Venezuela acusa una realidad ineludible. Acudir a la Corte Internacional de Justicia para defender nuestros derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, los casi 160.000 km2 que nos fueran arrebatados por los británicos mediante un proceso de despojo que creyeron consumar mediante una colusión entre los jueces que dictaron el írrito laudo arbitral de París en 1899, es imperativo.
Inglaterra, como sucesora de Holanda sobre unos pequeños asentamientos en orillas de la mar (Esequibo, Demerara y Berbice) y en territorio español formante de la Capitanía General de Venezuela, fue moviéndose hacia el este del río Esequibo como el zorro a la caza de su presa. Amagos de invasión, elaboración de mapas fraudulentos a su arbitrio, obligan al presidente Antonio Guzmán Blanco a romper relaciones con el Reino Unido. Este ha puesto su bandera en Amacuro y Barima, a 348 km de su posesión que luego retira pidiendo excusas pero sin ocultar sus aviesas intenciones.
Nada le importa que el denostado Cristóbal Colón descubriese ese territorio o que el español Juan de Esquivel le diese su nombre al río Esequibo; o que la Real Cédula del Rey de España de 1768 fijase como límite oriental de nuestra Guayana al océano Atlántico o que la instrucción de su Intendente General determinase, en 1779, que tales pequeños establecimientos holandeses estuviesen situados de espaldas al señalado Esequibo sin penetrar al interior de nuestro territorio, ocupado por indios gentiles y negros fugitivos.
Tampoco sirve a los ojos del invasor inglés que, al fijarse nuestras fronteras con Brasil en 1859, se hubiese hecho constar que, así como la cuenca del Amazonas le pertenece, corresponden a Venezuela “todas las aguas que van al Orinoco…. y las que corren al Esequibo, Cuyuní y Caroní… hasta donde se extendieren los territorios…”.
Sensiblemente, un prócer de la Independencia y edecán de Simón Bolívar, cuyos restos reposan en el Panteón Nacional, Daniel F. O’leary, como cónsul británico en Caracas para 1841 le escribe al gobernador de la Corona en el Esequibo advirtiéndole que: “en un período futuro, los poseedores de la Guayana que bordea el Orinoco dominarán a toda Venezuela…; pero a su vez ellos vendrán a estar controlados por cualquier potencia marítima que esté en posesión de Punta Barima”. Así, este “prócer” instigador de nuestro despojo, dicta su instrucción traidora: “Gran Bretaña que es ya señora de Trinidad y Guayana británica parece que necesita del Barima para completar sus posesiones en esta parte del Nuevo Mundo”.
Se le atribuye al juez presidente del Tribunal que impone el írrito laudo, Frederick de Martens, haber presionado a los jueces norteamericanos que nos representaban – no se aceptó que nos defendiésemos con abogados y jueces propios – indicándoles que de no convenir ellos en la línea del despojo que habían trazado iría más allá apoyado por los jueces ingleses, hasta las bocas del río Orinoco. El desprecio encuentra parangón sólo en el atajaperros de los intereses globales que se coaligan en la actualidad para proseguir con la tarea del desmantelamiento de nuestra soberanía territorial. En la zona marítima del Esequibo, concesionada para su explotación por Guyana sin rechazo firme desde Caracas, en un bloque extendido hasta las aguas del delta de nuestro Orinoco, succionan petróleo las empresas Exxon, la Hess, la Statoil y hasta la china CNPC.
La corona británica, con insolencia, en 1869 se dirige a Estados Unidos haciéndole saber que “existe un llamado país de Venezuela, que actualmente se debate en la mayor anarquía y cuyas «autoridades menores» no pueden siquiera considerarse como sujetos de Derecho internacional”. “El gobierno de Su Majestad tiene interés en adquirir parte del territorio de este país, para establecer con él una nueva colonia, cuya capital sería Puerto España”, es el petitorio que le formulan. Se trata, a la sazón, de la misma capital que coaligada con venezolanos expulsa a los venezolanos que huyen de las garras de la miseria llevándolos hacia la muerte segura, ahogándolos en el mar que nos separa.
La defensa de Venezuela es lo que ahora importa. No hay interés parcial o mezquino que pueda preterir ese objetivo para hacer privar otros, como la repartición de canonjías o privilegios políticos entre quienes nada sufren en comparación al hondo dolor que aqueja a los compatriotas quienes huyen a pie y son expulsados como leprosos, por si fuese poco, de una república como Chile, a la que ayudó construir intelectualmente el maestro de las letras americanas, el caraqueño don Andrés Bello.
La realidad es que la Corte de La Haya conocerá sobre la nulidad del laudo que nos despojó en 1899 de la Guayana Esequiba. Se concreta así el Acuerdo de Ginebra y su objetivo de haber mantenido la precariedad posesoria de Guyana por encima del mismo laudo. Las palabras del canciller Ignacio Iribarren Borges ante el Congreso de la República apagan toda especulación al respecto, incluida la de los jueces en disidencia: “De acuerdo con los términos del artículo IV, el llamado laudo de 1899, en el caso de no llegarse «antes» a una «solución satisfactoria» para Venezuela [y entre las partes], «deberá ser revisado por medio del arbitraje o el recurso judicial». El 17 de marzo de 1966, Iribarren bien precisó que “el ser declarada, ya por convenio entre las partes, o por «decisión» de una autoridad competente internacional prevista en el Acuerdo, la nulidad del laudo de 1899, la cuestión se retrotrae al estado en que se hallaba la controversia en sus orígenes”.
