La sublevación de la Policía Bonaerense tuvo una consecuencia inesperada: destruyó las relaciones entre el Gobierno y el sector más dialogante de la oposición en Argentina. En una decisión de urgencia, el presidente Alberto Fernández decidió quitarle fondos a la ciudad de Buenos Aires, a cuyo frente está el opositor Horacio Rodríguez Larreta, para sufragar un aumento salarial a la policía de la provincia, controlada por los peronistas. Rodríguez Larreta reaccionó con un recurso a la Corte Suprema. La tregua que desde el inicio de la pandemia mantenían el presidente y el jefe del Gobierno porteño saltó por los aires.
La revuelta policial suponía un grave factor de inestabilidad para la provincia de Buenos Aires, el mayor feudo peronista en el país, con un gobernador, Axel Kicillof, que goza de la protección de la todopoderosa vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El presidente, cuya residencia oficial de Olivos había sido rodeada por agentes armados y furiosos, actuó sin dilaciones. En un discurso televisado anunció que reducía un 1% la aportación a la capital y destinaba ese dinero, unos 35.000 millones de pesos (437 millones de dólares), a un Fondo de Fortalecimiento Fiscal para a la provincia. El decreto de urgencia se publicó en la madrugada del jueves y pocas horas después el gobernador Kicillof mejoró los salarios de la Policía Bonaerense.
Alberto Fernández explicó que en 2016, cuando la ciudad autónoma de Buenos Aires creó su propia policía, el entonces presidente Mauricio Macri aumentó un 2,1% la aportación estatal con el fin de cubrir los costes de la nueva fuerza. Ese 2,1%, según Fernández, era demasiado generoso. “Advertimos que había un 1% de excedente. Este tema lo hablé muchas veces con Rodríguez Larreta, tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido”. Rodríguez Larreta, sin embargo, sí se mostró sorprendido al recibir la noticia minutos antes del discurso presidencial. Quedó, según sus colaboradores, furioso y dolido. Interpretó que su cooperación con la Casa Rosada desde el inicio de la pandemia, en marzo, había sido traicionada. Sus portavoces anunciaron un recurso ante la Corte Suprema.
Resulta imposible no interpretar la decisión del presidente como un éxito de la vicepresidenta y expresidenta. Cristina Fernández de Kirchner llevaba tiempo empeñada en romper las relaciones entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta para restaurar la polarización extrema y la “grieta” que caracteriza la política argentina. En ese ecosistema maniqueo se siente cómoda. A los “duros” de la oposición, encabezados por el propio expresidente Mauricio Macri, también les convenía erosionar la figura de Rodríguez Larreta, en su opinión demasiado dialogante. Llamó la atención el silencio de Macri durante la jornada.
Propuesta Republicana, el partido fundado por Macri y presidido ahora por Patricia Bullrich, sí reaccionó: a través de un comunicado calificó la decisión presidencial de “inconstitucional, injusta y prepotente” y añadió que suponía “la clausura del diálogo”. “La decisión no hace más que agrandar la grieta”, dijo Eduardo Macchiavelli, secretario de Ambiente en la ciudad y secretario general del PRO.
Cristina Fernández de Kirchner lleva tiempo lanzando mensajes sobre la supuesta desproporción entre el mucho dinero que recibe la ciudad de Buenos Aires y la miseria en que vive la provincia. No existe esa desproporción. En lo que va de año, la provincia ha recibido del estado 22.800 pesos por habitante, frente a los 23.300 por habitante asignados a la ciudad. La pequeña diferencia ha sido cubierta por las aportaciones extraordinarias realizadas durante la pandemia, casi la mitad de las cuales han favorecido a la provincia. En comparación, Tierra del Fuego ha recibido 109.000 pesos por habitante, y Catamarca, 85.300.
La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y la que registra mayores diferencias sociales, acumula problemas estos días. Las tomas de tierras y el aumento de la delincuencia se suman a un alto desempleo estructural y al daño económico causado por la pandemia. Tras recibir los fondos retirados a la ciudad, el gobernador provincial, Axel Kicillof, elevó el sueldo mínimo de la policía, el que percibe más de un tercio de los 90.000 agentes en ejercicio, hasta 44.000 pesos mensuales. Al cambio real, son 338 dólares. También subió las horas extras hasta 120 pesos (menos de un dólar). La protesta de la Policía Bonaerense pareció amainar con rapidez, aunque la inexistencia de líderes sindicales hacía imposible calcular el grado de aceptación del aumento salarial.