Los dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez se enmarcan dentro del período del bipartidismo y, curiosamente, marcan el comienzo y el final de los 20 años de esta etapa. Electoralmente se inicia con los sufragios de 1973, cuando el espacio se dividió en dos grandes toletes: AD y Copei, con las candidaturas de Pérez y Lorenzo Fernández. Concluye con las elecciones de 1993, cuando el espacio electoral se dividió en cuatro partes de similar tamaño y el fenómeno bipartidista encarnado por la socialdemocracia y la democraciacristiana pasó al olvido. Veamos los dos gobiernos de Pérez (radicalmente distintos) como expresión de este período histórico.
Los años del bipartidismo (1973-1993)
Este período que abarca 20 años de la vida nacional estuvo signado por la conformación natural de un sistema donde predominaron dos partidos políticos y una alternancia en el poder. Funcionó la tendencia a la polarización, por la llamada “economía del voto”, y desaparecieron los llamados “fenómenos electorales”. Este cuadro tuvo lugar dentro de un entorno contradictorio, signado por las variaciones de los precios del petróleo: muy altos entre 1973 y 1982, y bajos entre 1983 y 1993, manifestándose en la segunda etapa la irrupción de una realidad económica dramática.
La crisis de la deuda externa, la devaluación del signo monetario, la inflación, la fuga de capitales, el control de cambios comenzaron a ser situaciones comunes, antes desconocidas para los venezolanos. Además, de la agenda pública se adueñó el tema de la corrupción, convirtiéndose en el asunto de mayor importancia para el debate político. Estos 20 años, a su vez, son los de apogeo del bipartidismo y los de la gestación de la crisis del sistema de partidos políticos, y el futuro surgimiento de “la antipolítica”, del militarismo mesiánico, y el rechazo a las instituciones partidistas.
La primera Presidencia (1974-1979)
Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones de 1973 con 48,70% de los votos, también AD recuperó notablemente su caudal electoral, pasando de 25,57 % en 1968 a 44,44% de los sufragios en 1973. Este ascenso trajo como consecuencia que Pérez pudiera comenzar un gobierno el 12 de marzo de 1974 con gran apoyo popular, con definitivo respaldo en el Congreso Nacional, y con el impulso que traía de la campaña electoral, que se articuló sobre la base de un lema oportuno: “Democracia con energía”.
Esta consigna respondía a estudios de mercado electoral que indicaban que los votantes le reclamaban a la democracia su incapacidad para tomar decisiones, mientras añoraban la dictadura militar que las tomaba en exceso. Puede afirmarse que la campaña electoral de 1973 fue la primera que utilizó métodos modernos de mercadeo político, y logró convertir a un candidato que se le asociaba con la represión, dada su participación como Viceministro de Relaciones Interiores durante el quinquenio 1959-1964, en un hombre abierto a las grandes mayorías.
Pérez solicitó al Congreso Nacional en los primeros meses de 1974 “poderes extraordinarios” para gobernar por decretos y leyes, en materia económica y financiera durante un año, y el parlamento le concedió la “Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera”.
Esta concesión no sólo convertía al gobierno de Pérez en uno de los más poderosos de nuestra historia, hasta aquella fecha, sino que despertó muchas críticas de juristas que consideraban que el Poder Legislativo había claudicado sus atribuciones en el Poder Ejecutivo.
En todo caso, el gobierno comenzó a hacer uso de estos poderes y a administrar el alza inusitada de los precios del petróleo y, aunque Pérez manifestó que iba a “administrar la riqueza con criterio de escasez” la verdad es no fue eso lo que se vivió en Venezuela.
La nacionalización del hierro (1975) y la del petróleo (1976)
El 1 de enero de 1975 se nacionalizó la industria de la explotación del mineral de hierro con un acto en Puerto Ordaz. Concluía un proceso que se había iniciado en mayo de 1974, mediante el cual las concesiones que detentaban las empresas extranjeras expiraron el 31 de diciembre de ese año.
En paralelo, el gobierno fue adelantando la nacionalización de la industria petrolera que, dada sus dimensiones, presentaba mayores desafíos para el Estado. Se adelantó exitosamente, y el 1 de enero de 1976 la industria petrolera pasó a manos de la República, para tal fin se creó la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), como empresa holding de las operadoras que sustituían a las empresas extranjeras.
Buena parte del año 1975 la agenda pública estuvo tomada por la discusión en el Congreso Nacional del proyecto de Ley de la Nacionalización Petrolera. En particular se discutía el artículo 5 que le permitía al Estado adelantar asociaciones estratégicas puntuales con empresas extranjeras, en determinado aspecto de la industria petrolera.
