Él subió la edad para recibir el apoyo para adultos mayores, de 65 a 68 y ahora lo regresa al rango que lo dejó Peña Nieto, además, avisa que subirá la ayuda a seis mil pesos bimestrales a cada uno, el doble de lo que reciben ahora.
El anuncio lo hace a menos de dos meses y medio de la elección intermedia en donde, entre otros 21 mil puestos de elección popular, se renovará la Cámara de Diputados federal, espacio político de vital importancia para el presidente López Obrador, ya que desde allí se aprueban las leyes que dan paso a la presidencia imperial que construye desde que tomó posesión.
Por eso es tan importante ganar la mayoría de la Cámara baja y en consecuencia es capaz de hacer cualquier cosa para que ello ocurra, aunque cueste endeudar a las próximas generaciones o dejar sin recursos presupuestales para comprar vacunas o medicamentos para los niños con cáncer.
Los medios no importan, si se trata de mantener el poder a costa de lo que sea.
Con la medida de bajar la edad de 68 a 65 años, el número de beneficiarios rebasará los diez millones 300 mil; ahora son 8 millones. Y con el aumento gradual ofrecido de llegar al doble para 2024, se pasaría de un presupuesto de 135 mil millones de pesos anuales a 240 mil millones el próximo año y a 370 mil millones en 2024.
La pregunta obligada salta a la vista: ¿de donde saldrán esos recursos para fondear las pensiones para los adultos?, en el entendido de que el presidente ya se gastó el dinero de los fondos de contingencia, de los fideicomisos y de múltiples programas sociales que ha cancelado como el guarderías y apoyo a las mujeres, entre otros, además de recortar el presupuesto de todas las secretarías de Estado, con excepción, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Pues de contratar mayor deuda, de subir los impuestos o incrementar los precios de las gasolinas, o todas las opciones a la vez, como está ocurriendo en estos momentos.
Es una gastadera irracional que compromete, incluso, los ingresos que generará el país en las próximas décadas.
Se tira el dinero a manos llenas en obras que no traerán ningún beneficio para el grueso a la población como son la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, y se le quita el dinero a los contribuyentes para dárselo a una bola de mantenidos, sin importar su edad, quienes a su vez harán todo lo que se les diga, incluso boicotear a empresas que pagan de impuestos cantidades exorbitantes.
Mientras unos trabajan como burros para pagar impuestos, más de 30 por ciento de sus ingresos, otros se dan la gran vida con el dinero que les regala el gobierno.
No se necesita ser economista para avizorar el colapso de las finanzas públicas en detrimento de la clase media y de los que menos tienen; hay que recordar que ahora son 10 millones de pobres más de los que habían en 2018.
Después de las elecciones, de la revocación de mandato y del colapso de Pemex y CFE en 2023, vendrá lo que ha ocurrido en otros países de América Latina que han optado por elegir a un gobierno populista, como por ejemplo Venezuela, Nicaragua, Argentina o Bolivia: el caos, el desempleo, la inseguridad y la revuelta social, además de la hambruna.
Si ahora los despidos y los apagones, tan solo por citar dos casos, empiezan a manifestar sus efectos, qué pasará en los próximos meses cuando el gobierno no tenga presupuesto para casi nada, en virtud que los pocos recursos se destinarán para el pago del servicio de la deuda, las pensiones y el gasto corriente.
Los ingresos son limitados y el gasto de los programas sociales de AMLO van en aumento, hasta llegar al punto de quiebre en el cual los recortes presupuestales dejarán sin el dinero regalado a sus beneficiarios, aunque ya tengan ‘rango constitucional’.