El Caucus por la Democracia en Venezuela del Congreso de Estados Unidos emitió un comunicado en el que advirtió que con la designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) el régimen de Nicolás Maduro lo único que pretende es aferrarse al poder.
La congresista demócrata, Debbie Wasserman Schultz, y el republicano, Mario Díaz-Balart, copresidentes del Caucus, señalaron en conjunto que el régimen de Maduro está intentando aferrarse al poder con una institución ilegítima de su propia creación.
“El Consejo Nacional Electoral ampliamente rechazado, está lleno de compinches de Maduro elegidos para sellar futuras tomas de poder y corromper aún más las instituciones que alguna vez fueron democráticas en Venezuela”, indicaron.
De igual forma, los políticos estadounidenses urgieron que “Venezuela debe tener elecciones libres, justas, transparentes y multipartidistas”.
La Asamblea Nacional, afín al dictador Nicolás Maduro, nombró el martes la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de varias semanas de negociaciones tras bastidores entre representantes del régimen venezolanos y adversarios moderados.
Como miembros dela nueva directiva del CNE figuran dos reconocidos opositores, incluido un activista que estuvo preso acusado de participar en supuestas acciones para desestabilizar el régimen socialista. Una concesión que sería parte de una serie de medidas recientemente adoptadas por el régimen de Maduro que apuntan a mejorar las relaciones con la administración del mandatario estadounidense Joe Biden.
La oposición de Venezuela lucha por recuperar su relevancia a medida que Maduro ha reforzado su control del poder en medio de las sanciones de Estados Unidos y millones de venezolanos han huido del país devastado por la crisis, renunciando a la lucha para poner fin a dos décadas de régimen socialista.
Sin embargo, en el nuevo CNE predominan los cercanos al régimen. Como nuevos directores del CNE para los próximos siete años fueron nombrados Alexis Corredor Pérez y Pedro Calzadilla, ambos profesores universitarios y ex funcionarios del régimen socialista; a Tania D’Amelio, actual miembro del Poder Electoral, los opositores Roberto Rincón y Enrique Márquez.
Los dos representantes de la oposición aportan una amplia experiencia política y conocimiento de la maquinaria electoral de Venezuela. El exlegislador Márquez fue vicepresidente de la Asamblea Nacional por consenso luego que la oposición tomó el control del Legislativo tras ganar por abrumadora mayoría los comicios en 2015.
Se le unirá Rincón, el estratega de toda la vida e ingeniero de sistemas informáticos que fue encarcelado entre junio y diciembre de 2017 por organizar una votación simbólica y paralela cuando la oposición boicoteó el referendo de Maduro para nombrar una Asamblea Constituyente. Fue liberado por recomendación de la llamada comisión de la verdad de la Constituyente.
De los tres representantes vinculados al régimen, el historiador Calzadilla se desempeñó brevemente como ministro de Educación Superior al comienzo del primer mandato de Maduro en 2013 y como ministro de Cultura de su predecesor Hugo Chávez. El profesor universitario Corredor Pérez, por su parte, fue vicepresidente de la comisión de derechos humanos de la oficialista Asamblea Constituyente.
D’Amelio fue sancionada el 9 de agosto de 2017 por el Departamento del Tesoro estadounidense y en febrero de 2021 la Unión Europea la incluyó entre los 19 funcionarios sancionados por su relación con el régimen de Maduro, acusada de “contribuir a socavar el estado de derecho en Venezuela en sus funciones al participar en la ejecución de las elecciones presidenciales de 2018 y en el cambio a las normas electorales para las elecciones legislativas de diciembre».
Fuente: Diario las Américas
De igual forma, los políticos estadounidenses urgieron que “Venezuela debe tener elecciones libres, justas, transparentes y multipartidistas”.
La Asamblea Nacional, afín al dictador Nicolás Maduro, nombró el martes la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de varias semanas de negociaciones tras bastidores entre representantes del régimen venezolanos y adversarios moderados.
Como miembros dela nueva directiva del CNE figuran dos reconocidos opositores, incluido un activista que estuvo preso acusado de participar en supuestas acciones para desestabilizar el régimen socialista. Una concesión que sería parte de una serie de medidas recientemente adoptadas por el régimen de Maduro que apuntan a mejorar las relaciones con la administración del mandatario estadounidense Joe Biden.
La oposición de Venezuela lucha por recuperar su relevancia a medida que Maduro ha reforzado su control del poder en medio de las sanciones de Estados Unidos y millones de venezolanos han huido del país devastado por la crisis, renunciando a la lucha para poner fin a dos décadas de régimen socialista.
Sin embargo, en el nuevo CNE predominan los cercanos al régimen. Como nuevos directores del CNE para los próximos siete años fueron nombrados Alexis Corredor Pérez y Pedro Calzadilla, ambos profesores universitarios y ex funcionarios del régimen socialista; a Tania D’Amelio, actual miembro del Poder Electoral, los opositores Roberto Rincón y Enrique Márquez.
Los dos representantes de la oposición aportan una amplia experiencia política y conocimiento de la maquinaria electoral de Venezuela. El exlegislador Márquez fue vicepresidente de la Asamblea Nacional por consenso luego que la oposición tomó el control del Legislativo tras ganar por abrumadora mayoría los comicios en 2015.
Se le unirá Rincón, el estratega de toda la vida e ingeniero de sistemas informáticos que fue encarcelado entre junio y diciembre de 2017 por organizar una votación simbólica y paralela cuando la oposición boicoteó el referendo de Maduro para nombrar una Asamblea Constituyente. Fue liberado por recomendación de la llamada comisión de la verdad de la Constituyente.
De los tres representantes vinculados al régimen, el historiador Calzadilla se desempeñó brevemente como ministro de Educación Superior al comienzo del primer mandato de Maduro en 2013 y como ministro de Cultura de su predecesor Hugo Chávez. El profesor universitario Corredor Pérez, por su parte, fue vicepresidente de la comisión de derechos humanos de la oficialista Asamblea Constituyente.
D’Amelio fue sancionada el 9 de agosto de 2017 por el Departamento del Tesoro estadounidense y en febrero de 2021 la Unión Europea la incluyó entre los 19 funcionarios sancionados por su relación con el régimen de Maduro, acusada de “contribuir a socavar el estado de derecho en Venezuela en sus funciones al participar en la ejecución de las elecciones presidenciales de 2018 y en el cambio a las normas electorales para las elecciones legislativas de diciembre».
Fuente: Diario las Américas