Los críticos del proyecto de Ley consideraron que esto le abría una posibilidad tan grande a las empresas extranjeras que desvirtuaba la nacionalización misma, de allí que comenzaron a llamarla “nacionalización chucuta” para señalar su insuficiencia.
En el debate intervinieron muchos oradores, incluso ofrecieron discursos los expresidentes Betancourt y Caldera, y el primero leyó un texto que ha quedado como una suerte de resumen de lo que Venezuela hizo con su principal industria desde 1936 y hasta el año de 1975. Finalmente, con los votos de AD, la Ley se aprobó y la industria petrolera pasó a ser gerenciada por venezolanos.
El Estado empresario
El crecimiento de los precios del petróleo venezolano en los mercados internacionales había sido constante. El precio promedio de 1973 fue de 3,71 $ por barril, en 1974 pasó a 10,53 $ y siguió ascendiendo hasta 12,04 $ en 1978. De tal modo que una economía que venía funcionando con precios estables alrededor de 2,50 $ por barril desde 1950, comenzó a experimentar una abundancia de recursos económicos que el gobierno intentó sembrar de alguna manera.
Se crearon muchas instituciones en el área cultural (Biblioteca Ayacucho, Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Galería de Arte Nacional, Fundarte, Rajatabla), se dio inicio al Plan de Becas Gran Mariscal de Ayacucho, para que estudiantes venezolanos cursaran estudios en universidades del exterior y, también, el Estado comenzó a desempeñar tareas de empresario.
Durante el primer gobierno de Betancourt se creó la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) para que el Estado prestara labores de fomento de la industria privada nacional, y ahora no sólo se mantenía y se incrementaba el sistema crediticio del Estado para con los empresarios nacionales, sino que el mismo Estado creaba empresas públicas, en particular en áreas consideradas estratégicas o de las llamadas “industrias pesadas”.
Todo esto se adelantaba dentro del marco de una política pública continental, la de Industrialización por Sustitución de Importaciones diseñada por la Cepal y, en el caso específico venezolano, dentro del V Plan de la Nación, diseñado por Cordiplan, y conocido como el plan de “La Gran Venezuela”.
El modelo económico establecido en Venezuela, fundado en el proyecto de sustituir importaciones por producción nacional, se apoyaba en políticas arancelarias que tendían a gravar al producto importado, en defensa del nacional, y todo ello dentro de un sistema de control de precios, fijados por el gobierno. Este modelo que venía funcionando desde finales de la década de los años cuarenta, se vio repotenciado por el incremento de los precios del petróleo, cuando no sólo hubo recursos para prestarlos a empresarios privados, sino que el Estado mismo se dedicó a la creación de empresas.
Con tales niveles de ingresos en el Fisco Nacional, y gozando todas estas empresas estatales de autonomía administrativa, muchas de ellas pidieron préstamos para su crecimiento, y los obtenían con facilidad por parte de la Banca Internacional, ya que el respaldo de Venezuela era suficiente por sus ingresos petroleros. Ya para finales del gobierno de Pérez, algunos economistas señalaron que el nivel de la deuda pública era muy alto, pero la crisis se presentó luego, en 1983.
El tema de la corrupción en la agenda pública
Como se desprende de lo dicho, podemos observar cómo los recursos que el Estado recibía se tradujeron en su propio crecimiento, pasando a desempeñar tareas que antes no había desarrollado, con lo que el tamaño del Estado y su presencia en la vida pública se hizo cada día más grande.
Además, como era de esperarse, al circular tal cantidad de recursos en la economía nacional, pues la tentación de la corrupción se hizo presente, y este tema fue tomando espacio en la agenda pública. No sólo por parte de los partidos de oposición al gobierno, sino por uno de los precandidatos presidenciales del partido de gobierno: Luis Piñerúa Ordaz. Esto, por sí solo, habla de la dimensión a la que había llegado el problema y señala, además, otro asunto.
Me refiero al hecho según el cual Pérez gobernó en permanente comunicación con su partido, pero en AD muchos se resentían porque los funcionarios más destacados del gobierno no formaban parte de sus filas. Era el caso de Gumersindo Rodríguez, jefe de Cordiplan y redactor del V Plan de la Nación junto con el economista y músico José Antonio Abreu, entonces funcionario de Cordiplan; el de Carmelo Lauría, expresidente del Banco de Venezuela, que se desempeñó primero como ministro de Fomento y luego como ministro de Estado para las Industrias Básicas; el de Diego Arria, gobernador del Distrito Federal y presidente del Centro Simón Bolívar, todos ellos ajenos a AD e, incluso, en el caso de Rodríguez, expulsado del partido cuando la escisión del MIR. Quizás estas diferencias contribuyeron con la decisión de Piñerúa Ordaz de criticar desde AD la corrupción en el gobierno: caso extraño para la Venezuela de entonces, pero explicable desde esta perspectiva.
