Un grupo de líderes y activistas políticos se reunieron este lunes para pedirle al presidente Donald Trump que no elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS) conforme a un fallo emitido por una corte federal que faculta al mandatario para poner fin a ese alivio migratorio del que se benefician 300.000 inmigrantes de Nicaragua, Haití, El Salvador y Sudán.
Al encuentro convocado por la Organización Hondureña Francisco Morazán asistieron la candidata republicana por el distrito 27 del Congreso federal, María Elvira Salazar, el activista venezolano Benjamín De Yurre, los abogados Diana Albite y Négar Granado, y la vocera de la asociación anfitriona Brenda Betancourt.
Salazar sostuvo que su propósito en el Congreso es convertirse en la “voz de todas estas personas” que, a su juicio, “no pueden ser deportadas por todo el aporte que le dan a este país”.
La periodista cubanoamericana, que compite por el escaño que hoy ocupa la demócrata Donna Shalala, exaltó la trayectoria de la organización que fue fundada por el activista hondureño Francisco Portillo, quien murió en agosto del año pasado, y dijo que conoce “muy bien” a la procedencia de las personas que podrían quedar sin TPS porque “viví en Centroamérica como reportera de guerra”.
La decisión adoptada por la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito significa que miles de inmigrantes de Nicaragua, Haití, El Salvador y Sudán podrían ser eventualmente deportados. Los permisos de trabajo de los beneficiarios del TPS de los cuatro países afectados por el nuevo fallo vencen el 4 de enero.
En la actualidad, hay más de 400.000 inmigrantes de 10 países que tienen TPS, incluyendo alrededor de 250.000 de El Salvador, 80.000 de Honduras y 4.500 de Nicaragua, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso.
El Estatus de Protección Temporal es una forma de ayuda humanitaria que se otorga a inmigrantes en EEUU que podrían enfrentar dificultades extremas si son forzados a regresar a países devastados por conflictos armados o desastres naturales.
De igual forma, De Yurre apuntilló que se trata de una “situación humanitaria” la que atraviesan centenares de familias que han quedado expuestas a una eventual deportación a sus países de origen.
“Los que una vez fueron inmigrantes y lograron un estatus en este país, hoy deben apoyar a los que ahora son inmigrantes”, subrayó.
Hasta el momento, a menos que haya un nuevo fallo o recurso judicial, las personas que han estado amparadas por el TPS tendrán que salir de los Estados Unidos.
Entretanto, Albite llamó a no llegar al “extremo de la desesperación” porque, dijo, “no hay un fallo definitivo” y la nueva decisión de la Corte podría ser apelada.
De otro lado, Granado pidió también “darle más atención a la diáspora venezolana” que también ha estado demandando un TPS desde hace varios años.
Finalmente, Betancourt puntualizó que “todos los ‘tepesianos’ [beneficarios del TPS] somos miembros de este país y contribuimos con nuestros impuestos”.
Y acuñó que “somos personas que vinimos a prosperar en este país”, por tanto, insistió en que a los inmigrantes cobijados por ese programa hay que “darles la mano para que se conviertan en ciudadanos americanos”.
Fuente: Diario las Américas
La periodista cubanoamericana, que compite por el escaño que hoy ocupa la demócrata Donna Shalala, exaltó la trayectoria de la organización que fue fundada por el activista hondureño Francisco Portillo, quien murió en agosto del año pasado, y dijo que conoce “muy bien” a la procedencia de las personas que podrían quedar sin TPS porque “viví en Centroamérica como reportera de guerra”.
La decisión adoptada por la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito significa que miles de inmigrantes de Nicaragua, Haití, El Salvador y Sudán podrían ser eventualmente deportados. Los permisos de trabajo de los beneficiarios del TPS de los cuatro países afectados por el nuevo fallo vencen el 4 de enero.
En la actualidad, hay más de 400.000 inmigrantes de 10 países que tienen TPS, incluyendo alrededor de 250.000 de El Salvador, 80.000 de Honduras y 4.500 de Nicaragua, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso.
El Estatus de Protección Temporal es una forma de ayuda humanitaria que se otorga a inmigrantes en EEUU que podrían enfrentar dificultades extremas si son forzados a regresar a países devastados por conflictos armados o desastres naturales.
De igual forma, De Yurre apuntilló que se trata de una “situación humanitaria” la que atraviesan centenares de familias que han quedado expuestas a una eventual deportación a sus países de origen.
“Los que una vez fueron inmigrantes y lograron un estatus en este país, hoy deben apoyar a los que ahora son inmigrantes”, subrayó.
Hasta el momento, a menos que haya un nuevo fallo o recurso judicial, las personas que han estado amparadas por el TPS tendrán que salir de los Estados Unidos.
Entretanto, Albite llamó a no llegar al “extremo de la desesperación” porque, dijo, “no hay un fallo definitivo” y la nueva decisión de la Corte podría ser apelada.
De otro lado, Granado pidió también “darle más atención a la diáspora venezolana” que también ha estado demandando un TPS desde hace varios años.
Finalmente, Betancourt puntualizó que “todos los ‘tepesianos’ [beneficarios del TPS] somos miembros de este país y contribuimos con nuestros impuestos”.
Y acuñó que “somos personas que vinimos a prosperar en este país”, por tanto, insistió en que a los inmigrantes cobijados por ese programa hay que “darles la mano para que se conviertan en ciudadanos americanos”.
Fuente: Diario las Américas