoció a la Dra. Trotta en carácter de representante especial de la Asamblea Nacional Venezolana, presidida entonces por Gualdo, pero no desconoció a los representantes normalmente acreditados por el Gobierno de Maduro. Jorge Faurie y Argentina registraban, con esa medida -jurídicamente ambigua- la actitud de numerosos países democráticos y respetuosos de los Derechos Humanos que no reconocían legalmente a Maduro y sí a Gualdo. Felipe Solá revocó esa designación cuando Guaidó dejó de ser presidente de la Asamblea Nacional Venezolana a principios del corriente año. Mauricio Macri mantuvo la representación argentina en Caracas -desde la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner- al nivel de encargado de negocios (jerarquía menor que embajador) y Alberto Fernandez ha preservado igual situación.
En conclusión, la actitud argentina en Ginebra no debe sorprender. Responde a las mejores continuidades y tradiciones sostenidas por Gobiernos de distintos signos políticos a lo largo de muchos años rechazando intervenciones contraproducentes de cualquier signo (República Dominicana, Guatemala, Cuba, Irak, Afganistán, Siria, entre otras). Endosa los términos de un informe impecable, elaborado por una personalidad del prestigio de Michelle Bachelet, que describe situaciones que son conocidas desde hace mucho tiempo y que requieren urgentes soluciones. Estas soluciones son responsabilidad de la comunidad internacional en su conjunto en razón que la defensa de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo es responsabilidad de todos los Gobiernos y de todas las personas.