El cuadro electoral
No obstante y esta campaña acerca de la corrupción administrativa, para la que se contaba con indicios fundamentados, la popularidad de Pérez no bajó sustancialmente durante su mandato. Por el contrario, su carisma fue creciendo y acercándose a niveles de aceptación casi legendaria.
En cuanto al cuadro electoral que se avecinaba, el candidato que había escogido AD, Luis Piñerúa Ordaz, no formaba parte de los allegados a Pérez y, como vimos, buscaba desmarcarse del gobierno criticando la corrupción administrativa.
Lo mismo hacía el candidato de Copei, Luis Herrera Campíns, con quien las encuestas señalaban que polarizaba Piñerúa. Al final, Herrera obtuvo una diferencia pequeña, ganando las elecciones con 46,64% de los votos, mientras Piñerúa Ordaz obtenía 43,41%, alcanzando entre ambos 90% de los votos, 5% más que en la escena bipartidista de la elección anterior.
Quien parecía destinado a ser un fenómeno lectoral, Diego Arria, que dada su popularidad se había separado del gobierno y buscaba la presidencia, obtuvo 1,68% de los sufragios, por debajo de José Vicente Rangel y el MAS, quien alcanzó 5,17%, presentando un ínfimo crecimiento en relación con la elección anterior.
Concluía el primer gobierno de Pérez y, la verdad, es que su permanente viajar por el mundo, acudiendo a foros internacionales, lo erigió como un líder latinoamericano importante, sobre todo del conjunto que geopolíticamente se identificaba como el Tercer Mundo.
Pérez contribuyó decididamente con procesos democráticos en diversos países, y buscó entonar una voz propia en los escenarios internacionales, una voz que en el contexto de la Guerra Fría, representaba a los No Alineados: ni con un polo ni con el otro.
Su visibilidad internacional se hizo clara en estos cinco años de gobierno, sobre todo desde la tribuna de la Internacional Socialista, a la que pertenecía su partido, y de la que luego llegó a ser Vicepresidente. Una vez abandonado el cargo, a los analistas políticos les quedó claro que era muy probable que Pérez aspirara de nuevo diez años después, como lo pautaba la Constitución Nacional de 1961. Así fue.
No cabe duda de que el país cambió en muchos órdenes durante su primer mandato. Quizás el más señalado con el paso del tiempo sea el del tamaño del Estado y las esferas de influencia de la acción estatal, siempre dentro de la órbita de asignarle mayor protagonismo dentro de la vida nacional, no sólo como actor político sino como factor económico principal.
También, hay que decirlo, el país se aceleró: pasó de un ritmo presupuestario sosegado a otro, prácticamente vertiginoso, y las consecuencias de este impulso, dado por los precios del petróleo y la personalidad de Pérez, todavía se discute si fue conveniente o no.
En cualquier caso, a la luz de los hechos posteriores, todo el proyecto de endeudamiento público fue desastroso para la economía del país, pero hay que señalar que cuando se cuenta con altos ingresos, son pocos los que piensan en qué ocurrirá cuando no se disponga de ellos. En cuanto al trasfondo político de su gobierno, salvo que no escogió a los más conspicuos dirigentes de su partido para todos los cargos de significación, cumplió con las líneas trazadas por AD desde su fundación, y le tocó cumplir uno de los mayores sueños de su partido: la nacionalización de la industria petrolera.
También, el mandato de Pérez marcó el distanciamiento de su mentor político: Rómulo Betancourt, quien consideró probables las hipótesis de corrupción del gobierno del tachirense, y se empeñó dentro de su partido en una cruzada de saneamiento administrativo, encabezada por el candidato presidencial que Betancourt había respaldado internamente: Piñerúa Ordaz.
Este distanciamiento entre Pérez y Betancourt trajo hondas consecuencias dentro del partido. Además del tema de la corrupción administrativa, es cierto que Betancourt no se sentía cercano al equipo gubernamental que Pérez había escogido para la tarea, pero Pérez ya tenía fuerza propia como para imponer su voluntad. La tensa situación dentro de AD entre Betancourt y Pérez se prolongó después del gobierno durante dos años más, hasta que la muerte le salió al paso al fundador del partido, en 1981.
