En 2017 la minera Aratirí anunció que demandaría a Uruguay ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) por US$ 3.356 millones. En 2017 la minera Aratirí anunció que demandaría a Uruguay ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) por US$ 3.356 millones por considerar que el Estado uruguayo había modificado las reglas de juego con las que este grupo iba a realizar la extracción de hierro en la zona de Valentines.
Este jueves se conoció que Uruguay ganó este diferendo, de acuerdo a lo que informó el periodista Gabriel Pereyra y confirmó El País con fuentes del gobierno.
Los árbitros entendieron que no eran competentes para resolver este diferendo, dijeron a El País fuentes cercanas al caso, y añadieron que se trató de una cuestión de “jurisdicción”.
Se trata de un arbitraje que se desarrolló en Washington (Estados Unidos) y fue administrado por la Corte Permanente de Arbitraje bajo las reglas de las Naciones Unidas para el comercio mercantil internacional.
El exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que asumió la conducción de los juicios en el exterior, habia mencionado el 16 de diciembre pasado en conferencia de prensa tras reunirse con el actual secretario de la Presidencia Álvaro Delgado y su equipo que en esta demanda “tenemos razón y no la tiene Aratirí y vamos a salir gananciosos”.
En 2018 el entonces presidente Tabaré Vázquez se refirió a la demanda de Aratirí: «Estamos convencidos que así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar porque el país hace años que viene trabajando y blindándose para enfrentar esta instancia».
El grupo inversor (Zamin Ferrous) había anunciado en 2017 su intención de ir a un arbitraje y el 3 de julio de 2018 presentó la documentación ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El planteo lo hizo el grupo inversor en el marco del acuerdo de protección de inversiones que Uruguay tiene vigente con el Reino Unido.
La firma de origen indio, que en el año 2011 presentó un proyecto para instalar una mina de extracción de hierro en el pueblo de Valentines, consideró que la aprobación de la ley de minería en 2013 fue un cambio en las reglas de juego.
En un comunicado del año 2017, Zamin Ferrous indicaba que «el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva».
También señalaba que el gobierno le pidió a minera Aratirí ubicar el puerto de aguas profundas que utilizaría para exportar el hierro producido, básicamente hacia China, en un lugar específico, La Angostura, en un lote propiedad del Ministerio de Defensa en el departamento de Rocha.
«Luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas. La compañía mostró su buena voluntad y, a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto. Luego, el gobierno volvió a dar vuelta su posición y derogó las regulaciones sobre el puerto de aguas profundas, tornando aún más incierta la ubicación. Finalmente, cuando la compañía solicitó que se volviera al plan original propuesto por el gobierno, el Ministerio de Defensa se rehusó a permitir el uso de aquel lote a ese efecto», agregaba el comunicado.
El actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, quedó envuelto en una polémica a fines de enero cuando trascendió que realizó una asesoría técnica para un estudio jurídico contratado por Aratirí y que declaró en Washington en la audiencia final del juicio que la minera entabló contra el Estado uruguayo. El por aquel entonces gobierno electo emitió un comunicado en el que respaldó a Alfie, porque entre otras cosas “ni el informe ni la presencia de Alfie como experto ante el tribunal arbitral se expiden sobre el fondo de la controversia”. Este episodio despertó críticas de la oposición. La senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo Carolina Cosse consideró por aquel entonces que Alfie «debería renunciar» al cargo en OPP.