La oposición boliviana ha esperado con expectativa y después ha celebrado el resultado de la deliberación del Parlamento Europeo sobre la situación de derechos humanos en el país andino tras la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros, en marzo de este año, acusados de participar en un golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales en noviembre de 2019. El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución común en la que se considera a Áñez y sus excolaboradores “presos políticos” y se “denuncia y condena su detención arbitraria e ilegal”. La resolución pide a las autoridades bolivianas que los “liberen inmediatamente y retiren los cargos por motivos políticos contra ellos”. También pide “un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas”, e insta a las autoridades a que “presten toda la asistencia médica necesaria para garantizar su bienestar”.
El oficialismo boliviano se había anticipado al mensaje europeo. La Cámara de Diputados, controlada por el Movimiento al Socialismo (MAS), aprobó este miércoles una declaración de rechazo a la injerencia de los organismos internacionales en asuntos bolivianos. Al mismo tiempo, Evo Morales tuiteó: “Rechazamos la iniciativa intervencionista impulsada por la extrema derecha en el Parlamento Europeo que promueve la impunidad frente a las muertes y las graves violaciones de derechos humanos durante el golpe. Bolivia es un pueblo libre que ejerce su soberanía con dignidad e identidad”. Además, un cercano colaborador del expresidente arremetió contra la delegación de la Unión Europea en Bolivia en 2019. Según el MAS, esta contribuyó al derrocamiento de Morales y a la consolidación del gabinete de Áñez, al que ofreció apoyo financiero y el rápido reconocimiento de los países europeos.
Desde el otro lado, Carolina Ribera, la hija de Áñez, ha agradecido la postura del Parlamento Europeo. “Esta es una prueba más de que el Gobierno de mi madre fue respaldado y continúa siendo respaldado por la comunidad internacional. Esperamos que el Gobierno nacional tome esta resolución con el respeto que merece (…) y no intenten silenciarlo con ataques sin sentido”, ha declarado a la prensa local.
En sus consideraciones previas, el documento, que fue aprobado con 396 votos a favor, 267 votos en contra y 28 abstenciones, plantea que en Bolivia no se cumple la separación de poderes y que la justicia nacional actúa muchas veces por razones políticas. También interviene en una discusión muy álgida en Bolivia, al afirmar que Áñez sucedió a Morales de acuerdo con la Constitución. Según esto, no habría habido un golpe de Estado, tal como alega el oficialismo boliviano.
El 12 de marzo pasado la Fiscalía incorporó a Jeanine Áñez y sus más cercanos colaboradores a un proceso judicial por el supuesto golpe de Estado de 2019. Este proceso no juzga los actos represivos ordenados por Áñez, como sugiere el tuit de Evo Morales. La expresidenta y quienes fueron sus ministros han sido acusados de terrorismo, sedición y conspiración por lo que supuestamente hicieron antes de la renuncia de Morales el 10 de noviembre de ese año. Por eso los fiscales pudieron detener a Áñez, porque si la acusación se refiriera a hechos sucedidos dentro de su periodo como gobernante, habría tenido que ser juzgada por el Parlamento. La defensa argumenta que ni ella ni los demás acusados participaron en las protestas ni en las negociaciones políticas que antecedieron y sucedieron a la dimisión de Morales. Al mismo tiempo, se ha hecho notar que, en cambio, los líderes efectivos de estas protestas no están siendo investigados.
Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional han calificado el procesamiento de Áñez como político, algo que se recuerda en la resolución del Parlamento Europeo. Esta resolución repite la crítica de los citados organismos de derechos humanos sobre la amplitud y ambigüedad del cargo de “terrorismo” en Bolivia y otros países similares.
Simultáneamente a este proceso, el Gobierno boliviano ha presentado tres acusaciones a la Asamblea Legislativa en contra de Áñez y miembros de su gabinete. La más grave de ellas la responsabiliza por el asesinato de más de 30 personas en la represión de las protestas en contra de su Gobierno en las localidades de Sacaba y Senkata. Sin embargo, es improbable que estas acusaciones prosperen porque el MAS no cuenta con los dos tercios de votos que se requieren para enjuiciar a un exmandatario.