La Segunda Presidencia (1989-1993)
Las elecciones de 1988 arrojaron un resultado polarizado todavía mayor que el de los anteriores comicios. Carlos Andrés Pérez (AD), que se le sobre impuso a su partido como líder nacional, obtuvo 52,88% de los votos, mientras Eduardo Fernández (Copei) alcanzó 40,39% de los sufragios. Petkoff (MAS), como tercera opción obtuvo apenas el 2,71%.
El esquema bipartidista estaba en su apogeo, presentándose dos fenómenos a señalar: el voto cruzado y la economía del voto. El partido de Petkoff (MAS) obtuvo 10,14% de los votos para el parlamento, mientras su candidato la cifra señalada, lo que indica que muchos de los votos del MAS para el Congreso Nacional migraron hacia una de las dos opciones de triunfo en las presidenciales, por razones de economía del voto o, dicho de otro modo, de búsqueda de hacer efectivo el voto, más que simbólico o doctrinario.
Es necesario señalar que el elector no identificó plenamente al candidato Pérez con el gobierno de Jaime Lusinchi (AD), ya que Pérez tenía vida política propia, dado que su liderazgo no dependía de su partido y, en verdad, si AD no lo hubiera apoyado sus posibilidades de triunfo eran muy altas. Ya vimos como en su primer gobierno Pérez privilegió a independientes en su Gabinete Ejecutivo, y ahora se esperaba lo mismo.
Además, en el imaginario colectivo se asociaba a Pérez con la abundancia, “las vacas gordas”, de su primera administración, y fueron innumerables los votos que obtuvo, fundado en este recuerdo de abundancia, que brillaba mucho en tiempos de escasez. En muchos sentidos, este fue el recuerdo que invocó Pérez durante su campaña, muy distinto al que tuvo que implementar al no más llegar al gobierno: una política severa de ajustes macroeconómicos, no anunciados antes, que veremos luego.
La segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez comenzó con un acto de toma de posesión en el Teatro Teresa Carreño el 2 de febrero de 1989, y no en el Capitolio Federal, como había sido costumbre. Así ocurrió porque el número de invitados internacionales sobrepasaba la capacidad del viejo Capitolio.
Esto, además, señalaba que las relaciones internacionales de Pérez, lejos de disminuir desde que concluyó su primer mandato, habían crecido notablemente. Sin embargo, mucho se dijo entonces que la fiesta de asunción del cargo por parte de Pérez contrastaba con la situación del país, que sobrevivía con dificultad con los precios del petróleo deprimidos.
Cambio del modelo económico
El 16 de febrero el gobierno en alocución pública estableció las coordenadas del nuevo modelo económico que imperaría en el país, sustituyendo el que contaba con años de vigencia, el de Industrialización por Sustitución de Importaciones.
Para quienes no habían leído el Plan de Gobierno presentado por Pérez en la campaña, es decir, la inmensa mayoría de los venezolanos, el llamado “Paquete Económico” fue una sorpresa. Sobre todo para aquellos que votaron por Pérez creyendo que “por arte de magia” volverían las “vacas gordas” de su primer mandato.
El cambio en el modelo económico era sustancial. Si antes las tasas de interés las fijaba el Banco Central de Venezuela, ahora serían liberadas para que las determinara el mercado. Si antes el Estado era el gran empresario, constructor y comerciante diverso, ahora se privatizarían todas aquellas empresas de servicios públicos que pudieran estar en manos privadas prestando un servicio más eficiente.
Si antes se subsidiaba la gasolina, ahora se incrementaría su precio, con miras a llegar a un precio internacional. Si antes el Estado subsidiaba a la industria privada, cubriendo los márgenes que por diversas razones esta no podía alcanzar, ahora se eliminarían los subsidios. Si antes se protegía a la industria nacional fijando aranceles muy altos a los productos importados, ahora se eliminarían los aranceles y se abrirían totalmente los mercados, con ello se obligaba a las empresas venezolanas a competir en igualdad de condiciones con las foráneas que quisieran establecerse aquí, o traer sus productos desde fuera.
El conjunto de medidas económicas diseñaba el cuadro de una economía liberal ortodoxa, en perfecta conjunción con las medidas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitaba de los países que acudían ante sus taquillas para solicitar un préstamo, y esa era la situación de Venezuela, ya que durante el gobierno anterior se habían agotado las Reservas Internacionales, y para poder intentar un modelo de economía de mercado, era necesario disponer de un número más elevado de reservas, que permitieran el libre juego de la economía.
No obstante y la lógica de estos planteamientos, lo cierto es que Pérez había afirmado durante su campaña que no acudiría ante el FMI, mientras el diseño del Paquete Económico indicaba todo lo contrario, cosa que decepcionó muy rápido a los electores que habían oído sus discursos de campaña, pero no habían leído el Programa de Gobierno.
