El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) hizo público el informe de monitoreo de manifestaciones públicas de protestas en Cuba durante el mes de abril de 2021.
Por primera vez las manifestaciones públicas de protesta sobrepasaron dos centenares: 203. Eso equivale a que ocurrieron 6 protestas diarias en comparación con las 5 que se habían promediado el pasado mes de marzo. En septiembre del año pasado –en que solo hubo 42 protestas– se promediaba una diaria. Desde noviembre, en que se inició la escalada en la confrontación con el Movimiento San Isidro y el 27N, se han producido 915 protestas en toda Cuba.
Pese a la ola de represión, la militarización del país, los toques de queda por Covid, los arrestos domiciliarios de muchos activistas y las extremas medidas de seguridad por la celebración del 8vo congreso del PCC, continuaron creciendo las protestas públicas en el mes de abril, señala el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) en su última evaluación mensual. El régimen nunca ha tolerado la disidencia, pero es evidente que es incapaz de extinguirla. La insumisión crece.
El “Conflictómetro” del Observatorio precisa que en el mes de abril se recrudeció el estado de sitio en el país contra los disidentes. Por una parte se intensificaron las agresiones físicas con actos de repudio, golpizas, arrestos arbitrarios, prisión domiciliaria y amenazas de muerte. Por otro lado, se les agredió con cortes de las comunicaciones, destrucción de sus celulares, asesinatos de reputación en medios de comunicación masiva, vigilancia ilegal en la puerta de sus domicilios y amenazas contra los hijos.
El 57% (117) de las protestas en abril fueron en rechazo a la represión y abuso policial. Ese dato confirma que la represión lejos de neutralizar las protestas las multiplica.
Pese a toda esa presión, el mes de abril cerró con la multiplicación de manifestaciones. Muchas de ellas en apoyo a la huelga de hambre y sed de Luis Manuel Otero Alcántara en demanda de sus derechos como ciudadano y artista, siendo la más significativa la del 30 de abril en la calle Obispo de La Habana.
Al cierre de este informe, el líder del Movimiento San Isidro –según información oficial del gobierno– había sido trasladado en horas de la madrugada, después de una semana sin comer ni beber, al Hospital Calixto García, donde lo mantienen incomunicado. Sin embargo, no hay fe de vida del activista ni testigos que lo hayan visto entrar a ese hospital. Las “evidencias” que el gobierno ha presentado (un video atemporal y un certificado médico que no emplea lenguaje profesional ni lleva firma de ningún galeno) han disparado aún más las alarmas y denuncias. A todos los efectos, hasta el momento de publicarse este informe, puede considerarse que Luis Manuel ha sido secuestrado.
Mientras tanto, las protestas en abril por motivos económicos y sociales (47, para un 23 %) estuvieron vinculadas a la imposición abusiva de multas, la falta de medicamentos y viviendas, el encarecimiento de la vida por la unificación monetaria y la expansión de la pandemia del Covid-19.
La situación de la pandemia ha empeorado agravando la crisis socio-económica del país.. Este empeoramiento estuvo aparejado a la negativa del gobierno a adquirir vacunas a precios asequibles mediante el mecanismo COVAX de la OMS, y su empecinamiento en desarrollar vacunas autóctonas, lo que, aun si las logran producir, ha dilatado el comienzo de un plan de inmunización en la isla. Activistas y personal de salud han distribuido volantes en farmacias y hospitales con la leyenda “¿Dónde está mi vacuna?”
Frente a ese paisaje desgarrador, señala el “conflictómetro” de abril, el 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba reflejó la desconexión de esa organización y sus líderes respecto a la realidad. La hambruna creciente, el colapso de los sistemas de salud y educación, la quiebra de la infraestructura –temas trascendentales para el ciudadano de a pie– fueron pasados por alto en favor de las manidas condenas al imperialismo y llamados a la guerra ideológica.
Mientras tanto, crece el número de trabajadores y vecinos que se niegan a colaborar con la represión, jueces que rechazan condenar por “desacato” o admiten habeas corpus para opositores y profesores que rehúsan participar en actos de repudio. Esos hechos, entre otros, reflejan la quiebra creciente del control ideológico y de ciertos componentes del aparato represivo estatal.
La situación ─concluye el informe de abril del Observatorio Cubano de Conflictos─ es mucho más grave e incierta que la del llamado “período especial” de los años 90. Esta vez no es solo una crisis económica sino también ideológica y política. En ese nuevo contexto, cualquier incidente menor puede llegar a generar una cadena incontrolable de sucesos que conduzcan al colapso del régimen.