Más de 90 ONG han unido sus voces para cargar contra el «autoritarismo» de Nicolás Maduro en Venezuela y reclamar el fin de la «represión» de la sociedad civil, ya que denuncian que los ataques «se vuelven cada vez más comunes» y temen que la situación se recrudezca con la nueva ley de registro para organizaciones.
La ley introduce un concepto de «beneficiarios» que abre la puerta a tener que revelar las identidades de víctimas y comunidades, «un claro esfuerzo para monitorear y limitar el trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil» en opinión de las ONG firmantes, entre ellas Human Rights Watch y otros movimientos principalmente de América Latina.
«Esta normativa es la más reciente de una serie de acciones implementadas para restringir e intimidar a organizaciones de la sociedad civil, especialmente dirigida a aquellas que reciben apoyo de donantes internacionales», critican, en alusión a una batería de medidas que pretenden «potencialmente criminalizar» la ayuda.
A este temor se suma una propuesta por parte de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo de una ‘Ley de Cooperación Internacional’, toda vez que anticipan «aún más restricciones» a la hora de acceder a fondos procedentes del extranjero, tal como ya ocurrió con otra norma planteada en 2015.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció en febrero «al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los Derechos Humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición» desde septiembre de 2020.
Las organizaciones firmantes de la carta han pedido por una parte a las autoridades venezolanas que «cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y cesen inmediatamente la represión y el acoso contra la sociedad civil independiente» y, por otra, se han dirigido a la comunidad internacional para que «apoye activamente a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de Derechos Humanos, trabajadores humanitarios, y otros activistas en Venezuela, para asegurar que su persecución constante no se enfrente a la indiferencia».
«Venezuela necesita urgentemente una solución pacífica y democrática a la crisis política, humanitaria, y de Derechos Humanos que enfrenta. Tal solución no será posible sin una sociedad civil independiente y activa para promoverla», precisan.
Fuente: Diario las Américas
A este temor se suma una propuesta por parte de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo de una ‘Ley de Cooperación Internacional’, toda vez que anticipan «aún más restricciones» a la hora de acceder a fondos procedentes del extranjero, tal como ya ocurrió con otra norma planteada en 2015.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció en febrero «al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los Derechos Humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición» desde septiembre de 2020.
Las organizaciones firmantes de la carta han pedido por una parte a las autoridades venezolanas que «cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y cesen inmediatamente la represión y el acoso contra la sociedad civil independiente» y, por otra, se han dirigido a la comunidad internacional para que «apoye activamente a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de Derechos Humanos, trabajadores humanitarios, y otros activistas en Venezuela, para asegurar que su persecución constante no se enfrente a la indiferencia».
«Venezuela necesita urgentemente una solución pacífica y democrática a la crisis política, humanitaria, y de Derechos Humanos que enfrenta. Tal solución no será posible sin una sociedad civil independiente y activa para promoverla», precisan.
Fuente: Diario las Américas