En el fondo, lo que buscaba el cambio de modelo económico era una revolución en el papel del Estado en la dinámica económica, pasando la iniciativa a la esfera privada, dado que los precios del petróleo habían bajado notablemente, y era imposible que el Estado cumpliera con su rol paternalista, cuando no disponía de los recursos para ello.
Una vez más, Venezuela se veía obligada a cambiar de rumbo en razón de la dinámica de los precios del petróleo. Además, la modificación se inscribía dentro de un cambio general en el planeta, ya que ese mismo año el Socialismo Real desaparecía, con la caída del Muro de Berlín, y la convicción de que el socialismo era incapaz de generar riqueza era generalizada, y prácticamente unánime. De tal modo que muchos países del mundo pasaron a desmontar sus sistemas estatistas. Venezuela no fue la excepción.
El estallido social de 1989: “El Caracazo”
La medida que tocó más sensiblemente el bolsillo de la gente fue el aumento del precio de la gasolina, que incidió de inmediato en el costo del pasaje del transporte colectivo. En Guarenas-Guatire se produjeron las primeras protestas en la mañana del 27 de febrero, pero muy pronto se extendieron a toda Caracas y a otras ciudades del país.
Ya en la tarde los saqueos de comercios habían comenzado, y la televisión retransmitía las escenas de vandalismo y violencia, en la noche la situación ya era de emergencia nacional, por lo que el gobierno le solicitó a las Fuerzas Armadas que restablecieran el orden. Luego se suspendieron las garantías constitucionales, se declaró el toque de queda, y el Ejército y la Guardia Nacional reprimieron duramente a los saqueadores, con un resultado lamentable de centenares de muertos, muchos de ellos inocentes que no participaban de los actos vandálicos.
Nunca antes se había vivido en el país una situación como esta, que además comprometía los planes de un gobierno que estaba comenzando. Mucho se ha especulado acerca de si se trató de un estallido espontáneo o de algo inducido a partir de un plan. Algunos militantes de la izquierda radical de aquellos años se han atribuido el origen del estallido, pero los hechos indican que la espontaneidad también estuvo presente. Quizás, como suele suceder, fue una combinación de espontaneidad con mínima planificación.
En cualquier caso, el resultado fue el mismo: una gran revuelta social, que colocó al gobierno en una posición muy difícil para implementar un nuevo modelo económico, que para hacerlo se necesitaban grandes sacrificios de la población.
Pocas semanas después de estos hechos, comenzaron a surgir denuncias graves de corrupción en relación con la administración anterior y Recadi, así como con el manejo de la partida secreta para fines distintos a los establecidos. Fue el caso de la compra de una cuadrilla de vehículos rústicos para ser entregados a AD para fines electorales.
El 20 de noviembre un tribunal dictó un auto de detención al expresidente Lusinchi por el caso sustanciado en Recadi. El caso, a todas luces, incrementaba las diferencias entre un sector de AD cercano a Lusinchi y otro próximo a Pérez. Además, profundizaba aún más en la conciencia colectiva la idea de que la corrupción era un cáncer incontrolable.
La descentralización política y administrativa
El 3 de diciembre de 1989 tuvieron lugar las elecciones directas de gobernadores, alcaldes y concejales. Se daba entonces el paso democrático más importante desde los tiempos de la firma del Pacto de Puntofijo, ya que la elección directa de las autoridades locales era lo mínimo que podía aspirarse en un sistema democrático.
A partir de esta fecha el cuadro político venezolano comenzó a cambiar. AD obtuvo el 39,37% de los votos en la elección de gobernadores, Copei el 32,85 %, el MAS el 17,69 % y la Causa R el 2,62 %, con lo que quedaba claro que habían liderazgos regionales que el elector reconocía. En Aragua comenzó a gobernar Carlos Tablante (MAS), en Bolívar, Andrés Velásquez (La Causa R), en Carabobo, Henrique Salas Römer (Copei e independientes), en el Zulia, Oswaldo Álvarez Paz (Copei), en la Alcaldía de Caracas, Claudio Fermín (AD), casi todos ellos, en el futuro, candidatos presidenciales.
Se trasladaba el liderazgo de las cúpulas de los partidos políticos al desempeño administrativo en las gobernaciones. Este cambio fue un golpe mortal para los organismos centrales de los partidos políticos, ya que la fuente del poder se trasladó de estas cúpulas a los electores, y los líderes comenzaron a rendirle cuentas a sus bases. Este paso, que no se ha valorado suficientemente, suponía un cambio de conducta y de estrategia de los partidos políticos establecidos, pero esto no se dio en la magnitud requerida, y seguramente fue una de las causas que trajo como consecuencia la decadencia del sistema bipartidista.
