La gestión del gobierno de Alejandro Giammattei se vio opacada desde los primeros meses por funcionarios ineficientes o sospechosos de cometer actos de corrupción. Destituirlos ha implicado pagar prestaciones e indemnizaciones que ascienden a Q935 mil 822 (cerca de $120,000) , según información pública del Organismo Ejecutivo.
En 2020, por las carteras de Trabajo, Gobernación, Cultura y Salud desfilaron ocho ministros. Algunos de los funcionarios nombrados al inicio del gobierno renunciaron o fueron destituidos por presunta corrupción o ineficiencia.
La inestabilidad política alcanzó a otras esferas del Ejecutivo, como la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, donde en menos de un año hubo tres jefes de dicha institución, o Centro de Gobierno, donde 20 personas renunciaron luego de que Giammattei anunciara el cierre de la entidad.
Estas remociones implican gasto público. Por la relación de dependencia laboral cada funcionario, al momento de su renuncia, debe recibir prestaciones de aguinaldo, vacaciones, equivalente a bono 14 y vacaciones no gozadas. También les corresponde indemnización si se trata de un despido.
Centro de Gobierno
Solo en el Centro de Gobierno el Ejecutivo erogó Q703 mil 728.27 en concepto de prestaciones laborales a 20 funcionarios. Luis Miguel Martínez, el director, recibió Q59 mil 729.87.
Esta entidad fue clausurada el 31 de diciembre luego de que la opinión pública la cuestionara por ineficiente. Incluso, el vicepresidente Guillermo Castillo la calificó como una instancia que “generaba costos extraordinarios y abona poco”.
No obstante, algunos exempleados de Centro de Gobierno fueron recontratados en otras instituciones. Entre ellos están Álvaro Leonel Díaz Velásquez y Alejandro Iván de León Aquino, quienes asumieron como secretario y subsecretario en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Lizett Marie Guzmán Juárez, exdirectora ejecutiva IV en CG, fue contratada en la Secretaría Privada de la Presidencia por Q28 mil mensuales. Su tarea es “dar seguimiento a las metas y prioridades presidenciales”, según el contrato.
Henry René Valdez Corado fue recontratado en el Ministerio de Trabajo como asesor en políticas públicas por Q22 mil, hasta el 30 de junio. De igual forma, el pasado 4 de enero se removió a María Méndez como secretaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y nutricional y se nombró en su lugar a la exdelegada de Centro de Gobierno María Eugenia del Rosario de León.
Esto generó cuestionamientos del vicepresidente Castillo, ya que manifestó que nunca se le consultó sobre este cambio.
Corrupción
Entre los funcionarios destituidos luego de cuestionamientos por posible corrupción se encuentra la exministra de Cultura y Deportes, Silvana Martínez, a quien diputados le reprocharon contrataciones excesivas de asesores.
Ella recibió Q59 mil 698.85 en prestaciones e indemnización. De igual forma, la exviceministra de esa cartera, Ángela María Fernández Oxom, quien recibió Q5 mil 641 por prestaciones e indemnización.
Inestabilidad
Entre las instituciones más inestables se encuentra la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que tuvo tres titulares en menos de un año.
Carlos Sandoval, el primer secretario, fue destituido y recibió Q37 mil 123.70 en prestaciones e indemnización. Luego fue nombrado viceministro de cultura, donde también fue removido. Por ese cargo aún no ha sido liquidado, pero la cartera informó que le corresponden Q34 mil 476.80.
Otra funcionaria que renunció en esta entidad fue Francis Masek; sin embargo, la Secretaría respondió que aún no se le ha hecho ningún pago.
Prensa Libre también consultó por la indemnización y prestaciones pagadas a los viceministros de Salud destituidos en junio, así como a Fredy Chojolán, exdirector de Caminos, quien fue denunciado por anomalías en su gestión, pero las instituciones informaron que no se ha erogado ningún pago.
Impacto colateral
En agosto del 2020, con apenas siete meses de gestión, el Ejecutivo ya había sustituido a cuatro ministros y 19 viceministros. Para ese entonces, se daba un promedio de tres relevos por mes, pues ya sumaban 23 cambios de ministros y viceministros, lo que, a juicio de analistas no permite que los planes y programas de cada cartera despeguen.
Aunque el Gobierno ha intentado dar la apariencia de que los cambios son normales, analistas aseguran que son síntomas de escasa planificación, y de que, como en gobiernos pasados, se hacen nombramientos por compromisos adquiridos en campaña.
El politólogo Cristhians Castillo, dijo en una entrevista anterior que los gobiernos que suelen llegar al poder “arman equipos de trabajo negociados que no responden a sus prioridades ni intereses y ya en el ejercicio hay tensiones que causan los relevos”.
No son méritos
Jahir Dabroy, investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que en el Ejecutivo no se toman en cuenta las calidades profesionales de las personas previo a contratarlas a un cargo público.
“Por ejemplo, los ministros o viceministros suelen contratar a personas en recompensa por el apoyo político que dieron en campaña o por nepotismo. Se contratan a familiares y amigos sin importar la calidad que requiere la función pública. Es un sistema clientelar”, explicó.
Fuente: El Economista