Es hora, pues, de enfrentar lo concreto con responsabilidad e insobornable sentido patrio, alegándose ante la Corte Internacional de Justicia las razones que siempre abonaron en nuestro favor y argüido lo írrito e ilegal del laudo. En eso fueron consistentes, ajenos a los fuegos artificiales y desplantes de circunstancia, los presidentes venezolanos, civiles y de uniforme, todos, desde 1899 hasta 1999. La documentación es elocuente.
Fuente: Diario las Américas
Tampoco sirve a los ojos del invasor inglés que, al fijarse nuestras fronteras con Brasil en 1859, se hubiese hecho constar que, así como la cuenca del Amazonas le pertenece, corresponden a Venezuela “todas las aguas que van al Orinoco…. y las que corren al Esequibo, Cuyuní y Caroní… hasta donde se extendieren los territorios…”.
Sensiblemente, un prócer de la Independencia y edecán de Simón Bolívar, cuyos restos reposan en el Panteón Nacional, Daniel F. O’leary, como cónsul británico en Caracas para 1841 le escribe al gobernador de la Corona en el Esequibo advirtiéndole que: “en un período futuro, los poseedores de la Guayana que bordea el Orinoco dominarán a toda Venezuela…; pero a su vez ellos vendrán a estar controlados por cualquier potencia marítima que esté en posesión de Punta Barima”. Así, este “prócer” instigador de nuestro despojo, dicta su instrucción traidora: “Gran Bretaña que es ya señora de Trinidad y Guayana británica parece que necesita del Barima para completar sus posesiones en esta parte del Nuevo Mundo”.
Se le atribuye al juez presidente del Tribunal que impone el írrito laudo, Frederick de Martens, haber presionado a los jueces norteamericanos que nos representaban – no se aceptó que nos defendiésemos con abogados y jueces propios – indicándoles que de no convenir ellos en la línea del despojo que habían trazado iría más allá apoyado por los jueces ingleses, hasta las bocas del río Orinoco. El desprecio encuentra parangón sólo en el atajaperros de los intereses globales que se coaligan en la actualidad para proseguir con la tarea del desmantelamiento de nuestra soberanía territorial. En la zona marítima del Esequibo, concesionada para su explotación por Guyana sin rechazo firme desde Caracas, en un bloque extendido hasta las aguas del delta de nuestro Orinoco, succionan petróleo las empresas Exxon, la Hess, la Statoil y hasta la china CNPC.
La corona británica, con insolencia, en 1869 se dirige a Estados Unidos haciéndole saber que “existe un llamado país de Venezuela, que actualmente se debate en la mayor anarquía y cuyas «autoridades menores» no pueden siquiera considerarse como sujetos de Derecho internacional”. “El gobierno de Su Majestad tiene interés en adquirir parte del territorio de este país, para establecer con él una nueva colonia, cuya capital sería Puerto España”, es el petitorio que le formulan. Se trata, a la sazón, de la misma capital que coaligada con venezolanos expulsa a los venezolanos que huyen de las garras de la miseria llevándolos hacia la muerte segura, ahogándolos en el mar que nos separa.
La defensa de Venezuela es lo que ahora importa. No hay interés parcial o mezquino que pueda preterir ese objetivo para hacer privar otros, como la repartición de canonjías o privilegios políticos entre quienes nada sufren en comparación al hondo dolor que aqueja a los compatriotas quienes huyen a pie y son expulsados como leprosos, por si fuese poco, de una república como Chile, a la que ayudó construir intelectualmente el maestro de las letras americanas, el caraqueño don Andrés Bello.
La realidad es que la Corte de La Haya conocerá sobre la nulidad del laudo que nos despojó en 1899 de la Guayana Esequiba. Se concreta así el Acuerdo de Ginebra y su objetivo de haber mantenido la precariedad posesoria de Guyana por encima del mismo laudo. Las palabras del canciller Ignacio Iribarren Borges ante el Congreso de la República apagan toda especulación al respecto, incluida la de los jueces en disidencia: “De acuerdo con los términos del artículo IV, el llamado laudo de 1899, en el caso de no llegarse «antes» a una «solución satisfactoria» para Venezuela [y entre las partes], «deberá ser revisado por medio del arbitraje o el recurso judicial». El 17 de marzo de 1966, Iribarren bien precisó que “el ser declarada, ya por convenio entre las partes, o por «decisión» de una autoridad competente internacional prevista en el Acuerdo, la nulidad del laudo de 1899, la cuestión se retrotrae al estado en que se hallaba la controversia en sus orígenes”.
Es hora, pues, de enfrentar lo concreto con responsabilidad e insobornable sentido patrio, alegándose ante la Corte Internacional de Justicia las razones que siempre abonaron en nuestro favor y argüido lo írrito e ilegal del laudo. En eso fueron consistentes, ajenos a los fuegos artificiales y desplantes de circunstancia, los presidentes venezolanos, civiles y de uniforme, todos, desde 1899 hasta 1999. La documentación es elocuente.
Fuente: Diario las Américas