La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles exigieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que Honduras cumpla con las sentencias que garantizan sus territorios a dos comunidades garífunas en conflicto con empresarios.
El representante de la CIDH, Joel Hernández, se quejó porque Honduras ha incumplido dos sentencias emitidas hace cinco años por la Corte, que reconocían los derechos de propiedad de las comunidades garífunas en Punta Piedra, en el departamento de Colón (noreste), y Triunfo de la Cruz (norte).
«Desafortunadamente el Estado no ha cumplido con la obligación de sanear el territorio titulado en la comunidad de Punta Piedra, frente a la presencia de terceros», destacó.
«En el caso de Triunfo de la Cruz, el Estado no ha cumplido con realizar la demarcación del territorio» y la entrega de un «título de propiedad colectiva», como manda la sentencia, añadió.
Según los dirigentes de Triunfo de la Cruz, el Estado incumple la sentencia para favorecer a grandes empresarios que los quieren desalojar de sus comunidades para instalar grandes complejos turísticos en los paraísos naturales de montañas boscosas y playas blancas.
«Existe una especial relación entre la protección del territorio y la existencia misma de las comunidades. Es en ese espacio donde recrean su cultura y su vida (…) y mantienen su existencia como colectivo», subrayó Hernández.
A la vez, Hernández destacó que «un punto importante» que debe considerar la CorteIDH es la obligación del Estado de iniciar las investigaciones de la desaparición de cuatro habitantes de Triunfo de la Cruz, uno de ellos el presidente del patronato de la comunidad.
Recordó que el 18 de julio de 2020, hombres armados y vestidos con chalecos de las fuerzas policiales sacaron a los cuatro garífunas de sus casas, lo que tiene características de «desaparición forzosa».
Los garífunas forman parte de una etnia que desciende de africanos y pueblos originarios del Caribe.
En la audiencia intervinieron, entre otros, la presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda; Pablo Centeno, padre del desaparecido presidente del patronato Sneider Centeno, y representantes del gobierno.
Fuente: Diario las Américas
«En el caso de Triunfo de la Cruz, el Estado no ha cumplido con realizar la demarcación del territorio» y la entrega de un «título de propiedad colectiva», como manda la sentencia, añadió.
Según los dirigentes de Triunfo de la Cruz, el Estado incumple la sentencia para favorecer a grandes empresarios que los quieren desalojar de sus comunidades para instalar grandes complejos turísticos en los paraísos naturales de montañas boscosas y playas blancas.
«Existe una especial relación entre la protección del territorio y la existencia misma de las comunidades. Es en ese espacio donde recrean su cultura y su vida (…) y mantienen su existencia como colectivo», subrayó Hernández.
A la vez, Hernández destacó que «un punto importante» que debe considerar la CorteIDH es la obligación del Estado de iniciar las investigaciones de la desaparición de cuatro habitantes de Triunfo de la Cruz, uno de ellos el presidente del patronato de la comunidad.
Recordó que el 18 de julio de 2020, hombres armados y vestidos con chalecos de las fuerzas policiales sacaron a los cuatro garífunas de sus casas, lo que tiene características de «desaparición forzosa».
Los garífunas forman parte de una etnia que desciende de africanos y pueblos originarios del Caribe.
En la audiencia intervinieron, entre otros, la presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda; Pablo Centeno, padre del desaparecido presidente del patronato Sneider Centeno, y representantes del gobierno.
Fuente: Diario las Américas