Por otra parte, la inflación en 1989, año de severos ajustes económicos, alcanzó la cifra de 80,7%, mientras las Reservas Internacionales subían. En 1990 los resultados electorales trajeron una crisis en AD, ya que muchas gobernaciones y alcaldías pasaron a manos de Copei, el MAS, y la Causa R, cosa que arreció el pleito interno entre los seguidores de Pérez y su programa económico liberal, de acuerdo con las pautas dictadas para el logro de una economía ortodoxa, por parte del FMI y el Banco Mundial, y el sector adverso que se resistía a los cambios.
Para el año 1990 comenzaron a verse los primeros resultados al crecer la economía en 5,3%, bajar la inflación a 40,7% y ascender las Reservas Internacionales a 11.700.000 millones de dólares. Además, el Ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez, anunció una reducción de la deuda externa del 20%, con una disminución de 50% en el pago de intereses.
Al año siguiente la economía creció en 9,2% y se inició el proceso de privatizaciones de empresas del Estado que prestaban servicios públicos, fue el caso de Cantv y Viasa, que al ser compradas por consorcios extranjeros en asociación con empresas venezolanas, trajeron un ingreso extraordinario al fisco nacional.
A la par de este proceso económico otro político venía avanzando. No sólo las relaciones entre AD y el gobierno eran sumamente débiles, sino que los ajustes económicos fueron notablemente severos para los estamentos sociales más pobres, que se sintieron desasistidos, creándose allí un vacío político.
Además, un conjunto de venezolanos, presididos por Arturo Uslar Pietri, a quien la prensa llamaba “Los Notables” pedía reformas en la conformación de la Corte Suprema de Justicia, se quejaban del cuadro de la corrupción administrativa, y enfrentaban a las políticas del gobierno.
Este grupo, junto con el desprestigio creciente de los partidos políticos, fue horadando la base de sustentación del gobierno de Pérez y, sin proponérselo, fue animando a un conjunto de conjurados militares que venían conspirando desde hace años dentro de las Fuerzas Armadas, a intentar un golpe de Estado.
En diciembre de 1991 Uslar Pietri declaró en entrevista en El Nacional que no le extrañaba que ello ocurriera.
Las intentonas militares de 1992
La noche del 3 de febrero en que el presidente Pérez regresaba de Davos, en Suiza, fue el día escogido por los conjurados para la insurrección militar. Comandada por tenientes coroneles, e integrada por mayores, capitanes, tenientes y tropa, se alzaron en los cuarteles de Maracay, Maracaibo y Valencia.
Al teniente coronel Hugo Chávez, a quien le correspondía tomar el Palacio de Miraflores, después de haber tomado el cuartel de La Planicie, no le fue posible hacerlo. Fue entonces cuando por televisión, en la mañana del 4 de febrero, llamó a sus compañeros de armas a entregarse, señalando que “Por ahora” no se habían logrado los objetivos.
Se entregaron Francisco Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos, Jesús Miguel Ortiz, todos ellos integrantes del comando de conjurados. El intento había fracasado, pero el país asistía atónito a un hecho que pensaba había quedado en el pasado: el golpe de Estado y, también, había observado con estupor y hasta con admiración a un hombre que se hacía responsable por su fracaso, cosa infrecuente en la vida pública venezolana de entonces.
Una vez sofocada la rebelión se reúne el Congreso Nacional para debatir sobre los hechos, en la mañana del 4 de febrero, y pide la palabra el senador vitalicio Rafael Caldera. Entonces condenó el intento de llegar al poder por las armas, pero justificó comprensivamente los motivos que llevaron a los insurrectos a ello.
A partir de entonces, la candidatura de Caldera para las elecciones de 1993 tomó cuerpo, y muchos dicen que esa mañana ganó las elecciones. En verdad, con olfato político, supo interpretar el sentir de la gente, que rechazaba el golpe, pero que quería un cambio de rumbo, y él se ofreció para encarnarlo.
En entrevista sostenida con el profesor Agustín Blanco Muñoz, publicada en 1998 (Habla el comandante), Hugo Chávez señala que comenzaron a conspirar en serio cuando juraron ante el Samán de Gûere, el 17 de diciembre de 1982. De modo que les tomó diez años ir ascendiendo dentro de las Fuerzas Armadas, hasta tener mando de tropa y poder ejecutar una acción armada.
