El Lawfare está siendo utilizado en la actualidad por personas acusadas de cometer violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, narcotráfico y corrupción, y por ello debemos advertir que esta figura que carece de base jurídica nace en el área militar como una táctica operativa, y ahora comprada por personas que hacen política para justificar argumentos de impunidad de los delitos que le son imputados.
Los estudios militares comienzan en 1970 a referirse a la figura de la guerra asimétrica, dentro de la doctrina de guerra no convencional, que implica el uso de tácticas que superan la tradición militar convencional. Expertos militares discurren en nuevas operaciones que se presentan en el contexto mundial, como la guerra de guerrillas, el terrorismo, la contrainsurgencia, el terrorismo de Estado y la guerra sucia. Surge así, el Lawfare, entendida, como una guerra dentro del marco jurídico, donde la ley es utilizada como un arma de guerra para alcanzar objetivos de la política que inciden en la seguridad nacional.
El Lawfare como una justificación
Se ha concebido el Lawfare como el uso de la ley en el contexto de un instrumento de la guerra no convencional, donde no se respetan los procedimientos judiciales, y mucho menos, los derechos de los individuos que tienden a ser eliminados. Estas prácticas se prevén con el fin de tener una apariencia de legalidad, combinando la fuerza de las leyes, los aparatos judiciales serviles y los medios de comunicación sesgados.
En la ciencia del derecho, un instrumento como el Lawfare se presenta como un medio de manipulación del sistema legal, que acusa, persigue, detiene y castiga, a personas por sus ideales, pensamientos o por que se requieren ser eliminados, llegando a presentarse acusaciones frívolas y tergiversadas en el ámbito legal con la ayuda de los medios de comunicación.
Este mecanismo perverso, es usado por grupos dominantes que tienen un espacio de poder ocasional; eligen sus adversarios y los atacan con funcionarios públicos, generalmente en una relación amorfa de jueces, fiscales y funcionarios administrativos, dentro de procesos e instrumentos de la represión usual de sistemas de justicia débiles, con condenatorias previas, limitando el ejercicio del derecho a la defensa, sin un proceso debido y con sentencias o resoluciones donde impera una libre discrecionalidad propia de la arbitrariedad.
El Lawfare es potenciado por medios de comunicación al servicio de los agentes agresores, llegando a producir una “pena del banquillo” como un estigma social, donde el acusado, aun siendo inocente, es expuesto ante la sociedad.
Una guerra dentro del Lawfare
Este término se dimensiona en la actualidad para justificar el abuso de derecho de funcionarios autorizados, concepción última, que la ciencia del derecho la moldea como un concepto jurídico indeterminado, que consiste en el ejercicio de un derecho perteneciente a un sujeto (funcionario), quien, excediendo sus límites, genera un perjuicio a un tercero (victima).
El Lawfare y su defensa como tesis, entra en una guerra paradójica que se tergiversa en su concepción militar para lograr operativizar una alternativa a los medios militares tradicionales, siendo uno de sus exponentes, el Mayor General Charles Dunlap Jr. de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien define el Lawfare en un ensayo en el 2001 para el Harvard’s Carr Center, como “guerra jurídica” y “el uso de la ley como arma de guerra”, explicando la guerra jurídica como “la explotación de lo real, percibido, o incluso orquestando los incidentes de violaciones de las leyes de la guerra que se emplean como un medio no convencional de hacer frente a un poder militar superior”, todo en un contexto de acciones en contra de los Estados Unidos.
Este término había sido utilizado en 1975, por los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans, en un artículo con el nombre de Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity (‘Hacia dónde va la ley: humanidad o barbarie), publicado en The Way Out – Radical Alternatives in Australia (eds.) Smith, M. y Crossley, D., 1975. Melbourne: Lansdowne Press, en el cual se hace una disertación profunda de cuestionamientos sobre los sistemas de resolución de conflictos en el mundo durante varias décadas, exponiendo: “Así la técnica inquisitorial o inquisitiva se ha ido, el procedimiento contradictorio o acusatorio solo se aplica en nuestros tribunales. La búsqueda de la verdad es reemplazada por la clasificación de temas y el refinamiento del combate. El Lawfare reemplaza a la guerra y el duelo es con palabras en lugar de espadas. Pero ¿es eso suficiente?
China, es quien le da un matiz legal, cuando el presidente Jiang Zemin recomienda en 1996 que Pekín use la legislación internacional como un arma. Así, en 1999 dos coroneles del Ejército chino publican el libro Unrestricted Warfare (Guerra sin restricciones), que se utiliza junto con la guerra mediática, propaganda para traer una enorme presión pública contra una operación con un objetivo fijo. Ya en el 2003, el Comité Central del partido comunista chino y la Comisión Militar Central aprueban el concepto de legal warfare (falu zhan), “el uso de leyes internacionales y nacionales para obtener apoyo internacional y gestionar posibles repercusiones políticas de las acciones militares de China”.
