Ahora en Caracas hay que hacer colas hasta para enterrar a los seres queridos que mueren víctimas de COVID-19 y la falta de atención estatal. «Quienes llegan con sus muertos al cementerio del Este de Caracas deben esperar que pasen hasta 130 entierros o más para poder darle sepultura a los suyos que, como la mayoría de los fallecidos en fila, han muerto de COVID-19”, relata a DW una doliente que no quiere ver su nombre en la prensa, porque, según ella, «no quiere ser perseguida por las autoridades por el mero hecho de decir que su padre murió por el contagio con el coronavirus”. Ese mismo 18 de abril en la noche, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, habló de solo «17 muertes por complicaciones de salud relacionadas con el virus SARS-COV-2”.
Este es solo un ejemplo de la alta vulnerabilidad en que se encuentran los venezolanos de a pie, que no pueden confiar en muchas de las cifras oficiales ni en los planes de vacunación del gobierno.
Justo en los últimos días, miembros del personal médico y ciudadanos han salido a las calles a pedirle al Gobierno de Nicolás Maduro por lo menos «transparencia” en la administración de las vacunas. El problema es tan grave que la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) dijo que «la llegada de vacunas no puede supeditarse a negociaciones, ni conveniencias e intereses políticos. Es la vida de millones de venezolanos lo que está en juego”, como lo reseña vaticannews. En resumen, la mayor autoridad eclesiástica en Venezuela le pide «no discriminar entre chavistas y no chavistas”.
La manipulación como principal estrategia
«Tras un año del inicio de la pandemia, en Venezuela no tenemos aún un conocimiento real de su evolución. La estrategia gubernamental ha sido la de manipular las cifras por la vía del subregistro. Las cifras oficiales no corresponden a la realidad, según estimaciones de organizaciones nacionales e internacionales”, dice a DW Carlos Walter, exministro de Salud de Venezuela y presidente del Centro de Estudios de Desarrollo. Al profesor Walter le preocupa que «el sistema de salud en Venezuela está desbordado, y no solo el público sino también el privado”.
Según la OMS, hasta el 19 de abril de 2021, Venezuela, un país con unos 30 millones de habitantes, ha reportado 181.903 contagios y 1.888 muertes. El médico Carlos Walter, también miembro de la Alianza Venezolana por la Salud, indica que «si solo se atienden los casos más graves es evidente que el total de casos en Venezuela sería hasta 8 veces mayor de lo que reconocen las cifras oficiales, porque el Gobierno ni siquiera dice cuántas pruebas hace diariamente”.
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución de Venezuela (PCDC) y el Grupo Pensamiento Crítico (GPC) hacen un llamado público al Gobierno. «Exigimos transparencia en la información epidemiológica y la publicación de boletines, en particular los relacionados con la pandemia”, resume su petición a DW Oscar Feo Istúriz, uno de los firmantes, exconsultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y especialista en Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela. Feo indica que para comprender la situación de Venezuela en la pandemia «hay que tener en cuenta que el país está sometido a sanciones que dificultan la vida política y ciudadana”. Sea como sea, «en el manejo de las vacunas, este Gobierno ha sido tremendamente irresponsable e ignorante”, critica Feo. ¿Por qué? «Ha habido una total falta de previsión”, aduce el analista, y agrega que nadie conoce la verdad: «El presidente (Nicolás Maduro) dijo haber pagado a los rusos 200 millones de dólares por 10 millones de vacunas, pero solo han llegado 300 mil”.
Cuando quienes violan las leyes son los de arriba
En efecto, el Ministerio de Salud de Venezuela no brinda ninguna información sobre el Plan de Vacunación, por lo que el problema número uno para el médico Oscar Feo es la «opacidad” del Gobierno venezolano.
Los propios miembros del régimen violan las medidas antipandemia. Una patrulla de Policía que en Caracas fue llamada el 9 de abril a disolver una fiesta ilegal organizada por la hija de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, es ahora perseguida. Este 16 de abril, la Justicia mandó a la cárcel de contrainteligencia al joven policía Gresmar Adrian Ñañez Casal. Otra víctima, no de la pandemia, sino de la arbitrariedad con la que se está manejando en Venezuela.
Fuente: DW