La existencia de estos conjurados se la advirtió la DIM (Dirección de Inteligencia Militar) al presidente Pérez, pero éste la desestimó. Incluso en alguna oportunidad les quitaron mando de tropa ante los indicios, pero al tiempo el Ministro de la Defensa de entonces, el general Fernando Ochoa Antich, no halló nuevos indicios conspirativos y les devolvió el mando de tropa. No puede decirse, entonces, que la intentona los tomó completamente por sorpresa.
Si el gobierno de Pérez tenía problemas, ahora tenía más, a tal punto que el presidente se propuso atemperar la política de ajustes, con base en lo escuchado en el Congreso Nacional, y el apoyo de la calle manifestado a los golpistas. Se creó un Consejo Consultivo, integrado por ilustres venezolanos, presidido por Ramón J. Velásquez, e integrado por Pedro Pablo Aguilar, Ruth de Krivoy, Domingo Maza Zavala, José Melich Orsini, Pedro Palma, Pedro Rincón Gutiérrez y Julio Sosa Rodríguez.
Este Consejo hizo sus recomendaciones muy pronto, y muchas de sus propuestas iban a contracorriente de lo que venía haciendo el gobierno. A la vez, Pérez cambió su gabinete, de manera de satisfacer los reclamos e integrar a diversos sectores en la conducción del Estado, buscando con ello un mayor piso político para su debilitado gobierno. Entonces militantes de Copei integraron el gobierno, por algunos meses.
Por su parte, otro grupo de conjurados militares organizó su revuelta, que se expresó el 27 de noviembre de 1992, pero esta vez involucraba especialmente a la aviación, con lo que los caraqueños tuvimos el triste espectáculo de un bombardeo sobre lugares estratégicos de la capital y, de nuevo, el fracaso de los golpistas.
Esta vez comandados por el general Francisco Visconti Osorio y el contralmirante Hernán Grüber Odremán. Cinco días después tuvieron lugar las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. AD bajó su votación porcentual (37,81 %), Copei subió (34,35 %), el MAS bajó (12,48 %) y la Causa R duplicó su votación (4,73 %), incluso ganó la Alcaldía de Caracas con Aristóbulo Istúriz, quien desplazó a Claudio Fermín. Entonces repetían los gobernadores Velásquez, Tablante, Salas Römer, Álvarez Paz, entre otros. Paradójicamente, en 1992 la economía venezolana creció cerca del 10 %, pero los beneficios de ese crecimiento no se sentían plenamente en los estamentos más débiles de la sociedad.
La separación del cargo
El 11 de enero de 1993 el periodista y excandidato presidencial José Vicente Rangel denuncia ante la Fiscalía General de la República el mal uso de la partida secreta, por un monto cercano a los 250 millones de bolívares, y solicita ante el Fiscal un antejuicio de mérito contra el presidente Pérez.
El Fiscal General, Ramón Escovar Salom, el 11 de marzo interpone ante la Corte Suprema de Justicia, cuya composición había cambiado, gracias a las presiones del grupo de “Los Notables”, la acusación contra Carlos Andrés Pérez, el ministro de Relaciones Interiores cuando sucedió el hecho, Alejandro Izaguirre, y el ministro de la Secretaría de la Presidencia de la República del mismo momento: Reinaldo Figueredo Planchart. Se les acusa de peculado y malversación de fondos al hacer uso de la partida secreta.
El 20 de mayo de 1993 se conoció la ponencia solicitada por la Corte Suprema de Justicia al presidente del máximo cuerpo colegiado del Poder Judicial, el magistrado Gonzalo Rodríguez Corro. Entonces se declaró con lugar la solicitud de ante juicio de mérito.
Al día siguiente se reunió el Congreso Nacional y autorizó el juicio, separándose a Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República. A partir de entonces, en razón de que la soberanía reside en el Poder Legislativo, el Presidente del Senado, Octavio Lepage, asumió la Presidencia de la República.
Sin embargo, el Congreso Nacional nombró el 5 de junio de 1993 al senador Ramón J. Velásquez Presidente de la República, para que culminara el período constitucional 1989-1994. Gobernaría entre esta fecha, 5 de junio, y el 2 de febrero de 1994. Ocho meses exactos.
Es evidente que la segunda Presidencia de la República de Pérez fue intensa en cambios políticos (la descentralización) y económicos (el paso de una economía con fuerte presencia del Estado a otra de libre mercado), además de lo imprevisto para la mayoría: la insurgencia de una conjura militar.
A esto se suma que nunca antes un presidente en ejercicio había sido separado del cargo con fundamento en el Estado de Derecho, aunque no podemos dejar de señalar que respetadísimos juristas afirman que se cometió un abuso de derecho, tanto en la solicitud de ante juicio de mérito como en la sentencia.