Manipulación política para lograr la impunidad
El profesorWouter Werner de la Universidad de Ámsterdam, preocupado por las distintas acepciones atribuidos a la “guerra jurídica”, publicó en 2010 un ensayo denominado “El particular camino del Lawfare”, examinando la curiosa carrera del Lawfare: cómo surgió en el humanitarismo, reapareció más de dos décadas después en reflexiones sobre la guerra sin restricciones, cómo viajó desde el ejército estadounidense a los estudios legales críticos y cómo terminó en manos de quienes lo usan para desacreditar oponentes.
Son tan acertadas estas opiniones del profesor Werner, que en la actualidad ha comenzado una cacería de brujas, término que traemos metafóricamente para referirnos a la persecución que hacen los integrantes del Grupo Puebla, quienes arremeten con toda su fuerza y con los medios de comunicación social que disponen como arma; un arma diseñada al final por China como un virus letal del uso abusivo de la ley, que intenta influir en los sistemas judiciales, para perseguir de forma sesgada e independiente de la inocencia o culpabilidad real, a personalidades de la comunidad internacional, quienes han luchado para que sean castigados los delitos cometidos por personas que integran ese Grupo.
El Lawfare, es una desviación total del derecho, aprovechada, por quienes precisamente han abusado del derecho durante el ejercicio de los cargos públicos, intentado limpiar su imagen, después de que son reconocidos como los delincuentes del siglo XXI.
Este término del Lawfare, se pierde en su identidad, cuando son convocados desde sectores políticos, tal y como ha ocurrido en los casos de Rafael Correa en Ecuador, Lula Da Silva en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolas Maduro en Venezuela.
Están generando una matriz mediática de que luchan contra una guerra legal en su contra, cuando en realidad, hay elementos de pruebas contundentes recabados por órganos judiciales nacionales y por organismos multilaterales, de haber cometido violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y delitos corrupción transnacional, incluso en connivencia con sistemas judiciales construidos a su medida, para criminalizar la lucha cívica de los ciudadanos.
El Lawfare es en realidad una forma de alienación del derecho, que pretende ser utilizado por responsables de delitos graves, intentando confundir a la comunidad internacional con una avalancha de productos mecanizados en medios de comunicación social, generando una matriz de opinión de que libran una guerra jurídica, promoviendo la impunidad.
Los delitos están claramente contemplados en las leyes y códigos, y su castigo debe ser operatizado por sistemas judiciales independientes nacionales e internacionales.
Fuente: Diario las Américas
Se ha concebido el Lawfare como el uso de la ley en el contexto de un instrumento de la guerra no convencional, donde no se respetan los procedimientos judiciales, y mucho menos, los derechos de los individuos que tienden a ser eliminados. Estas prácticas se prevén con el fin de tener una apariencia de legalidad, combinando la fuerza de las leyes, los aparatos judiciales serviles y los medios de comunicación sesgados.
En la ciencia del derecho, un instrumento como el Lawfare se presenta como un medio de manipulación del sistema legal, que acusa, persigue, detiene y castiga, a personas por sus ideales, pensamientos o por que se requieren ser eliminados, llegando a presentarse acusaciones frívolas y tergiversadas en el ámbito legal con la ayuda de los medios de comunicación.
Este mecanismo perverso, es usado por grupos dominantes que tienen un espacio de poder ocasional; eligen sus adversarios y los atacan con funcionarios públicos, generalmente en una relación amorfa de jueces, fiscales y funcionarios administrativos, dentro de procesos e instrumentos de la represión usual de sistemas de justicia débiles, con condenatorias previas, limitando el ejercicio del derecho a la defensa, sin un proceso debido y con sentencias o resoluciones donde impera una libre discrecionalidad propia de la arbitrariedad.
El Lawfare es potenciado por medios de comunicación al servicio de los agentes agresores, llegando a producir una “pena del banquillo” como un estigma social, donde el acusado, aun siendo inocente, es expuesto ante la sociedad.
Una guerra dentro del Lawfare
Este término se dimensiona en la actualidad para justificar el abuso de derecho de funcionarios autorizados, concepción última, que la ciencia del derecho la moldea como un concepto jurídico indeterminado, que consiste en el ejercicio de un derecho perteneciente a un sujeto (funcionario), quien, excediendo sus límites, genera un perjuicio a un tercero (victima).
