El gobierno británico sancionó por presunta corrupción a un importante asesor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y tesorero del izquierdista partido Frente Sandinista, en el poder desde 2007, se informó el lunes en Londres.
Un documento del gobierno británico incluyó a Francisco López, exgerente de la petrolera nacional Petronic y exvicepresidente del consorcio estatal nicaragüense-venezolano Albanisa, en una lista de 22 funcionarios extranjeros implicados en casos de corrupción.
Como vicepresidente de la compañía Albanisa, López “estuvo implicado en graves casos de corrupción y apropiación indebida”, en los que “se desviaron fondos públicos a empresas ficticias o proyectos inflados”, señaló el informe oficial. El documento acusó al asesor de Ortega de “privar al Estado de Nicaragua y sus ciudadanos de recursos vitales para el desarrollo” del país centroamericano.
Las sanciones incluyen la congelación de activos en bancos británicos y el veto de entrada en el Reino Unido, en el marco de un nuevo régimen de medidas para penalizar la corrupción internacional, que fue anunciado por el ministro del Exterior británico, Dominic Raab.
Junto a López fueron sancionados otros 22 individuos de distintos países, entre ellos el diputado hondureño Óscar Ramón Nájera y el legislador guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana, señalados de participar en sobornos y otros ilícitos.
“Los individuos que sancionamos hoy han estado involucrados en algunos de los casos de corrupción más notorios en todo el mundo. El Reino Unido como fuerza global defiende la democracia, el buen gobierno y el Estado de Derecho. Les estamos diciendo a los involucrados en casos de corrupción grave: no los toleraremos a ustedes ni a su dinero sucio en nuestro país”, afirmó el canciller Raab.
Francisco López es el séptimo funcionario de Ortega sancionado por el Reino Unido en el contexto de la crisis que aqueja a Nicaragua desde 2018, cuando se produjo una revuelta social contra el régimen sandinista. Ese mismo año, Estados Unidos sancionó a López tras vincularlo con actos de corrupción en el manejo discrecional de la cooperación venezolana en Nicaragua, a través de Albanisa, utilizando “su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno”.
Las sanciones obligaron al funcionario a renunciar a sus cargos en Albanisa y en Petronic. En 2019, para mantenerlo en su entorno íntimo de trabajo, Ortega lo nombró ministro asesor presidencial.
Al menos 22 altos funcionarios y allegados a Ortega, incluyendo a tres de sus hijos y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han sido sancionados desde fines de 2017 por Estados Unidos y países europeos por presunta corrupción y violación de derechos humanos.
Fuente: Diario las Américas
Las sanciones incluyen la congelación de activos en bancos británicos y el veto de entrada en el Reino Unido, en el marco de un nuevo régimen de medidas para penalizar la corrupción internacional, que fue anunciado por el ministro del Exterior británico, Dominic Raab.
Junto a López fueron sancionados otros 22 individuos de distintos países, entre ellos el diputado hondureño Óscar Ramón Nájera y el legislador guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana, señalados de participar en sobornos y otros ilícitos.
“Los individuos que sancionamos hoy han estado involucrados en algunos de los casos de corrupción más notorios en todo el mundo. El Reino Unido como fuerza global defiende la democracia, el buen gobierno y el Estado de Derecho. Les estamos diciendo a los involucrados en casos de corrupción grave: no los toleraremos a ustedes ni a su dinero sucio en nuestro país”, afirmó el canciller Raab.
Francisco López es el séptimo funcionario de Ortega sancionado por el Reino Unido en el contexto de la crisis que aqueja a Nicaragua desde 2018, cuando se produjo una revuelta social contra el régimen sandinista. Ese mismo año, Estados Unidos sancionó a López tras vincularlo con actos de corrupción en el manejo discrecional de la cooperación venezolana en Nicaragua, a través de Albanisa, utilizando “su posición en beneficio propio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno”.
Las sanciones obligaron al funcionario a renunciar a sus cargos en Albanisa y en Petronic. En 2019, para mantenerlo en su entorno íntimo de trabajo, Ortega lo nombró ministro asesor presidencial.
Al menos 22 altos funcionarios y allegados a Ortega, incluyendo a tres de sus hijos y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, han sido sancionados desde fines de 2017 por Estados Unidos y países europeos por presunta corrupción y violación de derechos humanos.
Fuente: Diario las Américas