Como vemos, la estructura política del país cambió, la democracia de partidos políticos entró en crisis y, como veremos luego, el bipartidismo desapareció. A todo esto se suma la insurgencia de nuevos actores políticos: los jóvenes militares insurrectos, que con el tiempo llegarían al poder por la vía pacífica, después de haberlo buscado por las armas.
Conclusiones
No es fácil explicar la personalidad histórica de un tachirense nacido el 27 de octubre de 1922 en la hacienda “La argentina”, muy cerca de Rubio, en el estado Táchira. Como vimos en las líneas anteriores, este hombre singular encabezó en una sola vida dos procesos políticos diametralmente opuestos, y con apenas diez años de diferencia entre uno y otro.
Durante su primer gobierno adelantó la nacionalización de la industria petrolera y creó centenares de empresas del Estado, dedicadas a las tareas más diversas, fortaleciendo hasta el paroxismo al Estado como principal actor económico de la Nación.
Diez años después desmontó la trama empresarial estatal, adelantando un programa de privatizaciones agresivo y fue factor principal de la agenda descentralizadora del país. Durante su primer gobierno el Estado se endeudó hasta alcanzar cifras enormes, y durante el segundo batalló con la banca internacional para fijar una estrategia de pago favorable.
¿A cuál de los dos Pérez juzgará la historia? ¿Al que desarrolló una agenda política clásica del Socialismo Democrático, entre 1974 y 1979, o al que puso en práctica un programa liberal, con algunos ribetes keynesianos, a partir de 1989?
Pues este hombre carismático, que encarnó durante décadas una suerte de mito popular, da para todos los gustos. Los socialistas democráticos admiran su primera obra de gobierno, los liberales la segunda. Y Pérez: ¿de cuál de las dos se sentiría satisfecho o de ninguna?
A las contradicciones que señalo se suman otras de orden personal no menos interesantes. Durante el segundo gobierno de Betancourt, siendo Viceministro de Relaciones Interiores, fue factor principal en la lucha contra la guerrilla izquierdista, así como pieza clave en la lucha a cuartel que libró Betancourt contra los conspiradores militares de derecha y de izquierda, en asociación con tiranos caribeños de ambas manos.
Durante varios años lidió con informes de inteligencia y los procesó con éxito y, extrañamente, casi 30 años después, cuando la inteligencia militar de su segundo gobierno le advirtió de las intenciones de una secta de conjurados militares, no les dio importancia, hasta que lo sorprendió la intentona del 4 de febrero de 1992, y cayó en cuenta que había debido ponerle cuidado a los informes de los generales Peñaloza y Fuenmayor.
Antes, puso en marcha el programa de reformas económicas, que no era otro que una reforma a fondo del sistema político, y él, el político por excelencia, extrañamente no se valió de sus artes para implementarlo, y el país comenzó a arderle por los cuatro costados.
En una visita a Caracas siendo ya expresidente del gobierno español, Felipe González dijo que “el gobierno de Pérez contribuyó decisivamente al paso de la pobreza a la riqueza que impera en la España democrática de hoy. La historia juzgará su obra desde esa perspectiva, lo que de entrada le garantiza uno de los asientos de primera fila. Socialismo y democracia no están reñidos con la economía de mercado”, fue uno de los puntos que expresó González, así como es indudable que para distribuir mejor la riqueza hay que generarla primero.
Este homenaje de González a Pérez no puede pasarse por alto y, curiosamente, se refiere al primer gobierno de Pérez y no al segundo, cuando lo que hizo González en España se parece más a lo hecho por Pérez en su segunda administración que en la primera. Otra paradoja.
Más allá de las contradicciones, hay tres aspectos que reconocen tirios y troyanos: que Pérez fue un líder como no ha habido otro en Venezuela y su liderazgo alcanzó cotas legendarias de identificación con el pueblo; que fue el último gran político de la Venezuela democrática y civil y, sin la menor duda, un demócrata absoluyoto, convencido y practicante. Basta recordar que aceptó ser separado de la Presidencia de la República cuando las faltas que se le imputaban no eran tales, sino ejecutorias perfectamente legales. No obstante, aceptó el fallo político de la Corte Suprema de Justicia y se retiró.
Con el paso del tiempo, vistos los desmanes autoritarios del militarismo izquierdista y pre-moderno, el talante democrático del presidente Pérez crecerá hasta hacerse modélico. Suele suceder que figuras históricas se alzan después de fallecidas, gracias al contraste con los disparates de quienes les sucedieron. Este es el caso.
Fuente: Efecto Cocuyo