El Lawfare y su defensa como tesis, entra en una guerra paradójica que se tergiversa en su concepción militar para lograr operativizar una alternativa a los medios militares tradicionales, siendo uno de sus exponentes, el Mayor General Charles Dunlap Jr. de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, quien define el Lawfare en un ensayo en el 2001 para el Harvard’s Carr Center, como “guerra jurídica” y “el uso de la ley como arma de guerra”, explicando la guerra jurídica como “la explotación de lo real, percibido, o incluso orquestando los incidentes de violaciones de las leyes de la guerra que se emplean como un medio no convencional de hacer frente a un poder militar superior”, todo en un contexto de acciones en contra de los Estados Unidos.
Este término había sido utilizado en 1975, por los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans, en un artículo con el nombre de Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity (‘Hacia dónde va la ley: humanidad o barbarie), publicado en The Way Out – Radical Alternatives in Australia (eds.) Smith, M. y Crossley, D., 1975. Melbourne: Lansdowne Press, en el cual se hace una disertación profunda de cuestionamientos sobre los sistemas de resolución de conflictos en el mundo durante varias décadas, exponiendo: “Así la técnica inquisitorial o inquisitiva se ha ido, el procedimiento contradictorio o acusatorio solo se aplica en nuestros tribunales. La búsqueda de la verdad es reemplazada por la clasificación de temas y el refinamiento del combate. El Lawfare reemplaza a la guerra y el duelo es con palabras en lugar de espadas. Pero ¿es eso suficiente?
China, es quien le da un matiz legal, cuando el presidente Jiang Zemin recomienda en 1996 que Pekín use la legislación internacional como un arma. Así, en 1999 dos coroneles del Ejército chino publican el libro Unrestricted Warfare (Guerra sin restricciones), que se utiliza junto con la guerra mediática, propaganda para traer una enorme presión pública contra una operación con un objetivo fijo. Ya en el 2003, el Comité Central del partido comunista chino y la Comisión Militar Central aprueban el concepto de legal warfare (falu zhan), “el uso de leyes internacionales y nacionales para obtener apoyo internacional y gestionar posibles repercusiones políticas de las acciones militares de China”.
Manipulación política para lograr la impunidad
El profesorWouter Werner de la Universidad de Ámsterdam, preocupado por las distintas acepciones atribuidos a la “guerra jurídica”, publicó en 2010 un ensayo denominado “El particular camino del Lawfare”, examinando la curiosa carrera del Lawfare: cómo surgió en el humanitarismo, reapareció más de dos décadas después en reflexiones sobre la guerra sin restricciones, cómo viajó desde el ejército estadounidense a los estudios legales críticos y cómo terminó en manos de quienes lo usan para desacreditar oponentes.
Son tan acertadas estas opiniones del profesor Werner, que en la actualidad ha comenzado una cacería de brujas, término que traemos metafóricamente para referirnos a la persecución que hacen los integrantes del Grupo Puebla, quienes arremeten con toda su fuerza y con los medios de comunicación social que disponen como arma; un arma diseñada al final por China como un virus letal del uso abusivo de la ley, que intenta influir en los sistemas judiciales, para perseguir de forma sesgada e independiente de la inocencia o culpabilidad real, a personalidades de la comunidad internacional, quienes han luchado para que sean castigados los delitos cometidos por personas que integran ese Grupo.
El Lawfare, es una desviación total del derecho, aprovechada, por quienes precisamente han abusado del derecho durante el ejercicio de los cargos públicos, intentado limpiar su imagen, después de que son reconocidos como los delincuentes del siglo XXI.
Este término del Lawfare, se pierde en su identidad, cuando son convocados desde sectores políticos, tal y como ha ocurrido en los casos de Rafael Correa en Ecuador, Lula Da Silva en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolas Maduro en Venezuela.
Están generando una matriz mediática de que luchan contra una guerra legal en su contra, cuando en realidad, hay elementos de pruebas contundentes recabados por órganos judiciales nacionales y por organismos multilaterales, de haber cometido violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y delitos corrupción transnacional, incluso en connivencia con sistemas judiciales construidos a su medida, para criminalizar la lucha cívica de los ciudadanos.
El Lawfare es en realidad una forma de alienación del derecho, que pretende ser utilizado por responsables de delitos graves, intentando confundir a la comunidad internacional con una avalancha de productos mecanizados en medios de comunicación social, generando una matriz de opinión de que libran una guerra jurídica, promoviendo la impunidad.
Los delitos están claramente contemplados en las leyes y códigos, y su castigo debe ser operatizado por sistemas judiciales independientes nacionales e internacionales.
Fuente: Diario las Américas