También elimina el concepto de observador electoral y lo sustituye por el de «acompañante», que los opositores consideran limitado.
Los aspirantes consideraron que el nuevo proyecto refleja «la falta de voluntad política» del régimen de Ortega para restablecer la confianza en el sistema electoral y «pone en evidencia las maniobras y la manipulación» en un proceso que debe ser transparente, libre e imparcial, como ha demandado la comunidad internacional.
Ortega, en el poder desde 2007, ya tiene vigentes normas que prohíben optar a cargos de elección popular a quienes demanden sanciones contra el país, así como otra que obliga a organizaciones civiles a declarar los aportes que reciben del exterior, bajo riesgo de cierre.
Los suscriptores son aspirantes a la presidencia de distintas tendencias políticas, entre ellos la periodista Cristiana Chamorro -hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro- y el exdiplomático Arturo Cruz, ambos independientes; y Medardo Mairena, del Movimiento Campesino, Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica.
Se trata de uno de los primeros actos de consenso de la oposición en años, pues no han logrado acuerdos en torno a la unidad para enfrentar al dictador Ortega, quien según sus rivales buscaría la cuarta reelección consecutiva.
Los opositores han expresado su intención de ir con un candidato único, que definirían mediante elecciones primarias. «Este pronunciamiento conjunto demuestra que en este momento los aspectos que nos unen son más importantes que nuestras diferencias», declaró Félix Maradiaga, de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), que aglutina a organizaciones del sandinismo y de la izquierda.
Los comicios generales del 7 de noviembre se preparan en medio de un ambiente crispado, en el contexto de una crisis política, detonada por las masivas protestas de 2018 que pedían la salida del gobernante. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente: Diario las Américas