La revisión de la cuenta pública del primer año de ejercicio de la administración obradorista se realizó por los contadores y auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que preside David Colmenares Paramo, cumpliendo con los principios rectores que norman la actuación de los profesionales de la contaduría, además de acatar los ordenamientos internos de la institución para llevar objetivamente la revisión exhaustiva del manejo de los recursos públicos.
La ASF en una institución nacional impulsora del manejo eficaz, productivo y honesto de los recursos públicos, y promotora de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los poderes de la Unión y los entes públicos federales, como elementos inherentes de la democracia y el Estado de derecho al que aspiramos los mexicanos.
Es decir, la ASF es un órgano con autonomía técnica y de gestión, que ejerce un escrutinio institucional que es fundamento del Estado de derecho, de la democracia y de la división de poderes.
De un total de mil 358 auditorías entregadas en la Cámara de Diputados, se presentó el Informe General de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año de la administración del presidente López Obrador, en donde se hicieron observaciones por 67 mil 498 millones de pesos, de los cuales hay casos verdaderamente escandalosos como el gasto en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y las omisiones encontradas en el aeropuerto de Santa Lucia.
La ASF estimó en 331 mil 996 millones de pesos el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cifra cuatro veces superior a lo que en su momento informó el gobierno federal, además este costo podría incrementarse por factores de liquidación de los contratos pendientes, juicios y demandas interpuestas.
Este es el precio de una decisión inconstitucional en la cual hay un daño patrimonial a la nación y que, por supuesto, se tendrá que dar parte a las autoridades judiciales de ello, para proceder en consecuencia.
El asunto no para ahí, porque hay que sumar que en el “aeropuerto más grande y moderno del mundo, como llamó AMLO a Santa Lucía, lleva gastado en su construcción más de 82 mil millones de pesos, de los cuales, en buena parte de su ejercicio, se encontraron inconsistencias financieras, de planeación y administración que ponen en riesgo la entrada en funcionamiento previsto para el próximo año.
Ante el Informe de la Cuenta Pública 2019, el presidente López Obrador dijo que él tiene otros datos, desde luego no los mostró, y agregó que la información dada a conocer por la ASF es exagerada y está mal: “Exageran y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí y ojalá lo hagan ellos (antes) los de la Auditoría Superior de la Federación, porque les están dando mala información a nuestros adversarios y yo creo que no deben prestarse a esas campañas”.
Por su parte, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, advirtió que las evasivas del presidente López Obrador ante el Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública para 2019, no eximen a su gobierno de atender los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, que evidenció la discrecionalidad, la opacidad y el clientelismo con el que se manejaron los recursos públicos durante su primer año de administración.
El Presidente pretende ignorar que la fiscalización de la cuenta pública es una de las funciones exclusivas de la Cámara de Diputados que se ejerce a través de la ASF, con objeto de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si ésta se ajustó a las disposiciones normativas aplicables y constatar la consecución de los objetivos de los programas de gobierno.
“Si el Presidente tanto presume la austeridad y la lucha contra la corrupción, entonces en lugar de descalificar a la ASF, lo que debe de hacer aclarar las irregularidades, el despilfarro y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos en prácticamente todas las áreas de su gobierno, particularmente en sus megaproyectos y programas sociales predilectos”, sentenció la legisladora.
Estamos ante dos versiones de un hecho real: por un lado, el reporte de la ASF, sustentado en las auditorías aplicadas y, por otro, la del presidente que solo la soporta en sus dichos.
Y en medio, el dinero público que, de acuerdo a las observaciones hechas por la ASF, se hizo de forma poco escrupulosa y alejada de los ordenamientos legales que existen en la materia, por decirlo de forma decente.