Cristina Kirchner, la vicepresidente de Argentina, es un bicho raro dentro de los regímenes autoritarios. Por lo general, los aspirantes a dictadores disimulan sus intenciones y una vez que alcanzan sus objetivos, modifican el recto sentido de los conceptos con el fin de no llamar a cada cosa por su nombre. Por ejemplo, las dictaduras comunistas se autodesignaban como “democracias populares”.
Sin embargo, Cristina dice sin amagues que pretende instaurar una tiranía en su país encabezada por ella y su familia. Algunos creen —ingenuamente— que el motivo de ello es que los tiempos la están presionando porque están siguiendo adelante los múltiples juicios en los cuales se le acusa de presunta corrupción y desde 2018 está procesada como jefa de una “banda paraestatal” para recaudar fondos ilegalmente.
Pero, aunque eso es cierto, no es toda la verdad. Cristina desde hace años en que, de manera más o menos velada, expresa que desprecia a la república democrática. Sí, aunque usted no lo crea, esa que se basa en el Estado de Derecho y protege a los derechos humanos. Al igual que el venezolano Hugo Chávez en su momento, utiliza el voto popular siempre que le sea funcional, para luego desvirtuarlo y liquidar a las instituciones republicanas. La limitación de poder es un irritante estorbo para este tipo de gobernantes.
Por ejemplo en 2012, durante su segunda presidencia, se quejó de la función que cumple la Corte Suprema de Justicia en cuanto a controlar la constitucional de los actos de gobierno. En esa ocasión expuso su malestar porque la Justicia invalidó su decreto de necesidad y urgencia mediante el cual, pretendía expropiar el predio de la Sociedad Rural Argentina. A raíz de ello escribió en Twitter: «En un desequilibrio total del sistema democrático, jueces gobiernan anulando decisiones propias e intransferibles del Ejecutivo y el Legislativo». Añadió que «no solo se quiebra el principio de igualdad ante la ley, sino que además surge un Superpoder sobre el Ejecutivo y el Legislativo”.
En noviembre de 2018 volvió a machacar sobre ese punto. Siendo presidente Mauricio Macri, poco antes de que llegaran a Buenos Aires algunos de los principales presidentes del mundo para participar en la cumbre del G-20, Cristina intervino en una “contracumbre” junto a líderes de izquierda. En esa oportunidad, en el discurso que pronunció, recordó que el sistema de división de poderes surgió en 1789, en el marco de la Revolución Francesa. Acto seguido enfatizó que era un sistema que debería ser cambiado por obsoleto porque provenía de una época en que ni siquiera existían la luz eléctrica ni el auto.
En consecuencia, es posible comprobar sin asomo de duda, que la forma ideal de gobierno para Cristina es el absolutismo, donde el monarca (siempre que sea ella o su hijo) concentra los tres poderes del Estado. En estos momentos ha logrado tener en sus manos al Ejecutivo (con el presidente Alberto Fernández haciendo un triste papel) y a una parte importante del Legislativo. Sin embargo, el Judicial no se ha doblegado por completo al imperio que ella ejerce, y eso la tiene furiosa.
La más reciente de sus embestidas contra la República la hizo mediante una carta que publicó en sus redes sociales, a raíz del primer aniversario del cuarto gobierno kirchnerista. En esa ocasión el centro de su furia fueron Alberto Fernández (por no haber controlado todavía a la justicia como habían acordado) y la Suprema Corte por no haberse doblegado ante ella.
En la carta se queja de que los jueces no sean designados por votación popular, que sean vitalicios y que ejerzan la función de contralor de las autoridades. O sea, que sean independientes y actúen como balanceo y contrapeso de los otros dos poderes.
En la carta expone claramente sus ideas absolutistas:
De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones.
Sólo un Poder es perpetuo.
Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Si ese Poder.
Además de ser perpetuo.
Además de no ir jamás a elecciones.Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno.
Proviniendo esos dichos de Cristina, hay que tomarlos como algo más que un simple desahogo sino también como una amenaza. Es todo un manifiesto de su concepción ideológica y su meta política.
En esta carta (la quinta en este período de gobierno) apunta especialmente a desacreditar a los magistrados de la Corte porque ve aterrada que las múltiples causas judiciales en las que está procesada no se han detenido.
[…] el Poder Judicial. Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa.
Estos cinco funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país.
A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno.
El primer absurdo es decir que hay “lawfare” contra ella y los suyos cuando el kirchnerismo tiene el sartén por el mango. Además, muchas de las causas se iniciaron cuando ella era la presidente de la Nación. Lo que denotan sus palabras es que ella anhela un gobierno semejante al de Cuba y Venezuela, en el cual, la corrupción de los gobernantes y cualquier aberración pueden ser realizadas con total impunidad.
La prueba de ello es que Cristina publicó esta diatriba contra los jueces en general y la Corte en particular, una semana después de que el más alto tribunal dejara firme la condena por corrupción contra Amado Boudou (quien fuera vicepresidente durante su segunda presidencia) y que la Cámara de Casación validó la ley del arrepentido y los testimonios que la involucran en la denominada «causa de los cuadernos de las coimas».
Los argentinos tienen una ventaja sobre los cubanos y los venezolanos porque el proyecto de crear una dictadura es proclamado en forma explícita, cosa que no sucedió en los otros dos casos mencionados. En consecuencia, tienen la oportunidad de impedirlo antes de que sea demasiado tarde.
Fuente: PanamPost