Despejar el camino a la reelección es la meta de Daniel Ortega. Ahora busca esta ejecución con la reforma de la ley electoral que su bancada del Frente Sandinista aprobará en la Asamblea Nacional, con el objetivo de inhibir la participación de sus rivales en la contienda del próximo 7 de noviembre, donde se juega su quinto mandato en Nicaragua.
La iniciativa prohibirá la inscripción de los aspirantes considerados como “golpistas” por el régimen centroamericano por su participación en las protestas durante el estallido social de abril de 2018. Una crisis que registró 300 muertos como consecuencia de la represión gubernamental.
Con ese filtro político, el exguerrillero de 74 años se aleja de una jornada libre, transparente y creíble y levanta un “cerco de restricciones” que contradicen el derecho a la participación y de ser elegidos de la oposición, asegura la Organización de Estados Americanos (OEA) citada por La Gaceta.
La instancia había solicitado un marco electoral “justo y equitativo”, así como también había establecido una fecha límite para su implementación, la cual se fijó en el 30 de mayo de este año.
La petición quedará en papel porque siete de los diez precandidatos que han anunciado su postulación corren el riesgo de quedar fuera de las elecciones. Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, George Henríquez, Félix Maradiaga, y María Eugenia Alonso conforman la lista de los afectados.
Complicidad legislativa
La reforma del marco legal electoral no es lo único en el radar de Ortega para entronarse. También está prevista la sustitución de los diez magistrados en el Consejo Supremo Electoral (CSE), integrado por siete titulares y tres suplentes. Los nuevos funcionarios serán designados entre Ortega y sus diputados en un plazo de 15 días que vence el 29 de abril.
La suerte de ambos procesos –reforma electoral y elección de magistrados– está echada considerando que tiene a su favor 71 de los 92 votos dentro del parlamento.
Este respaldo también le permitirá dividir el voto opositor en las elecciones porque su instrumento jurídico prohibirá las alianzas entre los partidos y la recepción de financiamiento directo o indirecto del exterior a los candidatos que lo adversan.
“De ninguna índole, bajo ningún concepto y fin” se permitirá que puedan sumar apoyos económicos en la campaña y para asegurarse de esto aprobó la Ley de regulación de agentes extranjeros y la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz.
Jugada macabra
Abonó el camino según sus intereses con anticipación. Y determinó que la documentación de las contribuciones privadas directas a los partidos políticos será pública y quedará a disposición de la Contraloría General de la República.
Una disposición que contraría sus propias prácticas de censura y encubrimiento de información gubernamental, entre ella, la multiplicación de la deuda externa del país que pasó de 3400 millones de dólares a 12 000 millones de dólares bajo su administración.
Y si las urnas no están a su favor significa que entregará un país más endeudado en enero de 2022 a pesar de haberlo recibido hace 14 años con estados financieros saneados.
Un adefesio
El protocolo de Ortega «suspende la observación internacional, apunta a inhibir candidatos, a controlar los votos y volver a imponerse por encima de la voluntad popular” asegura la aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro.
Para ella, «son más mecanismos dictatoriales para que el pueblo unido no pueda ir a votar» que convierten a las reformas en un “adefesio”. En su cuenta de Twitter sostiene que Ortega “hace malos cálculos políticos al creer que podrá burlarse del pueblo con su payasada de reformas”.
Fuente: PanamPost