Desde el comienzo de la cuarentena que Formosa está en las noticias nacionales. El año pasado fue por la impúdica e innecesaria visita de Alberto Fernández, donde se besó y abrazó sin barbijo en reiteradas oportunidades frente a las cámaras con el casi vitalicio gobernador Gildo Insfrán (en el cargo desde 1995). Luego por las grabaciones que llegaron desde los centros de detención, donde se mantenía en contra de su voluntad a infectados y sospechados de COVID-19. Más tarde por la negación al ingreso de periodistas de otras provincias, lo que motivó un dictamen de la justicia. En esta oportunidad, la detención arbitraria e injustificada de un médico, que dejó en evidencia que el feudo peronista tiene demasiados condimentos de dictadura.
Vicente Antonio Palacio es médico. Tiene 62 años y más de treinta de profesión al servicio del pueblo formoseño, que muchas veces se sirvió de sus servicios de forma gratuita. El pasado 8 de agosto se dirigía en su camioneta Ford Ranger a visitar a una mujer que había conocido en un centro de ancianos de un pequeño pueblo de la provincia. Como en tantas oportunidades el médico hizo, iba a atenderla sin cargo, ya que ella no contaba con los recursos para abonar la consulta.
El viaje, en el que iba acompañado por su mujer Carmen (que también lo asiste profesionalmente) comenzó alrededor de las nueve y media de la mañana. Llegando a las diez fue detenido por un control policial. Los oficiales le labraron un acta, ya que Palacio no llevaba puesto el barbijo, a pesar de estar dentro de su propio auto. Es que la delirante y autoritaria gestión de Insfrán, de la mano de sus legisladores adictos, había modificado dos artículos del código de faltas de la provincia, donde la actitud del médico y conductor podría ser considerada “ilegal”.
“Será sancionado con arresto de cinco a treinta días, redimible por multa, quien no observare una disposición legalmente establecida por la autoridad en materia de salud o higiene pública”, indica el artículo 145. El 146 dice que “el infractor en un contexto de emergencia sanitaria será sancionado con arresto de diez a sesenta días, redimible por multa, si la infracción es cometida con la concurrencia de tres o más personas, la sanción de arresto no podrá ser inferior a quince días”. Aunque el médico protestó y aseguró que su conducta no revestía ningún riesgo, el acta se labró igual.
El Estado provincial, que se convirtió en dictadura para evitar dejar en evidencia que nunca invirtió en la estructura de salud necesaria, decidió ir hasta las últimas cuentas con el irrisorio expediente contravencional. La jueza Venacina Servín, que nunca se inmutó por todas las violaciones a las libertadas registradas en su provincia, dictaminó que el médico deberá pasar diez días detenido en una comisaría de Formosa. Es que el médico se mantuvo firme en su posición y se negó a pagar la multa para no alimentar a “un Estado corrupto”.
Por estas horas se encuentra preso y en huelga de hambre. Recién recuperará la libertad a fin de mes, si es que nada sucede antes. Sus allegados aseguran que la insólita severidad de la contravención tiene un trasfondo político, ya que el médico es crítico del indefendible feudo peronista del amigo de Alberto.
Fuente: PanamPost